Un tercer militar paraguayo implicado presuntamente en el robo de piezas de fusiles y de explosivos de alto poder se entregó hoy a la Fiscalía para ser investigado junto a otros dos agentes arrestados por el mismo hecho el lunes pasado.
Se trata del sargento Raúl Cardozo, quien estaba prófugo luego de que la policía detuviera al sargento ayudante Diego Marcial Aquino, de la Primera División de la Caballería, y al sargento primero Silvino Almada, de la Dirección de Material Bélico (DIMABEL).
De acuerdo a fuentes policiales, Cardozo habría transportado en su vehículo las 267 barras de explosivos plásticos conocidos como C-4 y 25 piezas de fusiles M1 que fueron incautados durante un procedimiento realizado cerca de la sede de la DIMABEL, en Piribebuy, a unos 70 kilómetros al sureste de Asunción.
La incautación se produjo luego de que los agentes simularon en una operación encubierta ser traficantes y ofrecieron a los militares 150.000 dólares por el cargamento.
El comandante de las Fuerzas Militares, el contraalmirante Cíbar Benítez, confirmó que las piezas de los fusiles decomisados formaban parte de un lote de armas en desuso de la DIMABEL.
Con relación a los explosivos, Benítez señaló que corroboraron que no fueron importados por esa dependencia castrense, que también se encarga de otorgar las licencias a las empresas que adquieren el C-4 para demolición en obras de ingeniería.
La operación encubierta del lunes pasado se llevó a cabo en prosecución a la investigación iniciada luego del ataque perpetrado la noche del 31 de diciembre pasado por un grupo armado del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) contra un puesto militar en una región rural.
El puesto de Tacuatí, en el límite de los departamento de San Pedro y Concepción, centro-norte del país, fue quemado después de que el grupo neutralizara a uno de los militares que lo custodiaban y los atacantes se llevaron dos ametralladoras, dos cargadores con 90 proyectiles, uniformes y chalecos a prueba de balas.
En torno a ese hecho, el Gobierno anunció ayer la creación de una comisión de seguridad para investigar el asunto que estará integrada por funcionarios del organismo a su cargo, por representantes del Ministerio de Defensa, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y la Prefectura Naval.
