El debate público que se iba a celebrar hoy entre representantes del Partido Nacionalista Peruano (PNP) y simpatizantes del grupo terrorista Sendero Luminoso se frustró ante la negativa de las autoridades de la Universidad de San Marcos de autorizar el uso de sus instalaciones.
El debate había sido planteado por Carlos Tapia, uno de los portavoces del PNP (aunque asistía a título personal) y ex integrante de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), después de que la semana pasada se desatara una polémica por una manifestación de simpatizantes senderistas en San Marcos, la universidad más antigua de América.
Esa manifestación fue realizada por unos 30 miembros del "Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales", que propugna que el Gobierno libere tanto a los miembros de Sendero Luminoso como a los policías y militares encarcelados por atropellos en su labor antiterrorista.
En medio de las críticas a las autoridades universitarias y gubernamentales por haber permitido el acto, Tapia retó a un "debate ideológico" a los abogados Manuel Fajardo y Alfredo Crespo, defensores del encarcelado fundador y líder senderista, Abimael Guzmán, y líderes del Movimiento por la Amnistía.
Aunque las autoridades sanmarquinas comunicaron ayer su negativa a autorizar el encuentro, tanto Tapia como Fajardo llegaron hoy hasta la sede de la universidad capitalina, acompañados de intelectuales afines, pero luego comunicaron que el debate había sido postergado para una fecha aún no determinada.
Mientras los periodistas seguían con atención el posible encuentro, el rector de San Marcos, Luis Izquierdo, se presentó ante la Comisión de Educación del Congreso para explicar las acciones que ha tomado ante la marcha pro senderista.
"No me he cruzado de brazos; apenas tuve conocimiento de la marcha, el martes 15 de junio nombré a una comisión investigadora e incluso llamé a la Dircote (Policía antiterrorista), con quienes me reuní junto al propio ministro del Interior, Octavio Salazar", aseguró.
Izquierdo dijo que autorizó a la Policía para que realice una inspección al centro de informática y a la residencia universitaria de San Marcos y que también presentó una denuncia ante la Fiscalía por el delito de apología del terrorismo.
"Mi gestión siempre ha rechazado todo acto de violencia", enfatizó para luego asegurar que no se justifica una intervención del Gobierno en la universidad, tal como advirtió el presidente Alan García en caso que se repita una manifestación similar.
El caso, que ha centrado las informaciones periodísticas durante la última semana, llevó al Gobierno peruano a proponer ayer una serie de cambios legislativos para evitar que agrupaciones terroristas se infiltren en las universidades o se inscriban como partidos políticos.
