La Comisión de Hacienda del Senado uruguayo acordó hoy, con votos del oficialismo y parte de la oposición, un proyecto de reforma tributaria que entre otras cosas flexibilizará el levantamiento del secreto bancario en el país.
Esta iniciativa, que también plantea cobrar impuestos a la renta a las cuentas de extranjeros residentes en Uruguay, ahora tendrá que ser votada en pleno por ambas cámaras del Parlamento uruguayo y se espera que pueda entrar en vigor el 1 de enero de 2011, confirmó a Efe el senador del oficialista Frente Amplio (FA) Rafael Michelini.
El legislador afirmó que el levantamiento del secreto bancario será ahora posible en Uruguay, si bien apuntó que este sólo se aplicará "por vía judicial" y para aquellos países "que tengan firmados los tratados correspondientes con el país".
"Sólo será abierto si lo determina un juez por la vía civil, y si se cumplen determinados condiciones, como que haya severos indicios de fraude, que se aporte debidamente la información sobre la denuncia y sus antecedentes. Además, sólo se hará si de verdad resulta relevante en una investigación", apuntó Michelini.
Para casos relativos a uruguayos, sólo podrá pedir el levantamiento el director de la Dirección General Impositiva (DGI) cuando encuentre "indicios objetivos" de que existen irregularidades en el manejo de una cuenta.
La propuesta final, que fue presentada por los legisladores más liberales del derechista Partido Nacional, recoge que la justicia sólo podrá habilitar la supresión del secreto cuando la DGI tenga razonable presunción de que existe fraude al fisco y siempre que la información solicitada resulte necesaria para la determinación de deudas o tipificar infracciones.
En cualquier caso, un juez será "siempre" el que determine la eliminación del secreto bancario, que sólo se podrá aplicar "a los efectos concretos pedidos por la justicia".
Además, la información requerida se remitirá en exclusiva al organismo que lo solicite formalmente y nunca se hará pública.
"Tiene que quedar claro que esto solo se aplicará a países con los que hay un tratado. Es una decisión muy seria y ha sido consultada con expertos de todos los sectores políticos en tributos", dijo el legislador.
La idea de aligerar el secreto bancario en Uruguay planteada por el oficialismo como un paso para quitarle al país la etiqueta de paraíso fiscal impuesta por algunos países desarrollados fue criticada por parte de la oposición, que lo consideró una presión de los países desarrollados.
La persistencia del secreto bancario ha sido una de las políticas más cuestionadas en Uruguay durante el pasado año, después de que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) colocara en marzo de 2009 al país en la lista negra de países que incumplen con los estándares de intercambio de información en materia fiscal.
Esta situación provocó que el Gobierno, presidido entonces por Tabaré Vázquez, asegurara su compromiso para seguir las normas de la OCDE de transparencia fiscal para salir de la lista y avanzó en alcanzar acuerdos de intercambio de información tributaria con doce países, entre los que se encuentran España, Portugal y Canadá, entre otros.
