Quienes apostaban que las reformas constitucionales no tendrían ningún costo, lamentablemente se han equivocado. En realidad estamos hablando de erogaciones de entre 8 y 15 millones de Balboas. El hecho de que los constituyentes a elegir para que hagan los cambios a la Carta Magna no cobren ni un centavo en concepto de salarios, no significa que el proceso no tenga ningún costo para el Estado. Es más, los cálculos indican que los gastos sobrepasarían las siete cifras, pero éstas variarían de acuerdo con el mecanismo que se utilizaría para aprobar la Constitución.
Como es sabido, por simple lógica, este tipo de esfuerzos requieren de un gasto logístico, operativo y administrativo. Los constituyentes necesitarán de un equipo técnico que coopere con su trabajo de análisis, al que probablemente se le tendría que pagar por servicios profesionales.
En este renglón también habría que incluir a mensajeros, secretarias, personal de aseo, personal de seguridad, administrador y conductores entre otros. Igualmente, necesitarán una partida especial para gastos operativos, como el alquiler, papelería, equipo de transporte, telecomunicaciones, energía eléctrica, agua, correo, consultorías, impresión y encuadernación, publicidad, por decir algunos rubros.
Si se tuviera que tomar un parámetro de referencia, bien podrían servir los gastos operativos en los que incurre la Asamblea Legislativa que ascienden a 2 millones 507 mil dólares anualmente. Hay que tomar en cuenta que los magistrados podrían realizar los cambios constitucionales en un período de 6 a 8 meses, por lo que los gastos en este renglón podrían bajar de un 15% a 20%, pero aún así, se necesitará desembolsar una partida. Las sumas se empezaría a engordar si analizamos la manera como se escogería a los constituyentes. Se ha propuesto escogerlos a través de una votación nacional, en la que el votante lo seleccionaría a través de una lista. Dicho proceso de votación, requeriría de gastos en papeletas, movilización de personal, capacitación y divulgación, por parte del Tribunal Electoral que podría ascender a 6 millones de dólares, de acuerdo con fuentes consultadas en el tema. Esta es la cifra que gastó el Estado cuando se ejecutó la votación del referéndum para aprobar la reelección presidencial en el gobierno de Ernesto Pérez Balladares. Estas cifras son muy conservadoras, tomando en cuenta que podrían variar si se decide hacer listas provinciales para escoger a personas que representen a cada provincia del país, lo que elevaría la cifra por lo menos en 2 millones de dólares más, tomando en consideración el gasto básico de más de una papeleta.
Por otro lado, si los constituyentes realizan los cambios, pero se decide que éstos deben ir a un plebiscito (votación) posterior para que el pueblo decida si está de acuerdo con la nueva Constitución, se tendría que incurrir en un gasto de 6 millones de dólares adicionales. La pregunta del millón de dólares sería: ¿estará el Estado preparado para sacarse este dinero del bolsillo? Amanecerá y veremos.
Otro escenario sugiere que el proceso transcurrirá normalmente y contribuirá a consolidar el proceso electoral y democrático, lo cual implica que la propuesta no reviste impacto alguno sobre el devenir económico.
“Si se introducen dentro de la Constitución más elementos de ideologías populistas, intervencionistas o nacionalistas, o se consagran nuevas impunidades y prebendas que beneficien a los estamentos políticos, ello causaría un grave daño al país a la larga” sostuvo.
Por otro lado, el economista Juan Planells consideró que a corto plazo la Constituyente provocará inseguridad entre los inversionistas porque se trata de un proceso que somete a posibles cambios todos los principios en los que se basan las llamadas reglas del juego en el campo político y económico.
Por otro lado, destacó que dentro de lo positivo, una reforma a la Constitución permitiría abordar temas esenciales para el desarrollo del país como el combate a la corrupción sin el riesgo de incorporar otros asuntos. “Este tema de cambio recibiría todo el respaldo de la comunidad empresarial porque precisamente contribuye a una mayor seguridad jurídica” señaló.
Hasta ahora, existen dos propuestas la del Foro Panamá 2020 y el anteproyecto para modificar la Constitución impulsado por el Partido Revolucionario Democrático (PRD) y el Partido Popular (PP).
En el caso de la propuesta del Foro 2020 no se profundiza sobre el régimen económico, pero Felipe Rodríguez, miembro de este grupo advierte que algunos temas deben ser tomados en cuenta.
Por ejemplo, mencionó el tamaño del gobierno desde el punto de vista de los recursos que consume versus el Producto Interno Bruto (PIB), además la importancia de generar empleos por la iniciativa privada. “Una nueva constitución no resolverá nuestros problemas, pues son las conductas de los panameños las que al final privarán” indicó el empresario.
Pero estimó que algunas propuestas básicas como la segunda vuelta electoral para elegir más democráticamente al presidente de la República, el control del tamaño de la Asamblea Legislativa y la eliminación de la inmunidad como la independencia de los tres órganos del Estado contribuiría a mejorar la imagen del país y por ende atraer inversiones.
El empresario manifestó su optimismo en que la mayoría de los sectores apoyarán los cambios expresados aunque habrá algunos grupos privilegiados por los sistemas actuales que pudieran oponerse al ver amenazados sus privilegios.
En tanto, Carlos E. González Ramírez, expresidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE) dijo que si la Constituyente se lleva dentro del marco jurídico y mediante un mecanismo previamente elaborado y conocido por la ciudadanía y el sector empresarial, el impacto sobre la economía podría ser relativamente bajo.
Pero “si la constituyente se lleva a cabo, rompiendo el orden constitucional mediante un mecanismo impuesto, o mediante una revolución sin parámetro alguno, entonces si se vería afectada la economía”, dijo González Ramírez.
Aunque consideró que la propuesta es positiva si se introduce la actualización de algunos conceptos en materia del título de la economía nacional, dentro de esta reforma constitucional. Por ejemplo, mencionó el concepto que hace referencia a una economía centralizada y planificada. El mundo de hoy requiere de más libertad e iniciativa dentro del sector privado y los sistemas de centralización planificada han fracasado y van en “contrapelo” del desarrollo económico de Panamá.
Adicionalmente sostuvo que es necesario una revisión en términos de la libre competencia y concurrencia a los mercados, pues los actuales están desfasados.
La autorización previa queda limitada a la autorización de la Corte Suprema de Justicia para ordenar la detención del legislador, según la iniciativa del PRD y PP. También se limita el crecimiento de la Asamblea Legislativa, estableciendo un número máximo de legisladores, respetando la representación de todas las regiones del país y de acuerdo con la cantidad de votantes.
Se incorpora la figura del legislador nacional. El 20% de los miembros de la Asamblea Legislativa serán elegidos como legislador nacional y por medio de listas que presenten los partidos políticos, de acuerdo con la iniciativa. Se elimina un suplente a los legisladores así como un Vicepresidente de la República. Se propone modificación del método para nombrar a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
Según la iniciativa por cada dos magistrados que se designe, el Consejo de Gabinete acordará el nombramiento de un Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, de una terna que le presente el Consejo Judicial, compuesto por funcionarios de carrera, Organo Judicial o del Ministerio Público. El otro magistrado será de libre designación por el Consejo de Gabinete.
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