Siete militares serán juzgados por el asesinato del esposo de una líder indígena que en 2008 encabezó una marcha en el suroeste de Colombia en contra del Gobierno del presidente Álvaro Uribe, informaron hoy fuentes judiciales.
Se trata del sargento Alexis Ramírez, el cabo Javier Adolfo Osorio y los soldados Numar Armido Buitrón, Lisandro Caicedo, Javier Francisco Belalcázar, William Weimar Lemeche y Andrés Casso Chate, todos ellos detenidos por orden judicial desde mayo de 2009.
La Fiscalía indicó que los siete serán enjuiciados por un delito de homicidio agravado del que fue víctima José Edwin Legarda, esposo de Aida Quilcué, el 16 de diciembre de 2008.
"Los acusados deberán ser sometidos a juicio, que se cumplirá en el Juzgado Segundo Penal Especializado de Popayán (suroeste), tras la imputación", según la Fiscalía.
El Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) respondió al anuncio de la Fiscalía, con un comunicado en el que señaló que observadores del proceso han criticado que "solo se esté juzgando a los autores materiales" y "no a personal de alto rango del Ejército Nacional que debe estar comprometido con la orden que originó este crimen de Estado".
Recuerdan que Legarda, por las fechas de las protestas indígenas, "mantuvo serias contradicciones" con el presidente Uribe, por lo cual la Consejería Mayor del CRIC "se une a las voces de las víctimas que invitan a la comunidad nacional e internacional" a estar "vigilantes de este proceso".
Consideran, igualmente, que durante las audiencias ha habido intimidaciones a los testigos, pues los acusados se presentan en traje militar, al tiempo que denuncian "la excesiva presencia de efectivos del Ejército, incluyendo efectivos de alto rango, dentro de la sala y en los alrededores del Palacio de Justicia".
Según la CRIC, la defensa de los militares ha tratado de crear "una tesis descabellada" en la cual se intenta presentar a las víctimas como causantes de un posible error militar.
Legarda murió el 16 de diciembre de 2008 cuando los militares dispararon varias ráfagas de fusil contra un automóvil en el que se movilizaba por una carretera del suroeste de Colombia.
Los cinco soldados que serán juzgados, junto al sargento y el cabo, forman parte de los más de 10.000 campesinos que el Ejército Nacional incorporó a sus filas desde 2003 dentro de un programa que buscaba incrementar su fuerza e imponer presencia del Estado en todo el territorio nacional.
El asesinato de Legarda se produjo un mes después de que su esposa liderara la gran marcha indígena que recorrió por varios días la carretera Panamericana para llegar a Cali, en donde exigieron al presidente Uribe el cese de la violencia contra sus pueblos y la devolución de las tierras que consideran ancestrales.
