Un total de 474 sindicalistas han sido asesinados en Colombia desde agosto de 2002, en el momento en el que el presidente Álvaro Uribe asumió el poder, denunciaron hoy varias centrales obreras y de pensionados.
Además, la impunidad domina el 97 por ciento de los 2.684 casos de homicidio de líderes sindicales que han tenido lugar en el país en los últimos 23 años, agregaron las organizaciones de trabajadores, que advirtieron de la persistencia de la violencia y la falta de justicia en una carta abierta a Uribe.
El mensaje está suscrito por los líderes de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT, la más grande del país) y las Confederaciones de Trabajadores de Colombia (CTC) y de Pensionados de Colombia (CPC), las cuales rechazaron una invitación que el mandatario les hizo para un encuentro en la Casa de Nariño (sede del Ejecutivo).
La reunión estaba prevista para hoy, como previa a la instalación de la mesa tripartita (Gobierno, empresarios y sindicalistas) que deberá negociar el ajuste del salario mínimo para el año próximo.
En la nota, la CUT, la CTC y la CPC criticaron al actual Ejecutivo por haber dado preferencia a "una política laboral centrada en desmontar los derechos laborales y en descalificar y desconocer las organizaciones sindicales como legítimos representantes de las y los trabajadores".
En este sentido, recordaron que tras asumir en agosto de 2002, para su primer mandato de cuatro años, Uribe eliminó el Ministerio del Trabajo, que fue fusionado con el de Salud en el de la Protección Social; promovió "leyes regresivas en materia laboral, pensional y social", y "privilegió como ningún otro el capital y la actividad de las empresas".
"Mientras, a los trabajadores les ha ido muy mal. Sus deterioradas condiciones de vida y sus protestas de hoy, así lo dejan ver", agregaron las tres organizaciones.
A la violencia y a la impunidad, prosiguieron en la misiva, se ha unido "el tratamiento dado por su Gobierno a los conflictos sociales y su actitud en contra de las justas luchas de los indígenas y demás sectores sociales".
Las organizaciones sindicales y de pensionados consideraron que es necesario que el Gobierno se comprometa con ellas en la discusión de una agenda, conformada por 16 asuntos de preferencia para estos colectivos.
Entre ellos mencionaron las garantías a la libertad sindical, el cumplimiento de las recomendaciones formuladas por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), entre otros foros, y hacer a un lado los "señalamientos y estigmatizaciones" contra los sindicalistas.
Asimismo, que haga un seguimiento a las investigaciones sobre los crímenes mencionados y repare a las víctimas, entre otros asuntos.
