Organizaciones de la sociedad civil, empresariales y universidades de México pidieron hoy al Congreso acelerar la aprobación de nuevas leyes en materia de seguridad nacional, reestructuración policial, derechos humanos, contra el lavado de dinero y reglamentación para la reforma penal ya aprobada.
"Las cifras sobre el incremento de la violencia y la criminalidad que los ciudadanos hemos conocido en las últimas semanas son de suma preocupación y dejan en la sociedad un sentimiento de zozobra e indefensión", expresa un comunicado publicado hoy en la prensa por el Observatorio Nacional Ciudadano sobre Seguridad, Justicia y Legalidad (ONCSJL).
A mediados de enero pasado, el Gobierno anunció que en 2010 hubo 15.723 muertes relacionadas con el crimen organizado en el país, una cifra récord en los cuatro años de mandato del presidente Felipe Calderón, en los que el número acumulado de estos homicidios supera los 34.000.
"Las organizaciones de la sociedad civil, invocando derechos que nos corresponden y asumiendo nuestros deberes ciudadanos, exigimos que las autoridades actúen con la responsabilidad y celeridad que ameritan las circunstancias", indica el comunicado.
Consideran que con el nuevo período ordinario de sesiones que comenzó el pasado 1 de febrero "se abre una oportunidad" para que los legisladores del país trabajen en un nuevo marco legislativo "que permita hacer frente con eficacia a los problemas de seguridad pública y violencia que enfrentamos".
"Respetuosamente demandamos que el Congreso lleve a cabo un análisis y discusión comprometidos sobre estos temas y que escuchen las posiciones de la sociedad civil, esperando que al final del período de sesiones, en abril próximo, se hayan aprobado las normas legislativas correspondientes", agregan.
El mensaje público lo firma el Observatorio, que se constituyó formalmente este mes integrado por organizaciones civiles, sociales, obreras y académicas que pretenden luchar contra la criminalidad y la impunidad.
En el mismo, hay más de 30 ONGs y grupos varios de la sociedad civil, así como varias organizaciones empresariales como el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga (Canacar), fundaciones como la Murrieta y para el Desarrollo Confiable, y universidades como la Iberoamericana (UIA).
