Del 2001 a la fecha, Panamá ha sido condenada en cinco ocasiones por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), lo que suma un total de 67 millones de dólares en indemnizaciones.
El 2 de febrero de 2001, Panamá fue condenada a pagar $65 millones (sentencia de mayor cuantía) a 270 extrabajadores del Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación y del Instituto Nacional de Telecomunicaciones, despedidos mediante la Ley 25 en 1991 por el presidente Guillermo Endara.
Siete años más tarde, exactamente el 12 de agosto de 2008, la CIDH falló en favor de tres familiares de Heliodoro Portugal, quienes recibieron 256 mil dólares. Portugal fue dirigente popular desaparecido durante la dictadura militar en 1970.
Cinco meses después, el 27 de enero, Panamá fue sentenciada a pagar $30 mil al abogado Santander Tristán, quien fue víctima de la divulgación de una conversación telefónica por parte del procurador José Antonio Sossa.
Y el 23 de noviembre de 2010 se dio la condena de $59 mil a favor del ecuatoriano Jesús Vélez Loor, quien fue objeto de abusos y maltratos cuando fue detenido en Darién en el año 2002.
La última sentencia se reportó el 14 de octubre de 2015, cuando el Estado panameño debió pagar una indemnización de $2.3 millones por violaciones a los derechos humanos de los indígenas madungandíes de Bayano, Chepo.
14
de octubre de 2015, Panamá fue sentenciado a pagar $2.3 millones a indígenas madungandíes de Bayano.
$59
mil dólares se le pagó al ecuatoriano Jesús Vélez Loor, quien fue objeto de abusos.
