Fuentes judiciales informaron anoche que el exministro de Seguridad Pública, José Raúl Mulino, habría recibido la medida cautelar de país por cárcel.
Panamá América consultó a uno de los abogados de Mulino, Ramsés Barrera, quien dijo que si bien fue informado de la medida, no podía confirmarla hasta que se notificara de la misma el próximo lunes.
Familiares de Mulino, también consultados, dijeron que el lunes confirmarían el cambio de la detención preventiva por la de país por cárcel.
En tanto, con el tratamiento que se les está dando a los casos de los funcionarios del pasado gobierno se confirma que más que una investigación seria, se comete persecución sin argumentos a todos los colaboradores de la administración del presidente Ricardo Martinelli.
Y es que con el transcurrir de los meses, a pesar de que los fiscales han dictado medidas cautelares, en su mayoría detenciones preventivas, no han contado con las pruebas necesarias para condenar a los exfuncionarios, los cuales se han mantenido por meses en las cárceles del país.
En ese sentido, juristas consideran que la flexibilidad con que gozan jueces y fiscales para aplicar la ley permitiría que se prolonguen órdenes de detención preventiva por meses y sin el debido proceso.
El abogado Carlos Carrillo explicó que esto obliga a revisar la legislación y limitar el poder que tienen los fiscales, porque en Panamá no existe un sistema de garantías rápido.
“Un habeas corpus te demora meses, hasta años, y ante esa situación se ha permitido que los fiscales sean muy liberales en ordenar detenciones”, indicó como una de las causas del problema.
Sostuvo que la percepción es que no existen los fundamentos ni los requisitos para que en las órdenes de detención se abuse de su expedición.
“Están abusando de emitir tantas órdenes de detención sin que exista la necesidad ni los requisitos legales”, apuntó.
“Los delitos comunes están aumentando porque no existe una política criminal definida”, agregó Carrillo.
Expertos consultados señalan que esto provocaría, a largo plazo, un deterioro del sistema, y crea la percepción de que se utiliza la ley para fines específicos.
Afirman que en la ley se deben respetar los principios que ya existen, pero debe haber una justicia constitucional más rápida y efectiva para evitar destruir la sala constitucional.
El abogado Víctor Almengor dijo que se está dando un relajamiento de la justicia en la urgencia que debe tener todo juzgador de darle a cada cual lo que merece en un tiempo perentorio.
“Se están dilatando los procesos en algunos casos por temor a los jueces a fallar en derecho; en otros casos, pareciera ser que estuvieran de acuerdo con el Ministerio Público para dilatar el proceso para mantener detenciones absurdas por largo tiempo”, afirmó.
Añade el jurista que en algunas situaciones se han presentado incidentes y las fiscalías han demorado más del tiempo que permite la ley para realizar una investigación, y le prorrogan el término para hacerlo.
“Tenemos que ser claros, los jueces le tienen un temor reverencial al Ministerio Público desde tiempos anteriores, pero no es legal ni correcto; queremos jueces que actúen en derecho, que actúen con prontitud y que sancionen a quienes deben sancionar, pero absuelvan a los que no están vinculados”, reiteró.
Esta situación ha hecho que peligre la vida de presos y detenidos que presentan afectaciones de salud, sin contar con pruebas.
El exministro de Economía y Finanzas Frank De Lima confirmó que su detención fue de carácter político, y sin ningún fundamento. Dijo en una entrevista que la fiscalía le levantó cargos sin que hubiese un documento de la Contraloría que avalara dicha orden.
No obstante, en el caso del ministro Mario Etchelecu, referente a las compras fraccionadas a través del PAN, la Procuraduría solicitó un informe para poder investigarlo.
La empresaria Paulette Morales pagó unos 100 mil dólares como fianza de excarcelación, ante su delicado estado de salud. Al igual que al exdirector del Consejo de Seguridad Alejandro Garuz, a quien se le cambió la medida cautelar a casa por cárcel.
Implementación de la norma comprueba que jueces y fiscales no están listos para aplicar el nuevo SPA
Los jueces y fiscales panameños no estarían capacitados para aplicar el nuevo Sistema Penal Acusatorio (SPA), al desconocer los principios fundamentales que establece la norma, afirman varios juristas.
El abogado Víctor Almengor sostiene que el Sistema Penal Acusatorio —si bien es cierto tiene una investigación preliminar que puede durar un año o dos años, y no cuando se da la formulación de imputación de cargos— reglamenta los seis meses para que los fiscales o el Ministerio Público investiguen; salvo los casos sensitivos, para que concluyan.
No obstante, con la aplicación del sistema inquisitivo, que rige actualmente, va a colapsar, pues los jueces no tienen la capacidad de llegar al nuevo sistema.
Afirma que sería necesario poner a personas nuevas que, aunque no tengan la experiencia, sean gente joven que se adapte al SPA, lo cual tendría sus ventajas y desventajas.
Y es que para el mes de septiembre se espera que la carrera judicial y el Sistema Penal Acusatorio sean implementados en las provincias de Panamá, Colón y la comarca Guna.
Algunos sectores esperan que se adelante su aplicación. Este es el caso de la dirigente Magaly Castillo, quien afirma que en Panamá más de la mitad de los presos no tienen un juez de garantías y están bajo el Sistema Penal Inquisitivo.
Cifras
100 mil dólares de fianza pagó la empresaria Paulette Morales, ante su delicado estado de salud.
9 meses pasó detenido el exministro de Economía y Finanzas Frank De Lima.
