Alvin Weeden, excontralor de la República y abogado, contradijo públicamente a su amigo y colega Jaime Abad.
Este último aseguró que ambos juristas tenían acceso a los despachos de los fiscales anticorrupción, a quienes asesoraban cómo instruir los expedientes y hasta aplicar las medidas cautelares.
Weeden destacó que su amigo y colega Jaime Abad se fue más allá de los hechos, al negar que nunca ha asesorado a ningún fiscal.
Sin embargo, reconoció que junto a Abad se ha reunido con la procuradora Kenia Porcell y el secretario general Rolando Rodríguez para hablar cómo marchan algunos temas puntuales a los que ha presentado la denuncia.
Sin embargo, las declaraciones de Weeden confirman las denuncias que han venido realizando movimientos independientes como SOS Panamá, a los que se les ha negado acceso a los expedientes en los que figuran como denunciantes.
La polémica surge cuando en una entrevista la procuradora general de la nación, Kenia Porcell, reconociera que grupos de abogados de la sociedad civil tenían acceso a los expedientes de alto perfil dentro del Ministerio Público y hasta realizaban un control de gestión.
Carlos Herrera Morán se unió a los cuestionamientos sobre esta actitud de la procuradora Porcell, argumentando que son los tribunales de justicia los únicos idóneos para realizar controles a los funcionarios de instrucción.
Víctor Almengor, por su parte, califica esta situación de grave, porque la ley establece las personas exclusivas que deben tener acceso a los expedientes.
Dijo que jamás en la historia del Derecho esto se había visto, que personas ajenas a los expedientes y a la administración de justicia no solo tengan acceso a los expedientes, sino que además puedan recomendar la aplicación de medidas cautelares.
"La existencia de movimientos extraños en las investigaciones judiciales le hacen mucho daño a la administración de justicia", destacó Almengor .
30 organizaciones afiliadas a la Alianza Ciudadana Pro Justicia.
15 de septiembre, la junta directiva del Colegio de Abogados decidió salirse de la Alianza Ciudadana Pro Justicia
2 abogados reconocen haberse reunido con la procuradora para hablar de casos.
Datos
- Confesión
- Kenia Porcell, procuradora general de la nación, reconoció que la Alianza Ciudadana Pro Justicia y el grupo Movin han sostenido controles dentro del Ministerio Público.
- Afiliación
- El grupo Movin nace en las pasadas elecciones de 2014, como una organización de la sociedad civil que respaldó la candidatura del actual presidente de la República, Juan Carlos Varela.
- Presiones
- Movin ha logrado que el pleno de la Corte Suprema de Justicia haya cambiado una decisión, tras lograr que el magistrado José Ayú Prado sea cambiado como juez de garantías en el expediente que se sigue contra el expresidente Ricardo Martinelli por la casa de valores Financial Pacific.
