Organizaciones ambientalistas encienden las luces de alerta ante la postura del Gobierno de apoyar una decisión del Consejo Directivo de Coiba, que adoptó el plan de uso público de esta área protegida, el cual incluye componentes de desarrollo turístico en el sitio.
El pasado 3 de enero de 2018, el Ministerio de Ambiente (MiAmabiente) anunció que el Consejo Directivo del Parque Nacional Coiba, presidido por el titular de esta cartera, Emilio Sempris, adoptó el plan de uso público de esa área protegida.
Se trata de un instrumento de planificación que tiene por objetivo "ordenar las actividades científicas, ecoturísticas, y de desarrollo sostenible" en el Parque Nacional Coiba, que ha levantado suspicacias entre ambientalistas, que advierten la mano del Gobierno detrás de este tema.
La aprobación se dio en votación del Consejo, con 8 a favor del plan de uso público de Coiba; una abstención del propio Gobierno, en la representación de la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (Arap) y un voto en contra de la ONG MarViva.
MiAmbiente justificó la adopción al aclarar que se da luego de 3 años de amplias consultas.
Prometió que el borrador final incluirá las recomendaciones, sugerencias y comentarios recibidos en una reunión celebrada el pasado 20 de diciembre del 2017, en Las Palmas, distrito de Río de Jesús, donde se recibieron las inquietudes de entidades y organizaciones civiles y ambientalistas interesadas en la conservación y el manejo sostenible del Parque Nacional Coiba.
El representante de la Universidad de Panamá (UP) ante el Consejo Directivo, Evidelio Adames, explicó a Panamá América que el 100% de las recomendaciones y observaciones técnicas y científicas que se le hicieron al plan de uso público iban a ser incorporadas "en el proceso que se avecina".
Esto, en alusión al borrador final que se entregará a la Unesco, atendiendo a compromisos internacionales.
Aunque la UP también votó a favor, Adames se mostró cauto y reveló que solicitaron que, sumado a la revisión para hacer el borrador del documento, se incorpore un garante de cada uno de los que entregaron observaciones.
De hecho, cuando este medio preguntó al representante de la UP si podía asegurar que era positivo el plan de uso público de Coiba que respalda el Gobierno, no se aventuró a dar una respuesta definitiva.
"Cuando yo vea el borrador y lo vuelva a revisar, y me asegure de que el 100% de las recomendaciones presentadas hasta el 3 de enero fueron incluidas, cuando vea que eso es así, allí lo podría responder", señaló Evidelio Adames.
Dudas sustentadas
Por su parte Tania Arosemena, abogada y directora de Incidencia de la Fundación MarViva de Panamá, explicó que el voto de esta ONG fue en contra, porque no se puede apoyar un documento que no está listo, en el que no se corrobore que están las mejoras recomendadas por el Comité Científico del Consejo, ONG y otros actores.
Arosemena también refutó el argumento de MiAmbiente sobre lo imperativo de avanzar cuanto antes por los compromisos con la Unesco.
"Si bien hay decisiones apremiantes sujetas a compromisos internacionales del Estado panameño, esta urgencia no debe sacrificar la calidad de los resultados esperados", sentenció.
Panamá América también buscó la versión oficial de la Arap ante su voto de abstención, pero al cierre de esta edición no hubo respuesta.
En alerta
8 organizaciones convocadas por MarViva firmaron una carta el 2 de enero, en la que plasmaron su preocupación por este tema.
4 votos, en la nueva modificación, se requieren para decisiones en Coiba, denunciaron las ONG.
