- 11 curules quedan por definir dentro de la Asamblea Nacional.
La Constitución establece la fecha de inicio de funciones del contralor
- En el aprieto en que se encuentra la Asamblea frente a la elección del contralor, mucho se ha opinado sobre la fecha tope para definir este nombramiento, sin embargo, la Constitución Política, en el artículo 161, solo describe que es competencia de la Asamblea hacer el nombramiento. Y en el artículo 279, el único plazo que se describe es el 1 de enero para que el contralor y el subcontralor inicien funciones.
A cuatro días para que termine el periodo de sesiones ordinarias, la Asamblea Nacional enfrenta varios compromisos pendientes.
La aprobación del presupuesto general del Estado para la vigencia 2015, así como el periodo de postulación y elección del contralor y el subcontralor de la República y de los procuradores de la nación y la administración, están entre los compromisos más importantes.
Esto, a la par que se desarrolla la sesión judicial contra el suspendido magistrado de la Corte Suprema de Justicia Alejandro Moncada Luna.
Aunque cuatro candidatos a la Contraloría han presentado sus hojas de vida ante la Secretaría General de la Asamblea, esta institución hasta hoy no anuncia la mecánica para decidir este nuevo cargo y tampoco ha comunicado el periodo en que cierran las postulaciones.
Mientras el proceso de vistas presupuestarias lleva 85 consultas, tampoco se ha anunciado cuándo pudiera aprobarse. Esto, a sabiendas de que el artículo 272 de la Constitución Política establece que de no aprobarse el presupuesto general del Estado a más tardar el primer día del año fiscal, entrará en vigencia el proyecto de presupuesto propuesto por el Órgano Ejecutivo.
La acumulación de actividades y la falta de comunicación sobre el proceso de nombramientos para el final del periodo ordinario denota falta de responsabilidad por parte de los diputados.
Al menos esto es lo que considera Elia López de Tulipano, fundadora del Foro de Mujeres Políticas.
Según Tulipano, esto es así porque la propia ciudadanía ha sido testigo durante las últimas semanas del pulso político en torno al nombramiento de la figura del nuevo contralor de la República.
“Dejar eso para la última semana no me parece responsable, lo hubieran podido iniciar hace más de un mes o desde que se inició el periodo ordinario de la Asamblea, pero no hacerlo a tambor batiente en tan pocos días”, expresó.
Por su parte, el catedrático de la Universidad de Panamá Eduardo Flores cuestionó que los diputados tuvieran como prioridad el acuerdo de gobernabilidad entre el Partido Panameñista y el Partido Revolucionario Democrático, y este pudo ser el motivo para que se desviaran de los temas que hoy acumulan los diputados.
Aunque para Flores, el tiempo que se dedique a la elección del contralor quizás no sea el mayor problema, sí asegura que los diputados perdieron mucho tiempo.
“Creo que han perdido mucho tiempo en la famosa negociación de la gobernabilidad en vez de actuar reaccionando con los intereses de la población”, comentó Flores.
Además, consideró que de ser posible y por la importancia del cargo por nombrar, la escasez del tiempo es lo que menos debe preocupar, ya que aunque a los diputados les tome un mes y medio de más, se debe procurar la elección de una figura que no responda a los intereses políticos.
La demora en el actuar de los diputados con respecto a los nombramientos fue cuestionada también por el excanciller Jorge Eduardo Ritter.
En una intervención en un programa televisivo, Ritter aseguró que la Asamblea tuvo cuatro meses de sesiones y todavía no conocen el procedimiento para elegir al contralor, “pero sí hay negociaciones”.
Añadió que es evidente que al finalizar este mes no habrá un nuevo contralor y observó que esta decisión va casada con el nombramiento del procurador, designación que recae en la responsabilidad del Órgano Ejecutivo.
Por su parte, el exembajador Eloy Alfaro considera que la decisión de los diputados para elegir al nuevo contralor debe darse sin las presiones de la revocatoria de mandato, en caso de que elijan una opción distinta a la de su partido político.
En medio de este contratiempo que se ha generado directamente por las negociaciones políticas, no se descarta que se solicite el llamado a sesiones extraordinarias.
Para el catedrático Eduardo Flores, esto sería lo mejor para evitar que se hagan nombramientos de personas con la premura del tiempo.
Un proceso que, según el jurista Ernesto Cedeño, puede desarrollarse con toda normalidad y sin considerarse la intromisión del Órgano Ejecutivo dentro de la función de la Asamblea.
Cedeño asegura que la petición de sesiones extraordinarias por parte del presidente de la Asamblea, al presidente de la República pudiera interpretarse a través del artículo 2 de la Constitución Política.
Este artículo, que establece la independencia de los tres poderes del Estado, que son el Legislativo, Ejecutivo y Judicial, además establece que actúan en “armónica colaboración”.
“Después de que haya colaboración entre ambos poderes, no debe haber problema. Si la Asamblea le pide la colaboración al Órgano Ejecutivo, lo puede hacer, pero siempre es bueno que haya la petición formal del jefe del Parlamento conforme esa petición se haga y no se interprete que hay una interferencia del Ejecutivo que está pidiendo sesiones extraordinarias para nombrar al contralor”, indicó.
Juicio al magistrado Alejandro Moncada Luna toma rumbo internacional, su defensa acudirá a la CIDH
En medio de la sesión judicial que aprobó la Asamblea Nacional para juzgar al magistrado suspendido Alejandro Moncada Luna por una serie de supuestos delitos, su defensa, el abogado Sidney Sittón, anunció que llevará una solicitud ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Sittón explicó que hoy se enviará a través de un correo electrónico dicho recurso y que durante la semana él lo presentará personalmente ante la CIDH, con sede en Washington.
En la sustentación de este recurso, el abogado pedirá, de resultar viable, la petición de medidas cautelares en favor de Moncada Luna, debido a que considera que en este proceso se está pasando por alto la Convención Americana de Derechos, de la cual Panamá es signataria.
Durante el proceso de juzgamiento al magistrado Moncada, quien fue suspendido de sus funciones desde el 20 de octubre, Sittón explica que se han violado las garantías del debido proceso.
En la audiencia de imputación de cargos contra el magistrado Moncada Luna, que se realizó el mismo 20 de octubre, el diputado Pedro Miguel González, quien actúa como fiscal dentro de este proceso, imputó cuatro cargos al magistrado, que son enriquecimiento injustificado, corrupción de funcionarios, blanqueo de capitales y falsedad de documentos.
Además, a petición del fiscal, las diputadas Zulay Rodríguez, Ana Matilde Gómez y Katleen Levy, que actúan como juezas de garantías, aprobaron medidas cautelares contra el magistrado suspendido.
Estas son la aprehensión de propiedades bajo responsabilidad del Ministerio de Economía y Finanzas, la suspensión del cargo de magistrado y, las más cuestionadas, el impedimento de salida del país y el arresto domiciliario al cual se le confinó y que para algunos juristas representa una medida inconstitucional, debido a que esta debió ser una decisión colegiada del pleno de la Asamblea y no una medida aprobada por tres diputadas de una subcomisión de garantías.
Sittón toma la decisión de acudir a la CIDH después de que “la vía interna está agotada, luego de que la Corte Suprema de Justicia de Panamá rechazara dos advertencias de inconstitucionalidad, un amparo de garantías y un hábeas corpus” que se presentó en favor de Moncada. El más reciente revés, que sufrió Moncada de sus propios colegas de la Corte Suprema, fue que estos declararon no viable el hábeas corpus presentado para conocer si el arresto domiciliario aprobado por las juezas de garantías es o no legal. Después de tres días de deliberación, los magistrados solo indicaron que “no viable” este recurso.
