Pocos son los motivos para celebrar, hoy 13 de noviembre, el Día del Periodista en Panamá; una profesión que consiste en la recopilación, análisis y difusión de información actualizada, pero que hoy se desarrolla en el país entre ataques por parte de la actual administración gubernamental.
Los aspectos negativos parecen sobrepasar a los positivos, si se toman en cuenta las garantías con las que gozan los periodistas en el país frente a los últimos ataques a la libertad de expresión y de prensa, denunciados por gremios periodísticos.
Ello, aunado a los intentos del Gobierno Nacional de regular la libertad de expresión, a través de leyes y decretos para establecer sanciones por contenidos editoriales, y a los acorralamientos fiscales a empresas dedicadas a la comunicación.
Se trata de una serie de propuestas elaboradas en la Asamblea Nacional y otras instituciones públicas que han amenazado el libre ejercicio del periodismo, y causan indignación.
En julio de este año, surgió una propuesta de ley presentada por el diputado panameñista Melitón Arrocha para controlar la información que sale en los portales de internet y las redes sociales.
Con este proyecto de ley se facultaba a los usuarios del internet a exigir a los portales y redes sociales que eliminen sus datos personales, argumentando supuesta violación a la intimidad.
La propuesta, conocida como el "derecho al olvido", fue criticada por vulnerar abiertamente el derecho a la información que tiene todo ser humano.
La Constitución Política de Panamá consagra en su artículo 37 que "toda persona puede emitir libremente su pensamiento... sin sujeción a censura previa; pero existen las responsabilidades legales cuando se atente contra la reputación o la honra de las personas o contra la seguridad social o el orden público".
No obstante, esta no fue la única iniciativa presentada por un diputado oficialista que buscaría atentar contra este derecho.
El año pasado fue presentado un anteproyecto de ley por el panameñista Juan Moya, en la Comisión de Comunicaciones y Transporte de la Asamblea Nacional, que pretendía regular la actividad periodística y la de los reporteros gráficos en Panamá.
Con esta normativa se propuso penalizar con cárcel el ejercicio ilegal de periodismo, según estándares que serían establecidos en la ley, y la restricción del ejercicio para periodistas extranjeros obligados a ejercer dos años.
Incluso esta iniciativa fue destacada en la Asamblea Anual de la Sociedad Interamericana de Prensa, el año pasado, la cual calificó el anteproyecto como "una herramienta contra la libertad de expresión".
Más recientemente, las acciones para regular la libre expresión desde el Ministerio de Gobierno, con la creación de un ente que tramitaría quejas de mujeres que se sientan ofendidas y abusadas por publicaciones de medios.
En un comunicado, el Fórum de Periodistas, el Consejo de Periodismo y la Asociación Panameña de Radiodifusión rechazaron la creación de la Dirección de Libertad de Expresión, que buscaba imponer sanciones administrativas que irían de $1,000 a $3,000 contra los medios.
El Fórum declaró: "Rechazamos de plano todo intento que busque limitar de cualquier forma los derechos fundamentales de los ciudadanos, imprescindibles para la sostenibilidad de la democracia, entre estos, principalmente, la libertad de expresión y la de estar informados, al tiempo que alertamos a la ciudadanía en general a prestar atención sobre este tema".
Aunque esta no ha sido la única propuesta en la que se ha querido sancionar con fuertes sumas de dinero a medios de comunicación.
Los ataques de la administración Varela contra los medios de comunicación han concebido desde entidades como la Presidencia, el Órgano Judicial, el Legislativo y hasta las instituciones autónomas como el Tribunal Electoral (TE).
Uno de estos últimos ataques fue el que se produjo en contra de la Editora Panamá América (Epasa), el 8 de marzo de 2016, cuando los magistrados del TE emitieron un acuerdo de sala en el que ordenan correr traslado a los diarios y, así como al canal centroamericano de televisión por un proceso administrativo abierto en su contra por la supuesta infracción del Código Electoral, lo cual podría generar una multa de hasta $50 mil en contra de Grupo Epasa.
El Tribunal amenazó con sancionar a estos medios con multas que van desde $5,000 hasta $25 mil.
También a través de instituciones descentralizadas como el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), que envió funcionarios al edificio del Grupo Epasa, ubicado en la avenida Ricardo J. Alfaro, con una orden de suspender el suministro de agua potable, alegando que existía una orden de corte, a pesar de contarse con todos los papeles en regla.
Esto ha hecho que directivos de medios de comunicación panameños se pronuncien ante la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), hayan contabilizado a la fecha más de una docena de denuncias contra el gobierno del presidente Varela y sus altos funcionarios jerárquicos.
En estas denuncias se ha asegurado que durante la era del presidente Juan Carlos Varela se ha llegado a protagonizar "ataques y desavenencias" con representantes de los medios .
13
de noviembre de cada año se celebra el Día del Periodista en honor a Gaspar O. Hernández.
6
medios de comunicación han sufrido ataques del Gobierno en este periodo.
