A pesar de existir un número plural de denuncias contra magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la ciudadanía no conoce un informe oficial sobre el avance de los casos, en su mayoría de este periodo.
Para el representante de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, Carlos Lee, esto obedece a que en la Asamblea Nacional "no se tiene un trabajo de rendición de cuentas como debieran tenerlo".
En cambio, el último informe que se maneja por parte de la Comisión de Credenciales, Reglamento, Ética y Asuntos Judiciales de la Asamblea Nacional sería un total de 20 expedientes contra magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que no prosperan.
La mayoría de estas denuncias fueron llevadas entre 2014 y 2016. En 2014 se presentaron cuatro denuncias, mientras que en 2015 se produjeron siete. En el 2016 han sido presentadas ocho denuncias.
La mayoría de estas quejas fueron contra el magistrado Harry Díaz y José Ayú Prado. El magistrado presidente de la Corte, José Ayú Prado, ha sido denunciado 12 veces, mientras que Harry Díaz 9 veces.
Entre las fallas más cuestionadas de este año estarían una entrevista de televisión local, en la que el magistrado Díaz se refirió al método de elección del presidente de la Corte Suprema. En esa ocasión, Díaz criticó una mala práctica por parte de sus colegas, que "vendieran fallos y archivaran expedientes".
Sin embargo, la Asamblea tampoco ha emitido una investigación sobre este caso. En cambio, el magistrado Díaz ha seguido al frente del proceso que se le sigue al expresidente Ricardo Martinelli.
Casos de Ayú Prado
Esta pasividad en las investigaciones se produce también, pese a la elaboración de dos informes por la diputada perredista Zulay Rodríguez, en los que asegura que se han acreditado una serie de faltas cometidas por el presidente de la Corte, José Ayú Prado.
El artículo 160 de la Constitución Política de Panamá establece que "es función judicial de la Asamblea Nacional conocer de las acusaciones o denuncias que se presenten contra los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y juzgarlos, si a ello diere lugar, por actos ejecutados en el ejercicio de sus funciones en perjuicio del libre funcionamiento del poder público (...)".
