En el Centro de Especialidades de Toxicología -que nació en 2011 para atender las secuelas de la intoxicación masiva por dietilenglicol-, la rutina transcurre en aparente calma. Es lunes en la mañana y son pocas las personas que esperan en las sillas, muchas de ellas son adultos mayores y uno que otro adolescente.
Un hombre de 55 años que sale del recinto, ubicado a un lado de la policlínica de Calle 17, en Santa Ana, camina a paso lento, pese a la robustez de su cuerpo. Hace siete años, cuando se desató el escándalo del envenenamiento masivo, quedó sin fuerzas para caminar, sentía que se desvanecía luego de que un jarabe con dietilenglicol comenzó a mostrar sus efectos. “Sentía que me estaba secando, andaba arrastrándome por las paredes y estaba asustado”, dijo mientras se retiraba de sus atenciones especiales que recibe por ser uno de los afectados por la intoxicación masiva.
En este Centro de Especialidades de Toxicología, en donde actualmente son atendidas 1,339 personas entre casos positivos, negativos, expuestos y en estudio, pacientes y familiares de los envenenados se mantienen en alerta por la recién promulgada Ley 20 que establece una pensión vitalicia de 600 dólares por la ingesta de los jarabes y medicamentos con el tóxico.
Aún en espera de que la ley sea reglamentada en un periodo no menor de 90 días, este hombre, quien fue diagnosticado como caso positivo por envenenamiento y a quien ya no le funciona un riñón, espera que con la ley se pueda resarcir de parte de estos daños, pues él asegura que era un hombre sano.
“Peor es nada, porque aprobaron los 600 dólares y cada dos años harían un ajuste. Quiero ver si meto mis papeles para pensionarme también con mis cuotas de seguro; así le puedo hacer frente a la vida, porque la verdad es que con 600 dólares tampoco se vive”, expresó este hombre que toma de ocho a nueve medicamentos por día.
Como él, son cientos los que esperan por la ya aprobada pensión vitalicia.
Sin embargo, en este periodo que corre para establecer las reglas del pago y ubicar los fondos para cumplir esta misión, y después de siete años de la tragedia, las cifras entre parte y parte no quedan claras.
Mientras la Caja de Seguro Social (CSS) comunica que se destinará un monto de 10 millones 80 mil dólares para afrontar la pensión vitalicia de 1,400 afectados, Gabriel Pascual, quien se ha convertido en el vocero del Comité de Familiares por la Salud y la Vida, asegura que en este momento los casos que estarían habilitados para cobrar la pensión son 605 en total.
De estos 605 casos que menciona Pascual, unos 324 corresponden a personas fallecidas a consecuencia de la intoxicación.
Y sobre estos casos, la ley establece que el derecho de cobro sería en viudos o viudas, hijos y padres de no tener otros familiares. Otros 291 casos corresponden a quienes actualmente deben subsistir con las secuelas de esta intoxicación.
A diferencia de las cifras que llevan los familiares, el Ministerio Público, por su lado, informa otras -también distantes entre una y otra-, solo que en este caso se trata de la información oficial. Esta institución confirma hasta el momento a 221 personas fallecidas por ingerir alguno de los medicamentos envenenados por dietilenglicol y apenas 130 sobrevivientes.
En otra instancia, en un programa televisivo de Canal 11, el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imelcef) consideró que hasta la fecha se han certificado 340 casos de 2 mil 20 denuncias que corresponden al proceso abierto desde 2006, cuando ocurrió la intoxicación.
En un intento por aclarar la cantidad de afectados y el origen de los fondos de 10 millones 80 mil dólares para afrontar los pagos de pensiones, consultamos a las autoridades de la Caja de Seguro Social; sin embargo, no fue posible obtener respuestas a través del equipo de comunicación de esta institución.
“Exclusivamente de qué renglón saldrán los fondos, lo desconocemos. Para nosotros, lo importante es que los fondos estén y no se den inconvenientes”, aseguró Pascual, y explica que en los próximos días deben reunirse con las autoridades con el fin de definir las metodologías para el funcionamiento de la comisión que debe revisar los casos.
Mientras, el tiempo pasa y el periodo para reglamentación tiene como tope a más tardar el mes de junio, la Ley 20 solo establece en el artículo 9 que los montos vienen del Tesoro Nacional.
Textualmente está redactado así: “El financiamiento del derecho establecido en esta ley y su sostenibilidad serán con cargo al Tesoro Nacional. El Ministerio de Economía y Finanzas visibilizará los fondos y las partidas presupuestarias correspondientes y hará los pagos mensuales a la Caja de Seguro Social, que actuará como agente de pago”.
Hasta el momento del cierre de esta nota, no hubo respuesta alguna sobre la ubicación de fondos para esta pensión vitalicia. Quedaría esperar la reglamentación que deslindaría cada responsabilidad en intención de hacer un aporte a las familias afectadas.
