Sociedad

CNA pide no confundir

Comunicado muestra preocupación por la situación nacional. Archivo
Comunicado muestra preocupación por la situación nacional. Archivo

Tras los planteamientos hechos por el Ministerio Público, el Colegio Nacional de Abogados mostró su rechazo a cualquier tipo de acción o declaración que pueda comprometer la autoridad constitucional dada a las decisiones emitidas por el Órgano Judicial, pues esto resta credibilidad a las autoridades judiciales, máxime cuando existen mecanismos legales para atacar estas decisiones que no se encuentran en firme.

Destaca que es incorrecto decir que se está impidiendo que sigan las investigaciones, pues esto no fue lo pedido ni lo resuelto.

"Es decir, que el trámite del expediente continuará una vez la fiscalía remita la vista fiscal sobre las personas que ya han sido imputadas y que se les ha aplicado algún tipo de medida cautelar en las investigaciones", indica.

 

Aclara que con la revisión del auto que originalmente dio la prórroga a la fiscalía, del escrito presentado por la fiscal que motivó la solicitud de una extensión de tiempo y de la Resolución del 25 de octubre de 2017 del Juzgado Duodécimo de Circuito Penal del Primer Distrito Judicial, se desprende claramente que era de pleno conocimiento de la fiscalía que se le había autorizado una prórroga de investigación indefinida, siempre y cuando no se ordenaran medidas cautelares personales de detención preventiva.

Entonces tendría a partir de ese momento un plazo de dos meses para remitir el expediente al juzgado, término que se cumplió con las detenciones que ordenó la fiscalía.

Por lo anterior, si la fiscal aplicó medidas cautelares personales de detención preventiva, generó que empezara a correr el término de dos meses establecido y que era de conocimiento de la fiscal.

 

Señala el CNA que la solicitud de una extensión adicional de la fiscalía, sin precisar cuánto tiempo requería para cumplir con la remisión del expediente, a pesar de conocer las consecuencias legales, es un trámite contrario a lo previamente dispuesto por el despacho judicial.

El gremio muestra preocupación de que se dé una información errada a la opinión pública y a la ciudadanía panameña, lo cual crea caos e inestabilidad sobre la administración de justicia ya golpeada y postrada por falta de credibilidad y transparencia.

Por lo anterior, agrega, la sociedad panameña demanda justicia y el Colegio Nacional de Abogados promueve justicia, pero respetando el debido proceso, como única salida para la paz social.

 

Agrega que se hace necesario aclarar a la ciudadanía que los resultados de las investigaciones en esta etapa procesal no significan que las investigaciones recabadas den como resultado la impunidad del proceso o el cierre de las investigaciones.

Esto debido a que la resolución lo que dispone es la remisión del expediente respectivo al órgano jurisdiccional, que deberá resolver la responsabilidad o no de los imputados en estas investigaciones, facultad constitucional establecida a los jueces y magistrados tal como lo señala nuestra "Carta Magna".

"Proponemos como deber ciudadano el seguimiento para estar alertas y celosos del cumplimiento de los deberes de cada uno de los involucrados en estos casos para que cumplan sus obligaciones", subraya.

 

Los abogados le indican a la Procuraduría de la Nación, "que si bien es cierto sus declaraciones parecen enmarcarse en el cumplimiento de sus funciones constitucionales de persecución del delito, también es cierto que el único límite a estas funciones son dadas por el cumplimiento de las funciones del Órgano Judicial.

Añade que las comunicaciones realizadas causan daño a la administración de justicia y evidencian una diferencia marcada con el Órgano Judicial.

Esta situación genera una conclusión social falsa que afecta a la sobriedad con la que se debe desarrollar la justicia en la República de Panamá, destaca.

El Colegio de Abogados insta al Ministerio Público a presentar las medidas y recursos necesarios y a corregir los errores de litigación que parecen ser recurrentes en las gestiones de las fiscalías.


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meses dura una investigación cuando se formulan medidas de detención contra imputados.

220


millones de dólares acordó pagar Odebrecht como multa al Estado panameño.


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1087178
Fecha y hora de publicación

101 años de Panamá América

 
101 años Panamá América