La intromisión del Órgano Ejecutivo en el Órgano Judicial y el Ministerio Público ha provocado que en Panamá sectores declaren que no existe la justicia y denuncien manipulación de pruebas para encubrir delitos.
Ello al permitirse el manejo de expedientes por parte de terceros, con órdenes del Consejo de Seguridad, adscrito al Ministerio de la Presidencia.
Este sería el caso de la investigación contra el exmayor Álex Cedeño, cuyo abogado, Roniel Ortiz, denunció que uno de los celulares que le fueron decomisados a su defendido en octubre del 2016, y que estaba sellado por peritos, fue violentado y por ello inhabilitado para ser mostrado como prueba.
"Pareciera que eso es lo que le gusta a la procuradora, que sus fiscales permitan que policías, por órdenes del Consejo de Seguridad, metan sus manos en los expedientes", afirmó el jurista.
Incluso cuando el abogado denunció que se han violado todos sus derechos a la defensa y se ha tratado de inculpar al agente de un delito que no cometió.
Ante esto, juristas plantean que es evidente que la falta de justicia ha traspasado a otras esferas, y que en un principio solo era denunciada por opositores del Gobierno.
En este sentido, la exministra de Educación Lucy Molinar adujo que en Panamá no hay justicia.
"Estoy segura de que aquí lo que hay es una guerra económica entre grupos, y algunos hemos quedado en el medio sin razón", detalló la exfuncionaria, quien no descartó que se sigan aplicando otros casos en su contra para incriminarla.
"Hagan todo lo que quieran, ya dejé de llorar al ver lo que he visto", declaró Molinar.
Explicó que en uno de los casos en los que fue acusada se adujo sobrecostos, sin embargo, al momento de sustentar la investigación, se comprobó que el precio ofertado fue menor al que denunciaba el Ministerio Público.
"Trajeron una cantidad de personas que dijeron mentiras y después inventaron un caso de instrumentos musicales, pero están en las escuelas, y ahora los que acusaron van a tener que subir y bajar escaleras", manifestó.
"Ustedes han escuchado al Gobierno que dice que han limpiado el aeropuerto, pero se van a llevar una sorpresa", manifestó.
A su vez, el comentarista político Juan Carlos Tapia señaló que hay procesos en los que los propios miembros del círculo cero del Gobierno han reconocido casos de injusticia.
Ante este panorama, sectores han señalado que la única forma de revertir el sistema sería un cambio profundo en la forma de administrar la justicia.
Para el vocero de Cambio Democrático Luis Eduardo Camacho, se trata de un problema que lleva varias décadas, pero es en el gobierno del presidente Juan Carlos Varela que llegó a colapsar totalmente.
Camacho sostiene que todo "lo que Cambio Democrático denunció desde los primeros cuatro meses del gobierno de Juan Carlos Varela, sobre la fabricación de expedientes, presión a testigos e intromisión en el Órgano Judicial, ha sido confirmado con el testimonio de personas cercanas al presidente".
Camacho afirmó que la realidad del sistema de justicia requiere correctivos para que la justicia retome la búsqueda de la verdad, y no ser una herramienta de persecución política contra sectores opositores del gobierno de turno.
"Lo que empieza mal acaba mal; si se inician los expedientes con testigos amañados, que lo hemos demostrado, y auditorías fabricadas, y las pruebas recogidas en ciertos procesos son manipuladas para ocultar cosas que no existen, como lo denunciado por el abogado Ortiz, es más grave, pues se involucra al propio Consejo de Seguridad", lamentó Camacho.
Justicia selectiva
En este sentido, el veterano político y miembro del Partido Panameñista Jorge Gamboa Arosemena aseveró que las irregularidades en la justicia son evidentes en casos como la Caja de Ahorros, por el que el exdirectivo Riccardo Francolini está detenido, pero había otros miembros de un mismo cuerpo, que era la junta directiva, y que deberían ser sindicados por el mismo delito, pero tienen medidas diferentes.
"Definitivamente, debemos creer cuando nos dicen que la justicia en Panamá no es justicia porque actúa selectivamente", manifestó el dirigente.
Agregó que otro de los casos vergonzosos sería el involucramiento del exasesor presidencial Ramón Fonseca Mora, quien después de haber sido indagado, no se ha filtrado sus declaraciones en los medios afines al Gobierno, como en otros casos.
"¿Y quiénes los filtran?, los que manejan esos expedientes, que no son los abogados defensores, que no tienen acceso muchas veces a los expedientes, es el Ministerio Público", denunció Gamboa Arosemena, quien opinó que si en el país no hay justicia, definitivamente no hay democracia.
Sectores coinciden en que la continuidad de una justicia manipulada llevará a que los ciudadanos enfrenten un estado de mayor inseguridad cuando deban enfrentase contra el Estado, al ser administrado por un gobierno que ha apadrinado denuncias de corrupción en entes como la Asamblea Nacional y ha aplicado persecuciones.
Claves
15 de noviembre se decretó la detención preventiva contra el mayor Alexis Cedeño.
10 toneladas de cocaína y cientos de millones de dólares decomisó Cedeño antes de ser arrestado.
Administración de Varela deberá alejarse de funciones judiciales
Ante las manipulaciones de la justicia, solo podría ser resuelta con un mecanismo democrático que permita modificar la estructura administrativa del país.
De esta forma coincidieron algunos sectores al señalar que debe darse una pronta solución a la falta de credibilidad que tienen los estamentos de justicia en Panamá.
Para el exvocero presidencial Luis Eduardo Camacho, esta alternativa no será posible en la administración del presidente Juan Carlos Varela, ya que se ha señalado que se requiere de un cambio donde el Órgano Ejecutivo debe separarse y dedicarse a lo que la Constitución le mandata, que es administrar los recursos del Estado y así aportar una mejor calidad de vida para los panameños.
“Ningún presidente debe estar metiendo sus manos en el Órgano Judicial, la cual debe andar por sí sola en la búsqueda de la verdad”, opinó Camacho.
A su vez, el panameñista Jorge Gamboa Arosemena declaró que es la ciudadanía la que debe organizarse para exigir cambios.
MP debe explicar filtración de expedientes
La filtración de documentos en el Ministerio Público fue denunciado ayer por el abogado Ramón Mendoza, quien señaló que en el caso de María Mercedes Riaño, existió una relación de su cliente con Mossack Fonseca de total subordinación y actuaba en Brasil por sus propias decisiones.
El jurista planteó que el Ministerio Público deberá investigar cómo sucedió esto.
Ello ante declaraciones de la abogada Riaño, quien denunció que han existido presiones.
El abogado Ramón Mendoza declaró que existe mucha información que se comprueba que lo dicho por su cliente no compagina con la investigación del MP.
“Lo más doloroso de esto es que la licenciada Riaño ha sido sometida a detención preventiva cuando no hubo una imputación de cargos en su contra, sino una investigación que ha sido malentendida en el mundo... en ese afán de investigaciones, aparecieron sociedades creadas por Mossack Fonseca”, aclaró.
