La ministra de Educación, Marcela Paredes de Vásquez, podría estar incurriendo en ilegalidad al autorizar la utilización de fondos del Estado para "organizaciones brujas, sin personería jurídica", tal como se le acusa a la denominada Confederación de Padres de Familia de Panamá.
Así lo explicó a Panamá América el profesor Diógenes Sánchez, vocero de la Asociación de Profesores de Panamá (Asoprof).
El dirigente gremial incluso reveló que Asoprof ya le ha hecho saber esta inquietud a la propia ministra Marcela Paredes.
"Ella lo que dice es que está sacando un decreto ejecutivo para legalizar estas organizaciones. Nosotros le respondimos que mientras no se formalicen, son ilegales", sentenció Sánchez.
Antecedentes
Resulta curioso que el propio Ministerio de Educación (Meduca) solicitara a la Confederación de Padres de Familia presentar el acta constitutiva de sus estatutos, en nota del despacho de la ministra con fecha 17 de noviembre.
Allí se le manifiesta a Eleazar Gómez (secretario general de la confederación) que con carácter de urgencia, a más tardar el 29 de noviembre, hiciera llegar la siguiente documentación: personería jurídica y copia constitutiva de sus miembros y estatutos.
También que se suspendiera la realización de un congreso que tenían previsto hasta que se remitiera la documentación en la fecha fijada, a fin de que se tomara como legal la organización.
Pero cumplida la fecha, y sin el recibo de lo solicitado, el director general de Educación, Miguel Bazán, gira otra nota en la que indica que por instrucciones de la ministra, la reunión del 29 se pasaba para el día 1 a las 10:30 a.m. para tocar el tema específico de la presentación de la documentación que la ministra estaba pidiendo.
Más adelante se pide a la Dirección Nacional de Asesoría Legal que se encargue de coadyudar en la formalización de esos trámites.
Inconformidad
Todo esto provocó la indignación de varias asociaciones de padres de familia de colegios de la capital que, agrupadas en el enlace de padres de familia de la Regional de Educación, exigieron que se impida operar a la confederación; alegan que no se sienten representados por ellos.
Parte de las supuestas irregularidades son el cobro de viáticos y la asignación de transporte oficial, así como coaccionar a las asociaciones de padres de familia del sector público.
Mónica Marín, del colegio Ascanio Villalaz, padre, de San Joaquín, agregó que "Eleazar Gómez no representa en Bocas del Toro a ningún padre de familia ni es presidente de ninguna asociación de escuela".
Lo anterior violaría la norma que establece que el confederado tiene que ser presidente de una asociación.
En declaraciones a RPC Radio, Marín también denunció que Aixa Gómez, otra activista de la confederación, se presentó en una reunión asegurando que venía en nombre del Meduca.
"Después confirmamos que ella no trabaja allá. Tenemos videos en los que dice que representa al Meduca, cuando en realidad no representa a nadie".
Panamá América contactó a Eleazar Gómez, quien negó las acusaciones y expresó que la confederación no pide dinero a asociaciones de padres de familia. Lo que sí reconoció es que están "en trámites de legalización" y que en ocasiones piden buses al Meduca para movilización.
Gómez también dijo que no se debe a los gremios ni al Meduca y que son un ente totalmente autónomo.
30
dólares de cuota por alumno piden las asociaciones de padres, muchas veces sin reportes.
15
años de activismo tienen algunos confederados, denuncian miembros de las asociaciones.
