La iniciativa recientemente presentada a la Asamblea Nacional por la procuradora Kenia Porcell para divulgar los datos de las personas investigadas por corrupción ha desatado confusión y suspicacia.
Esto, porque para algunos, Porcell se está valiendo de esta "estrategia" para hacer ver que no puede entregar tan fácilmente la lista de los involucrados en el polémico caso Odebrecht, una de las exigencias de la ciudadanía.
Además, cuando anunció que presentaría la iniciativa legislativa antes mencionada, abogados del país explicaron que esto podría violar el estado de inocencia, argumento que también podría ser utilizado por la procuradora para cuestionar la petición ciudadana de revelar nombres, en este caso, los de Odebrecht.
Para la abogada Yovany Ortega, Porcell está confundiendo a la población que desconoce la norma y está jugando con los términos jurídicos.
A su juicio, lo promovido por el Ministerio Público (MP) es contradictorio porque si el sistema no permite revelar nombres de personas vinculadas, cómo se convoca a una conferencia de prensa y se da indicios de quiénes son los involucrados.
Ortega detalló que dentro de los procesos existen maneras de vincular a una persona y luego decir, en términos correctos, quién y las razones, siempre y cuando se cuente con los elementos que lo confirman.
Ante este panorama, varios organizadores del movimiento ciudadano contra la corrupción, quienes realizarán un piqueteo el próximo martes 23 de enero, le solicitaron a la población no dejarse engañar.
Desconfianza
La propuesta de la procuradora Porcell, que surgió después de una masiva protesta contra la corrupción y antes de un nuevo piqueteo frente a la procuraduría, generó cierta desconfianza porque, de acuerdo con expertos, esta iniciativa de Porcell para levantar la reserva de datos en los casos de corrupción no tendrá carácter retroactivo, es decir, que una vez aprobada la misma se podría decir que esta solo aplicaría para los casos que siguen después de su aprobación, dejando atrás casos como Odebrecht o Blue Apple, aunque en este último Porcell ofreció algunas pistas de quiénes son los vinculados.
"Ninguna ley es retroactiva a menos que sea favorable al reo", expresó la abogada Ortega, explicando que, en efecto, los casos que exige la población podrían quedar fuera de lo estipulado.
El vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados (CNA), Alfonso Fraguela, concordó en que la medida no podría tener carácter retroactivo, salvo que la misma propuesta lo contemple y, en ese caso, otras personas de otros casos quedarían involucradas.
La iniciativa de Porcell propone modificaciones a los artículos 8, 274 y 287 del Código Procesal Penal y contempla también un aumento significativo de penas en los delitos de corrupción de servidor público, enriquecimiento injustificado, concusión, tráfico de influencias, fraude en contratación pública, entre otros.
La jefa del MP también les solicitó a los diputados el respaldo a otros dos proyectos que apoyarían el combate a la corrupción.
