Las funciones del Consejo Nacional de Seguridad han pasado de perseguir el delito, a la de atacar a opositores, periodistas y todo aquel que sea crítico del gobierno de Juan Carlos Varela.
Así lo han denunciado desde sindicalistas, gremialistas y periodistas hasta políticos de oposición, quienes han expresado que desde que asumió el actual gobierno, han llegado a sentirse intimidados por el Consejo de Seguridad, el cual está adscrito a la Presidencia de la República, teniendo como responsable a Rolando López, alias "Picuiro".
Solo ayer, el periodista de Medcom, Álvaro Alvarado, volvió a hacer un llamado de atención al Gobierno sobre cómo se conducen los estamentos de justicia en el país.
"En Panamá hay dos ministerios públicos, el de la procuradora Kenia Porcell y el del Consejo de Seguridad de Picuiro. ¿Presidente, esto es legal?", cuestionó el comunicador.
Ello, tras sus recientes denuncias en las que acusa al presidente Juan Carlos Varela y a Rolando López de armar una estrategia para "destruir la reputación de los periodistas que lo cuestionan".
A su vez, resuenan las denuncias hechas por el analista político, José Blandón, quien de forma categórica indicó en declaraciones al noticiero de NEXtv, que Rolando López viola abiertamente la ley, al adelantar investigaciones contra exmagistrados y altos funcionarios del Gobierno anterior, bajo la ilegalidad.
Blandón reveló que el propio Rolando López lo citó a él y al periodista Álvaro Alvarado a una reunión en el piso 15 del hotel Sheraton, a donde acudió en compañía de un capitán.
Relató que en esa reunión, "Picuiro" le mostró documentos de investigaciones personales que había estado haciendo a figuras como los exmagistrados Víctor Benavides y Alejandro Moncada Luna, así como expedientes del exministro Guillermo Ferrufino.
Según Blandón, todas esas pesquisas fueron mostradas antes de que se abrieran los procesos que estos funcionarios enfrentaron.
También agregó que en estos casos, es la Asamblea Nacional y el Ministerio Público (MP) los que tienen el aval para hacer este tipo de pesquisas.
"Yo le pregunté: ¿Ud. está autorizado para esto?, porque si no lo está, usted viola la ley. ¡Y que me desmienta López si eso es cierto o falso!", retó Blandón.
Incluso, tras las críticas emitidas por Blandón, López le envió un chat, como forma de intimidación para decirle que él no tenía nada que ver con las acusaciones que hacía el analista.
Si bien, la función del Consejo de Seguridad es actuar en inteligencia para procesar información relacionada a delitos como el narcotráfico y las bandas criminales, ahora esta labor se encuentra comprometida con un interés político, que pone en peligro la institucionalidad del país, coincidieron expertos.
Para el abogado y exministro de Seguridad, José Raúl Mulino, el Consejo de Seguridad debe usarse bajo el marco de la ley para los fines propios de la defensa y salvaguarda de la seguridad democrática del país y en apoyo a los estamentos de seguridad contra el crimen organizado, y no ser una entidad que se mete en política.
"Mucho menos debe dedicarse a la persecución política ni para estar espiando o pinchando e investigando a través de la UAF -Unidad de Análisis Financiero- , porque es una entidad muy sensitiva del sistema bancario panameño que no puede estar en boca de todo el mundo", refirió.
Añadió que en este momento "existe una mezcla de funciones con personas y directrices políticas, desde la procuradora Kenia Porcell, el presidente -Juan Carlos Varela- y todos los demás; eso es un delito y cuando pasen los tiempos no digan que es persecución política".
A su vez, el exviceministro de Gobierno, Alejandro Pérez, sostuvo que hay una realidad de que el Consejo de Seguridad está excediendo las funciones que la ley le atribuye, pues es una organización que asiste al presidente con información relevante de inteligencia, sobre actividades criminales en el país, los problemas de orden público y los problemas en las fronteras, a través de activos físicos y recursos tecnológicos para despejar la información que pueda ser falsa.
Sin embargo, Pérez sostiene que ahora preocupa que esta instancia esté dedicada a instruir expedientes, sobre posibles actos delictivos de la administración pública, obtener ilegalmente información bancaria de las personas que ellos investigan y no tienen que ver con la comisión de un delito y, en general, a perseguir políticamente, grabar conversaciones y crear falsas acusaciones.
"Este es el caso particular de Riccardo Francolini, presidente de NEXtv, en el que le ha informado al presidente que estaba patrocinando actos conspirativos, cuya información es falsa y el problemas es que controlan el país, desatando persecución con el afán de acallar las voces, cuando lo que hacen en su línea editorial es decir que el pueblo está jodido", relató el jurista.
En tanto, el exdirector de la Policía Nacional, Rolando Mirones, señaló que existe la percepción de que el Consejo Seguridad está siendo utilizado para cuestiones políticas.
"Es una institución que debe dar información de inteligencia procesada a la Presidencia y no se tiene que inmiscuir en temas judiciales; me preocupa muchísimo que hayan reportes de que en indagatorias participe el Consejo de Seguridad", subrayó.
Presiones
Las presiones del Ministerio Público contra la Caja de Ahorros, con el afán de que se conviertan en parte querellante en el proceso legal que se le sigue a exdirectivos de la institución, continuaron ayer, a pesar de que el banco aseguró que todo se manejó en orden.
Trascendió que varios funcionarios del banco fueron conducidos, sin citación previa, a la Fiscalía Anticorrupción que dirige Tania Sterling, para rendir declaración jurada sobre el préstamo que se investiga.
Entre las personas, se menciona a Karla Villalaz, gerente de Banca Corporativa de la Caja de Ahorros.
Extraoficialmente se pudo conocer que la funcionaria fue ingresada a la fiscalía de forma secreta, con el fin de que los medios de comunicación no se percataran de la diligencia judicial.
Exigen al procurador González que deje de intervenir en proceso penal
Carlos Carrillo, representante legal de Riccardo Francolini, le exigió al procurador de la administración, Rigoberto González, que deje de intervenir en el proceso penal que se le sigue a exdirectivos de la Caja de Ahorros (CA).
A través de una misiva, el jurista le recordó al funcionario que no está facultado para inmiscuirse en ningún proceso de tipo penal.
Carrillo aseguró que González ordenó al actual gerente general de la Caja de Ahorros, Mario Rojas, a través de una nota, emitida el 18 de octubre de 2016, que la institución bancaria se hiciese parte del proceso.
Esto, según Carrillo, contraviene las funciones del procurador de la administración, conforme a los artículos 5, 6 y 7 de la Ley 38 de 31 de julio de 2000 y el Texto Único del Código Judicial, en los que se precisan las facultades de este funcionario.
Claves
263 fue el Decreto Ejecutivo que creó el Consejo de Seguridad Nacional el 19 de marzo de 2010.
13 es el artículo de la Ley del Consejo de Seguridad que prohíbe el espionaje político.
