Una lluvia de críticas a través de las redes sociales e incluso de juristas desataron las declaraciones de la procuradora de la nación, Kenia Porcell, en las que esta planteó que no conocía al presidente Juan Carlos Varela antes de su designación. "Mi hoja de vida es la que me ha llevado al cargo".
Los cuestionamientos surgidos tras estos señalamientos surgen porque es de conocimiento público que Porcell laboró en su momento en el Consejo de Seguridad, junto al ahora presidente Juan Carlos Varlea.
Desde mentirosa hasta que ni ella misma se cree lo que ha dicho eran algunos de los tuits que se podían leer.
Durante su intervención en TVN Canal 2, Porcell también negó que en su administración haya justicia selectiva.
"En el Ministerio Público no se aplica la justifica selectiva", aseguró.
Planteó que los fiscales investigan de acuerdo a lo que establecen las normas y tras las denuncias que son presentadas formalmente.
La procuradora dijo: "En ningún país serio se permitiría la justicia selectiva".
Empero, la opinión pública y sectores de oposición han denunciado la existencia de una justicia selectiva, que castiga con medidas cautelares severas a exfuncionarios del gobierno anterior, mientras que a acusados que son allegados al actual gobierno se les da un tratamiento menos severo.
Algunos sectores recordaron que Porcell llegó al Ministerio Público en medio de críticas por parte de la sociedad civil organizada. El principal cuestionamiento fue por la forma sorpresiva en que se hizo el anuncio de su designación.
Carlos Herrera Morán, quien en ese momento era el secretario general del Colegio Nacional de Abogados, se sumó a estos cuestionamientos en vista de que no se realizó la tan pregonada consulta que prometiera el presidente Juan Carlos Varela en su campaña política.
Una declaración jurada que revelara el abogado Roinier Ortiz, como parte de la denuncia por abuso de autoridad que presentara en la Asamblea Nacional en contra del presidente de la República, Juan Carlos Varela, da cuenta de que el mandatario y Porcell se conocían antes de su designación como procuradora.
En la declaración, revela que Varela, siendo presidente de la República, llegó al edificio 150, donde funciona el Consejo de Seguridad.
En ese momento, estaba al frente de la entidad Rolando López y tenían como asesora legal a la actual procuradora.
Este encuentro pudo haber sido clave para que se armara el expediente de los pinchazos telefónicos que luego diera lugar a la detención de dos exjefes del Consejo de Seguridad, Alejandro Garuz y Gustavo Pérez.
En la Corte, también se admitió una denuncia en contra del exmandatario por este caso.
Sin embargo, en estos momentos, cuando se le pregunta a la procuradora sobre su cercanía con el mandatario, esta la niega categóricamente.
Desde que Porcell asumió el despacho de procuradora, se aumentaron dramáticamente los procesos de corrupción en contra de exfuncionarios y empresarios allegados al gobierno de Martinelli.
Uno de estos procesos es el de los pinchazos telefónicos, en el que, a juicio del abogado Roinier Ortiz, se han violado todas las garantías fundamentales de los dos detenidos y exsecretarios del Consejo de Seguridad.
Se decretaron detenciones preventivas cuando la norma establece que si se trata de delitos en los que la pena no supera los cuatro años, no cabe esta medida.
En el caso de espionaje telefónico, entra en el tipo penal de los delitos contra la intimidad, en los que la pena es menor a los cuatro años de prisión.
Mientras esto ocurre, en otros casos en los que la pena es mayor, como los de Bosco Vallarino y Grimaldo Córdoba, ambos dirigentes del Partido Panameñista han recibido medidas cautelares más leves de casa por cárcel y libertad condicional, respectivamente.
También ha surgido el cuestionamiento sobre exfuncionarios del gobierno anterior que están siendo protegidos por el presidente Varela y a quienes, pese a que existen evidencias de su participación en los casos, no se les ha llamado, o en otros hechos se les ha otorgado medidas preventivas leves de país por cárcel.
Una reciente encuesta de Dichter & Neira que mide la percepción popular colocó al Ministerio Público como la entidad de seguridad con menor credibilidad.
Principalmente, esto obedece a la persecución de justicia selectiva desde el Ministerio Público (MP).
Ante estos cuestionamientos, la procuradora Porcell señaló que los fiscales anticorrupción manejan sus casos en completa independencia, y negó que estos funcionarios de instrucción le hagan consultas en medio de las investigaciones.
En la administración de Porcell, se ha dado el mayor aporte financiero a las fiscalías anticorrupción en estos siete meses transcurridos del año, se han creado dos nuevas y se espera una séptima que realizará investigaciones de lavado de dinero.
Datos
3 denuncias contra el expresidente Ricardo Martinelli en la Corte Suprema de Justicia.
4 son a los que la fiscalía ha solicitado llamamiento a juicio en caso de los pinchazos.
Comisión de Credenciales tiene el deber de dar el trámite a investigación a presidente Juan Carlos Varela
Habría que esperar la instalación de la Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional para que la denuncia contra el presidente de la República, Juan Carlos Varela, siguiera su curso. Esta fue la explicación que dio el secretario general de la Asamblea, Franz Wever, en el momento en que el abogado Roinier Ortiz interpuso la denuncia.
Ahora que se instaló la Comisión de Credenciales, ayer, toca que esta denuncia reciba el trámite correspondiente, es decir, si es admitida o rechazada. Ante esta situación, la diputada Zulay Rodríguez, quien forma parte de esta comisión, tiene dudas de que este proceso siga su curso, tomando en cuenta que es el diputado Jorge Iván Arrocha, presidente de Credenciales y miembro del Partido Panameñista.
En el periodo pasado, la Comisión de Credenciales investigó a dos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Alejandro Moncada y Víctor Benavides, quienes ya no ocupan estos puestos.
La denuncia contra el presidente Varela es por los delitos de abuso de autoridad y extralimitación de funciones, por la presunta intromisión en los procesos penales que en estos momentos se investigan en el Ministerio Público. Además de Arrocha, la Comisión de Credenciales la conforman Rubén De León, José Muñoz, Mariela Vega, Florentino Ábrego, Zulay Rodríguez, Rony Araúz y Benicio Robinson.
