El hacinamiento carcelario por el abuso de la detención preventiva es la violación a los derechos humanos más marcada en la que incurre el gobierno del presidente Juan Carlos Varela.
En este punto coinciden diversos sectores jurídicos, que son ajenos a "voces de la oposición", como intentó acusar esta semana el propio mandatario, quien niega la persecución política y se esfuerza por sostener su discurso de independencia entre los poderes Ejecutivo y Judicial.
No obstante, abogados de trayectoria, como el constitucionalista Miguel Antonio Bernal, señalan que en el Panamá de hoy el sol no se puede tapar con la mano.
"El Gobierno no puede negar que hay gente que no ha hecho méritos para estar presa, como el Sr. Óscar Osorio que lleva casi dos años de estar privado de libertad por capricho de una fiscal. Yo creo que esta es una situación muy grave", advirtió Bernal.
"Es importante que abramos los ojos", continuó el jurista, en alusión a lo imperativo de la denuncia ciudadana frente al abuso de la detención preventiva, que se ha puesto de moda en este gobierno.
Para el también abogado Ernesto Cedeño, el Ministerio Público (MP), en cuanto a disposición de medidas cautelares, ha actuado sin control y, sobre todo, sin uniformidad, en algunos casos excediendo lo que dice el Código Judicial.
"Aquí ha habido abuso, al imponerse medidas cautelares alejadas de lo que dice el tenor judicial", ha indicado Cedeño.
En este sentido, advierte que los ciudadanos están preocupados porque no saben cuál es el criterio que va a tener el MP para imponer una medida cautelar, pues se está saliendo del margen del Código Judicial.
Cedeño incluso ha recomendado a la procuradora Kenia Porcell que se reúna con las fiscalías anticorrupción para ver el alcance de lo que dice el Código Judicial.
Iniciativa
Desde Panamá ya se envió una nota a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos para que una comitiva venga a evaluar la situación
"Pero para que haya una visita, debe haber el acuerdo gubernamental. Es decir, el Estado debe aceptarlo. Y tengo entendido que el Gobierno ha hecho diligencias para evitar esa visita", reveló Miguel A. Bernal.
