Detención provisional para abogada que se hacía pasar por asistente de Mulino

Un juez de garantías formuló cargos por la supuesta comisión de delitos contra la seguridad informática y usurpación de funciones públicas, en perjuicio del presidente de la República, José Raúl Mulino, a una abogada de 39 años.

El Órgano Judicial informó que la imputada se hacía pasar por asistente personal del mandatario y contactaba a empresarios, ofreciéndoles participar en proyectos gubernamentales a cambio de importantes sumas de dinero.

La audiencia, realizada bajo reserva a solicitud del Ministerio Público, permitió que la jueza, tras escuchar a las partes involucradas, determinara que la medida de detención provisional era necesaria y proporcional debido a la gravedad de los hechos imputados.

Asimismo, se consideraron los riesgos procesales de afectar medios de pruebas, peligro de fuga y el peligro para la comunidad por atentar contra la seguridad jurídica del estado.

Previo a esta decisión, el tribunal legalizó la aprehensión conforme al artículo 235 del Código Procesal Penal.

Durante la sesión, el fiscal Daniel Vallejos y Gleici Hernandez presentaron los cargos, mientras que la defensa de la imputada estuvo a cargo de la defensora pública María Victoria González.

La defensa de la víctima fue representada por el abogado Juan Cedeño, designado en representación del Ministerio de la Presidencia.

Esta investigación inició tras un incidente ocurrido el 25 de septiembre del presente año, cuando se sustrajo la libreta de contactos de un alto funcionario del Órgano Ejecutivo. El presidente Mulino denunció el pasado 17 de agosto en su cuenta de X que su cuenta había sido vulnerada.

"Quiero alertar a la población que mi teléfono celular fue hackeado y se está utilizando falsamente mi nombre en diferentes plataformas de chat (Signal, WhatsApp y Telegram). Ya la seguridad del Estado está investigando el ilícito", posteó el mandatario.

La aprehensión de la indiciada se dio en el corregimiento de Vacamonte, distrito de Arraiján, por medio de una diligencia de allanamiento a una residencia, diligencia donde se le decomisaron equipos tecnológicos, como celulares, laptops, entre otros.