- 33.5 millones de dólares fue el secuestro contra el Ingenio La Victoria.
- Competidoras directas de Varela Hermanos S.A. son desarticuladas.
- Cierre de operaciones de empresas relacionadas con el azúcar.
El secuestro de bienes, cuentas corrientes y depósitos de la Central Azucarera La Victoria, S.A., ordenado por la Dirección General de Ingresos (DGI), sería considerado como una medida en destiempo y que riñe con el procedimiento jurídico.
Esto también, al quedar reflejadas varias inconsistencias en la justificación dada por la DGI para aprehender los bienes de la empresa, la cual está vinculada al expresidente de la República Ricardo Martinelli.
Rubén Elías Rodríguez, expresidente del Colegio Nacional de Abogados (CNA), opinó sobre la metodología que debe ser aplicada en este tipo de casos, aunque dijo desconocer los expedientes vinculados a la azucarera La Victoria.
Instruyó que desde que se dicta la resolución y las personas son notificadas, deben cumplir con el pago o recurrir contra la resolución, ya que la DGI puede actuar contra el omiso de las contribuciones fiscales.
“Tienen que darle el debido procedimiento, y donde se dice que paguen, generalmente se hace en 15 días, para seguirse a la Sala Tercera de la Corte y ver un alcance fiscal”, destacó el jurista Rodríguez.
Sin embargo, solo bastaron 23 días hábiles para ordenar el secuestro, contrario a la burocracia que opera en la mayoría de entidades.
Incluso, hay evidencia de que el 19 de febrero pasado, el Registro Público remitió las copias autenticadas sobre los valores inscritos de las fincas, que supuestamente difieren de los valores certificados por el Ministerio de Comercio e Industrias (Mici).
En este sentido, el expresidente del Colegio de Abogados señaló que las medidas cautelares contra una empresa por razón de deuda fiscal pueden ser motivadas cuando se considere que la persona no cumplirá sus responsabilidades fiscales.
Aunque el argumento de la DGI fue que “el contribuyente -que sería el ingenio La Victoria- podría tomar alguna medida que dificulte el cobro efectivo de la suma...”, al final, no se especificaron las razones que llevaron a esta conclusión.
La DGI consideró que fue justificado, “no solo decretar una medida cautelar, sino fijar un monto razonablemente importante...”.
“Si la DGI ha dictado una resolución de este alcance, es porque tiene facultades para hacer cumplir el pago. Hay que verlo con notificación y vista de las personas, además de convidarlas al pago de un término, pues si no pagan, sencillamente tendrán que ejecutar el cobro con los bienes de las personas naturales o jurídicas”, añadió Rodríguez.
Hubo otras opciones
Juan Planells, presidente de la Asociación Panameña de Exportadores (Apex), opinó que “todo el mundo debe pagar impuesto, pero me parece inoportuna la acción en este momento, porque coincide con una serie de acciones que pueden dar la percepción de que se está persiguiendo al expresidente -Ricardo Martinelli- por razones políticas y a sus negocios”.
“Pienso que la DGI debió agotar todos las fórmulas antes de proceder a una acción como esa; desconozco los detalles de si lo hizo o no lo hizo, pero debieron”, opinó el empresario.
Según Ricardo Sotelo, presidente del Sindicato de Industriales de Panamá (SIP), “esta opción -de un secuestro de bienes- es una ley que permite solo hasta 10 veces el monto adeudado por la empresa, y pues cada quien tiene los mecanismos pertinentes para defenderse”.
El informe preliminar presentado por la DGI estableció que la supuesta suma nominal de impuesto dejado de pagar asciende a 4 millones 191 mil 411 dólares con 29 centavos($4,191,411.29).
Sin embargo, en el documento fechado el 4 de marzo de 2015 y firmado por Publio Cortés, director general de Ingresos, se especificó que el secuestro sería por 33 millones 531 mil 290 dólares con 32 centavos ($33,531,290.32).
Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura (CCIAP), José Luis Ford, dejó claro que siempre se ha recalcado que las empresas deben cumplir con sus compromisos tributarios.
“Pensamos que la medida del secuestro es bastante extrema cuando existen otras opciones, como la conciliación, la voluntad, entre otras”, planteó.
Ford coincidió con el expresidente del Colegio de Abogados en que se deben agotar otras medidas antes de llegar al secuestro.
Pendientes
Tras conocerse la medida impuesta por la Dirección de Ingresos, críticos de la administración del presidente Juan Carlos Varela han señalado que todo se trata de una persecución contra el exmandatario.
Aun se cuestiona por qué no se ha aplicado la misma medida a otros empresarios que adeudan al fisco importantes sumas de dinero.
Entre estos, el empresario Roberto “Boby” Eisenmann, quien ayer señaló el presunto no pago de impuestos por parte de otro exfuncionario.
“Resulta que el ministro del MEF le informó a Álvaro Alvarado que -Luis- Cucalón no pagaba impuestos”, escribió en su cuenta de Twitter.
Según el economista y excandidato presidencial Juan Jované, el Estado debe ser ecuánime con todas las partes y eso significa que la administración de impuestos sea obtenida para los recursos que se necesita y nunca debe ser otra cosa.
“La ley debe ser pareja para todo el mundo. No puede ser selectiva y debe ser oportuna para resolver a tiempo, de lo contrario, no se está haciendo bien”, instruyó Jované.
“Si lograra hacerse justicia sobre quienes evaden al fisco, la recaudación impositiva sería mayor para resolver los problemas. Es una obligación legal y ética. Deben ser tratados con la misma vara”, concluyó.
La DGI mantiene un hermetismo sobre el tema y hasta el momento no ha emitido comunicado.
Secuestro del ingenio La Victoria pone en peligro ocho mil puestos. ¿Fue apresurada actuación de la DGI?
- @IsmaelH79709698: Todo es para hacer un daño a una persona en especial, sin pensar en miles de familias, esto es El Pueblo Primero.
- @martamartinelli: Embargo ingenio La Victoria por 33 millones y sus cuentas pone en peligro la zafra y a sus empleados. Si hay algún alcance o morosidad, se paga.
- @ArturoVallarino: MEF no habla del ingenio La Victoria. Decisiones de @JC_Varela contra competidores deben preocupar a empresa privada.
- @varelapopi: No conozco detalles legales del secuestro de cuentas del ingenio La Victoria, pero la percepción será que es persecución política. ¡Cuidado!
- @ArelysShaw: Gana JCV -Juan Carlos Varela- e inmediatamente le mandan la DGI al ingenio La Victoria de RM. Ya ni disimula en su venganza, ¡tanto que criticó estas prácticas!
- @olgamancuso: Qué barbaridad, hasta cuándo tanta arbitrariedad.
