Una recomendación para modificar la ley que rige el Sistema Penal Acusatorio (SPA), y que permitiría enjuiciar a personas acusadas de un delito que se encuentren fuera del país, fue denunciada ayer por el equipo legal del expresidente Ricardo Martinelli.
Ello, al no ser la primera vez que la Corte Suprema de justicia (CSJ) pretende cambiar las reglas del juego, reclamó la defensa.
Para el abogado Sídney Sittón, "en estos procesos -que se le siguen al expresidente- se han cambiado las reglas del juego, en primer lugar, cuando el partido va por la mitad del tiempo, pero aparte de eso, los árbitros han confundido sus roles y se han convertido en actores", detalló.
El jurista consideró que hacer un cambio al SPA es una situación inimaginable "porque el hecho de hacer que un día seas fiscal y otro día juez del caso donde investigas a una misma persona rebasa el entendimiento y demostraría que solo se legisla para perjudicar a una sola persona".
Afirmó que esta situación ha traído como consecuencia que haya "fiscales que ejercen como jueces y jueces que ejercen como fiscales al mismo tiempo".
A su vez, el exprocurador general de la nación Rogelio Cruz manifestó que, ante esta posibilidad, es la Cote Suprema la que debe proponer dicho cambio y es una idea que nunca antes se había planteado. "Como tal, nunca se había considerado ni legislado", afirmó.
Y es que el magistrado de la Corte Harry Díaz reveló ayer durante un conversatorio que los casos por los que se investiga al expresidente Ricardo Martinelli se mantienen iguales y solo esperan su comparecencia en el proceso.
"Te van a saltar una gran cantidad de abogados que digan que esto atenta contra la esencia del SPA, ¿pero qué estamos buscando, administrar justicia o favorecer a un procesado...?", reveló Díaz, al sostener que si una persona no quiere atender a la justicia, debe atenderse por notificado.
Un talón de Aquiles
Según el magistrado Harry Díaz, quien es fiscal del caso en el que se investiga al exmandatario por supuestos pinchazos telefónicos, el requerimiento de que los implicados se encuentren presentes durante un juicio "es uno de los talones de Aquiles que tiene el SPA".
Díaz explica que hay algunos mecanismos que deben ser ajustados a la ley, y es una idea solamente, pero "si no, con esto estamos creando un sistema de impunidad".
Agregó, por otro lado, que lo publicado hasta ahora es lo que la parte querellante ha suministrado a medios de comunicación.
Mala interpretación
La defensa del expresidente Ricardo Martinelli ha denunciado que desde el primer momento, el magistrado Harry Díaz ha excedido sus funciones al presentar un escrito de acusación antes de imputar cargos en el caso de los pinchazos telefónicos.
Ello, para darle celeridad al caso, que ya goza de varios vicios de nulidad, como declarar en rebeldía al expresidente sin antes referirse a su requerimiento.
El abogado Carlos Carrillo sostuvo en ese entonces que la actitud de Mejía confirmaba el acto de nulidad cometido al presentarse un escrito de acusación sin leer los cargos a Martinelli.
A su vez, el experto en derecho penal, el abogado Dimas Guevara, afirmó que en sus más de 30 años de trabajo en el sistema de justicia, nunca se había desconocido tanto, por parte de un magistrado, elementos fundamentales como no considerar la imputación para presentar el escrito de acusación.
Guevara afirmó que en los casos en los que se está empleando el Sistema Penal Acusatorio (SPA), si a un fiscal del Ministerio Público se le ocurre acusar sin realizar imputación, es objeto de una denuncia penal.
Actualmente, las acciones anunciadas por el pleno de la Corte Suprema de Justicia deben darse mediante una audiencia pública y cumpliendo la figura de la oralidad. Esto basado en que el Código Procesal Penal establece que los actos se realizan mediante audiencia pública, bajo la figura ya mencionada.
Presupuesto del SPA, entre los argumentos para modificar la ley
La modificación de la ley que rige el Sistema Penal
Acusatorio también iría orientada en la necesidad de dotar de mayor presupuesto al sistema que albergará el nuevo modo de administrar justicia.
El magistrado Díaz explicó al grupo de abogados gremialistas que en este momento se estaría muy por debajo del presupuesto inicial, pues las primeras cifras hablaban de 300 millones de dólares, entre el Órgano Judicial, el Ministerio Público y el Instituto de Medicina Legal.
“Cuando escuché los primeros planteamientos en el Pleno, parecía que todo caminaba bien, pero ahora escucho que se habla de recortes”, afirmó.
Agregó que inicialmente el presupuesto era de 100 millones de dólares para el Órgano Judicial, pues se pretendía adoptar nuevas estructuras, pero por el tiempo ya no va a ser posible.
Incluso solo se esperaría tener 49 millones de dólares que pretenden completarse con créditos extraordinarios, que difícilmente se transfieren.
