La convocatoria para discutir en primer debate el proyecto de ley 292, que reforma el Código Electoral, terminó por confirmar el temor de varios sectores sociales: El no respaldo de los diputados a la propuesta.
Y es que pese a que se había avalado por representantes del Legislativo el paquete de reformas, ayer, a última hora, varios de los miembros de la Comisión de Gobierno decidieron reunirse por separado.
Solo un grupo de tres diputados encabezados por el presidente de la Comisión de Gobierno, Pedro Miguel González, acudió a la cita.
Esto contradice lo afirmado por el presidente de la Asamblea Nacional, Rubén De León, quien aseguró anteriormente que una vez llegara la propuesta, "se le dará el tratamiento debido".
No obstante, De León había advertido que no serían tramitadas de manera apresurada y se desarrollarían en un debate amplio (...).
En esta sesión debía discutirse la metodología de trabajo, que terminó por ser en bloque y no por eje temático.
Previo a la discusión, el diputado Pedro Miguel González dio las directrices de lo que se debía realizar. "Pretendemos avanzar en la lectura del proyecto que es extenso y, también, si tenemos el cuórum de votación, establecer la metodología".
Sin embargo, no pudo quedar establecida ni siquiera dicha metodología, y más tarde debió conformarse con el respaldo de tres de sus compañeros de bancada. "Debemos esperar hasta que se dé la sesión del próximo martes, para que los diputados de la comisión puedan aprobar dicha propuesta, y entrar al debate", afirmó resignado.
Las bancadas de los partidos Cambio Democrático y Panameñista decidieron reunirse por separado y analizar las reformas, informando que querían conocer más detalles de las propuestas presentadas ante el Legislativo.
Por parte de la Comisión de Reformas solo asistieron los tres magistrados del Tribunal Electoral, Eduardo Valdés Escoffery, Erasmo Pinilla y Heriberto Araúz. A su vez, de los independientes, Juan Jované y Gerardo Solís.
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El debate incluye una serie de temas propuestos por la Comisión Nacional de Reformas Electorales (CNRE) para que, la propaganda electoral sea financiada únicamente a través de los recursos del Estado y administrados por el Tribunal Electoral.
Además de retomar el voto en plancha y la escogencia de los diputados del Parlamento Centroamericano. Este proyecto cuenta con 100 artículos, que se discutirán en tres bloques y el primero de estos va del artículo 1 al 34.
"En efecto, hemos entrado al primer debate y ya se le dio lectura a lo que consideramos debe ser el primer bloque del primer debate y de conocimiento público para que hagan sus consideraciones", señaló el diputado Pedro Miguel González al explicar la metodología.
González sostuvo que las distintas modificaciones y preocupaciones por topes, que están por debajo de lo que se requiere para una candidatura, serán evaluadas.
También se refirió al método de votación en los circuitos plurinominales como uno de los puntos polémicos.
Por otro lado, Erasmo Pinilla, magistrado presidente del TE, manifestó que en la actualidad "existe una norma muy tibia sobre el financiamiento privado", por lo cual es importante que todos los candidatos presenten un informe bajo declaración jurada de los ingresos, pues "no hay auditorías posibles".
A su salida de la comisión, el magistrado Eduardo Valdés Escoffery señaló que aquellos miembros de partidos que tienen propuestas, deben acudir a la discusión para proponerlos.
"El periodo para hacer aportes ya concluyó. Hemos dejado muy claro que este es un proyecto de la Comisión de Reformas, y en esta fase el TE solo moderó", destacó.
Aclaró que el Tribunal solo votaba en caso de empate, y el proyecto contempla una serie de mejoras.
Sobre el financiamiento de los independientes, detalló que seguirá con un total de 50 centavos por adherentes, y se reduce a la mitad del 4% al 2%, con ocho meses para inscribirlos, los siete días de la semana. "Ocho meses es más que suficiente".
Sostuvo que el financiamiento público poselectoral debe ser justificado, y antes la norma no lo contemplaba.
La iniciativa que modifica el Código Electoral no está escrita en piedra.
Anteriormente, el diputado Rubén De León afirmó que la iniciativa que modifica el Código Electoral no está escrita en piedra y habrá un amplio periodo de consultas y de debate en el Órgano Legislativo.
"Nosotros no tenemos un documento escrito en piedra, queremos escuchar la opinión de los diversos sectores. Esperamos poder aprobar esta propuesta en mi legislatura, antes de que termine en abril, pero es un proceso que se inicia con la participación de todos los sectores", dijo De León, tras recibir la propuesta.
Magistrado del Tribunal Electoral avala derogar polémico decreto
El magistrado del Tribunal Electoral Eduardo Valdés Escoffery aclaró a inicios de esta semana que ha existido la misma prerrogativa desde 1983.
"Tiene casi 33 años. Nosotros vamos a apoyar la derogación de ese componente. No debe estar allí y ha estado allí a espaldas de todos porque a nadie se le ha ocurrido utilizarlo", afirmó Escoffery, tras los duros cuestionamientos de la sociedad civil.
La Comisión Nacional de Reformas Electorales (CNRE), en sus sesiones de trabajo, mantuvo la permisión para cerrar medios de comunicación.
Precio de planes para pautas, los más exorbitantes del mercado
Entre los artículos propuestos objetados se encuentra el 198-J, el cual faculta al TE para aprobar los planes de medios.
Esto no solo sería por los spots y las pautas, sino también las estrategias del candidato del partido al asistir a programas de opinión, entrevistas, explicó uno de los responsables.
Sobre la campaña sucia, quedaría una brecha muy amplia, al dar a los medios la responsabilidad de decidir, ello excluye las facultades de la autoridad, en este caso el TE y la Fiscalía Electoral.
En el periodo de consultas se habló de que también se carece de herramientas legales para que, de manera sumaria, tanto el Tribunal Electoral como la Fiscalía Electoral ordenen la suspensión de una propaganda sucia.
También se objetó el artículo 204-A, que establece sancionar a un medio de comunicación con una multa de 10 veces el valor comercial de una propaganda cuando se realizan actos de campaña en violación de la ley electoral y sus reglamentaciones.
A su vez, la posibilidad del cierre del medio como sanción, pese a que durante las consultas, este punto había sido eliminado.
Se describe además que exista una regulación, pero con equidad y la participación de todos.
El comunicador social Juan Carlos Tapia criticó el hecho de que se haya reducido el periodo electoral a 90 días, con el probable gasto para propaganda, que puede estimarse en $60 millones.
“Va a haber medios que no van a tener la capacidad o que no van a aceptar pautar porque tendrían que sacar a sus clientes comerciales”, afirmó.
Señaló que “es un poder que no lo vislumbramos, pero probablemente vamos a tener a los tres funcionarios con más poder en este país porque podrán manejar $100 millones de dólares a su criterio”.
Rechazan exceso de poder del Tribunal
Los magistrados del TE, luego de haber presentado la iniciativa en la Asamblea Nacional, han debido retractarse sobre sus primeras consideraciones.
Ello, tras un año de consultas en la Comisión Nacional de Reformas Electorales, y adaptando las modificaciones propuestas por los medios.
No obstante, expertos señalan que son varias las fallas cometidas por el TE que deben corregirse.
Incluso, la vicepresidenta del Consejo Nacional de Periodistas (CNP), Rita Vásquez, dijo en su exposición que con este proyecto prevalecía la preocupación por un posible cierre de medios de forma inmediata.
Por su parte, el constitucionalista Miguel Antonio Bernal plantea que el TE ha insistido en violar el tratado del Parlacen, al mantener el control de las candidaturas por la partidocracia.
