"No sé qué se quiere hacer en el fondo, pero tengo la impresión de que se va a cometer un error garrafal", advirtió el secretario general de la Fenasep, Alfredo Berrocal, al referirse al proyecto de Ley de Carrera Administrativa para la modernización de los recursos humanos.
Indicó que todas las administraciones han revisado la Carrera Administrativa y la han moldeado a sus necesidades, sin excepción. "Para mí es una forma de asegurar espacios en el escenario público para clientes políticos y es una gran verdad", argumentó.
Expresó que no puede haber una buena ley de Carrera Administrativa si su regente es una institución subalterna a un órgano superior, que es donde se toman las decisiones de contratación y despido.
Añadió que la propuesta de la ley es inconsulta, porque hasta donde tiene entendido, no ha sido democráticamente discutida.
"De pronto hay un afán en hacer una norma a costa de lo que sea, lo que puede poner en riesgo la seguridad jurídica de los trabajadores, pero estamos dispuestos a hablar del tema con quien sea", manifestó a Panamá América.
En cuanto a la creación del Tribunal Administrativo de la Función Pública, incluido en el proyecto de ley, dijo que las personas que lo integrarán no pueden ser designadas por el presidente de la República, sino por distintos sectores productivos del país.
"Si los designa el presidente, escogerá a clientes políticos", afirmó.
Por su parte, la exdirectora general de Carrera Administrativa Mariela Jiménez sostuvo que toda reforma a la Carrera Administrativa debe ir enfocada a mejorar e ingresar a los trabajadores por méritos y evaluación, pero si ese objetivo no se cumple, "no se está haciendo nada".
Agregó que durante su administración propuso hacer cambios a la Ley de Carrera Administrativa para incluir, por ejemplo, la evaluación a los servidores públicos y la activación de un banco de datos.
Afirmó que en Panamá no hay una Carrera Administrativa de mérito. "Entramos a las instituciones, no por méritos, sino por cuestiones políticas, y eso es una realidad que todos los gobiernos hacen", manifestó Jiménez.
El pasado miércoles, el ministro de la Presidencia, Álvaro Alemán, presentó en la Asamblea Nacional la iniciativa que adopta medidas para la modernización del sistema de recursos humanos del Estado.
Datos
3 magistrados integrarán el Tribunal Administrativo de la Función Pública, los cuales serán nombrados por el presidente.
500 dólares será el sueldo mínimo de los servidores públicos.
264 recursos se han interpuesto por funcionarios ante la Junta de Apelación.
