- 30 días les dio el Gobierno a los pandilleros para entregar las armas.
Oportunidad
- Rehabilitación
- 4,174 privados de libertad participaron en programas de alfabetización y estudios superiores, además de cursos técnicos laborales.
- Participación
- 97 privados de libertad se sumaron a los nuevos programas de atención especializada en tratamiento (adicción a drogas, competencias sociales y ofensores sexuales).
- Labores
- 1,167 privados de libertad laboran dentro y fuera de los centros penales.
Cárceles
- Estudios
- Según cifras del Sistema Penitenciario del año 2010 a 2013, un total de 9,648 privados de libertad estudiaron bajo programas del Ministerio de Educación para culminar primaria y secundaria.
- Programas
- De los 15,090 privados de libertad, 3,684 participaron de un programa educativo, mientras que 2,035 en un programa de trabajo.
- Inadeh
- 11,759 privados de libertad obtuvieron su certificación de parte del Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (Inadeh) en el periodo de 2010 a 2013.
Sin registros de éxito, el programa que busca reinsertar a pandilleros y otros jóvenes delincuentes al mercado laboral y social del país vuelve a plantearse por parte del gobierno de Juan Carlos Varela, como una medida para hacerle frente a la creciente ola de delincuencia que enfrenta el país en los últimos meses.
Las principales barreras a la que hacen alusión expertos, abogados y empresarios son la carencia de una educación adecuada, el hecho de que para poder ser contratados en un determinado puesto de empleo se les exige el récord policivo y que la pena accesoria para algunos de los jóvenes que han sido condenados los inhabilita para ejercer funciones públicas.
Sumado a estos tres obstáculos está el hecho de que en Panamá hay pocas experiencias exitosas en reinserción laboral, debido a que no se cuenta con un proceso sistemático de resocialización.
La presidenta de la Asociación de Ejecutivos de Empresas (Apede), Dagmar de Álvarez, considera que el principal impedimento para que expresidiarios sean reinsertados al mercado laboral es la carencia de una formación académica o en determinada área.
Destacó que al joven, por no contar con una buena educación, se le imposibilita desempeñarse a nivel empresarial, o en un puesto bien remunerado, lo que da paso a que las plazas sean ocupadas por extranjeros.
En cuanto al récord policivo, de Álvarez indicó que es un tema interesante, ya que, por naturaleza, el empleador quiere saber la procedencia de su colaborador y tiene derecho a esta información como una hoja de vida.
Justificó la petición de esta información con el argumento de que “nadie quiere comprarse un dolor de cabeza” y por ello es correcto este derecho de pedir tal documento a quienes aspiren a una plaza de empleo.
“No se trata de contratar y ya , las personas deben tener un tutor”, señala la empresaria, sobre la contratación de expresidiarios.
Va más allá y plantea que otro punto de impedimento no es solo el récord policivo, sino el lugar de residencia, que muchas veces es motivo para no ser contratados.
El sociopsicólogo Neftalí Montenegro coincide con la presidenta de Apede, en que para que el proceso de reinserción sea exitoso, debe mantenerse una supervisión.
“El seguimiento forma parte importante del éxito del programa. Se necesita un acompañamiento por parte del grupo de profesionales, no soltarlos de vuelta a la realidad solos”, indicó.
Un grupo de jóvenes que han pagado una pena de prisión, además de la falta de educación, la exigencia del récord policivo y la marginación por el sector donde viven, se encuentran con la inhabilitación de funciones.
Sector público
El abogado Carlos Herrera Morán recuerda que la Constitución y la ley establecen que la persona que haya sido condenada mediante sentencia dictada por un Tribunal de Justicia que haya establecido inhabilitación para ejercicio de funciones públicas no puede ocupar ningún puesto.
Por más modesto que sea el cargo en el Estado, no lo puede ocupar hasta que termine el tiempo establecido por el juez en la pena principal y la pena accesoria.
-Cabe destacar que en estos casos, es el juez quien decide por cuánto tiempo queda inhabilitada la persona para ejercer en puestos públicos.
Para cargos como diputado y presidente de la República se establece que si han sido condenados por más de 5 años, no pueden ejercer estas funciones.
El ingeniero René Quevedo, consultor de Reinserción Laboral y Autogestión Sostenible, señaló que Panamá no tiene experiencias exitosas de reinserción laboral verificable, sostenible y estadísticamente significativa de expandilleros.
“Como sociedad no tenemos un proceso sistemático de resocialización, y si lo tuviéramos, tampoco tendríamos donde poner a estos jóvenes, porque todo lo que podemos ofrecerles son camarones”, expresó.
Para Quevedo, a pesar de las buenas intenciones del Gobierno, las perspectivas de reinserción laboral sostenible de expandilleros es remota, por lo que, adicionalmente a los esfuerzos de resocialización, es preciso crear una oferta laboral sostenible para estos muchachos. “De lo contrario, seguiremos no combatiendo el fuego, sino persiguiendo el humo”, expresó.
En su análisis, el experto detalla que en el quinquenio pasado, la economía generó 15,700 plazas de trabajo estable para jóvenes. Hoy solo son 1,788.
En contraste, las universidades gradúan a 22,000 profesionales por año y a marzo de 2014, había 210,000 jóvenes de 15 a 29 años que ni trabajan ni estudian. “Matemática simple: 22,000 más 210,000 no caben en 1,788”, detalló Quevedo.
