La iniciativa del Ejecutivo de otorgarles estabilidad laboral a los servidores públicos aleja de la administración pública la política electoral, consideran juristas y conocedores en materia laboral.
Solo el pasado martes el Consejo de Gabinete aprobó un proyecto de ley que establece un régimen de estabilidad laboral para los servidores públicos, una iniciativa que homologa el régimen de estabilidad laboral de los funcionarios en iguales condiciones que los del sector privado.
El presidente Ricardo Martinelli manifestó que en reuniones con grupos de trabajadores organizados y la Federación Nacional de Servidores Públicos (Fenasep), estos le plantearon la necesidad de contar con una norma que protegiera al servidor público, de la misma manera en que están protegidos los empleados del sector privado.
Martinelli confirmó que esta propuesta será discutida en sesiones extraordinarias en diciembre próximo.
“Vamos a darles estabilidad laboral como la tienen todos en la empresa privada, porque es injusto que alguien que trabaje en el Gobierno no tenga estabilidad”.
El mandatario señaló que además de ese proyecto se discutirá el que establece beneficios para personas con discapacidad, al igual que el que reciben jubilados y pensionados.
Durante la sustentación de la propuesta, que estuvo a cargo de la ministra de Trabajo, Alma Cortés, se planteó que esta administración gubernamental está consciente de la situación de desasosiego que viven los miles de servidores públicos, quienes, luego de varios años de prestar servicio a la administración pública, no han sido beneficiados con un régimen de estabilidad laboral similar al de los trabajadores particulares, como lo señala el Código de Trabajo, situación que promueve una discriminación en las condiciones de trabajo, violando la Constitución Nacional y los derechos fundamentales de los trabajadores.
La propuesta se sustenta en que la República de Panamá es signataria del Convenio sobre la Discriminación (empleo y ocupación) de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), 1958 (número 111), ratificado en nuestro país por la Ley 23 de 1966. Mediante dicho convenio, se comprende que cualquier distinción, exclusión o preferencia basada en motivos de raza, color, sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo o en la ocupación será considerada discriminatoria.
Giovanni Ruiz, director de Carrera Administrativa, señaló que está dentro de la comisión que se encarga de redactar ese proyecto de ley que crea beneficios en materia de estabilidad laboral en iguales condiciones que los del sector privado a través del Código de Trabajo.
"Estamos evaluando aspectos técnicos y el comportamiento de la adecuación de las leyes para posteriormente solicitar que se redacte una sola ley que integre a las tres, y eso ya lo estamos analizando.
Todas establecen beneficios que se deben unificar. Sobre el tiempo, eso es cuestión que aún no podemos definir, pero es el siguiente paso. Eso lo definirá adelante el Ejecutivo", indicó.
Para el expresidente del Colegio Nacional de Abogados César Ruiloba es necesario que exista una ley para revertir la forma en que se contrata a los funcionarios públicos, dando estabilidad a cada plaza laboral.
“Hay puestos técnicos y gente que se especializa para avanzar como profesional. No es justo que quien toma cursos y busca desarrollar con excelencia su trabajo sea destituido por cuestiones políticas”, dijo.
Según el abogado también es necesario alejar la administración pública de la política, y se debe ubicar a personas con conocimiento que contribuyan al desarrollo del país y se encarguen de la estabilidad económica de la Nación.
Ruiloba recomendó que sería mejor que el proyecto sea debatido después de las elecciones para evitar suspicacia en tal propuesta.
En tanto, el jurista Ernesto Cedeño consideró que las personas interesadas en un puesto público solo lo ven como una oportunidad de cinco años, por lo que esta regulación provocaría efectos positivos para las distintas profesiones, incluso lograr que los empleados de la empresa privada emigren al sector público.
“Siempre ha sido soslayada y puesta de lado la carrera administrativa. Con la creación de una ley que regule estos puestos se otorgará cierto grado de equiparación”, opinó Cedeño al manifestar que también se convierte en un paso para que finalmente se otorgue el décimo tercer mes a estos empleados.
El abogado sostuvo que con la nueva normativa podría más adelante considerarse una escala salarial para que todos los profesionales reciban una paga justa, pues existen diferencias entre quienes trabajan en una institución u otra. “Como patrono el Estado tiene un inmenso presupuesto, y esta propuesta se va a ver de manera política. Lástima que se pensó a final del gobierno”, concluyó.
En tanto, el fundador de la Asociación Iberoamericana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Rolando Murgas Torraza, explicó que la carrera debe extenderse y cumplir con lo señalado en la Constitución panameña.
“Incluso en el sector privado hace falta estabilidad, y con excepción de los puestos de alto mando, los servidores públicos no pueden ser nombrados libremente”, manifestó el abogado, quien considera que algún día los panameños deben dejar de pensar que trabajan para un gobierno, en vez de hacerlo para el Estado.
