Moisés es un panameño al que le faltan algunos años para jubilarse y ya está preocupado de si para cuando llegue ese día, podrá recibir su pensión.
Esta es la triste realidad a la que se pueden estar enfrentando otros panameños, luego de conocerse en el último informe de la Junta Técnica Actuarial de la Caja de Seguro Social (CSS) que las reservas del Subsistema Exclusivamente de Beneficio Definido (SEBD), mejor conocido como el programa tradicional de pensiones, se extinguirán totalmente en 2024.
El director de la entidad, Estivenson Girón, durante su última sustentación de informe en la Asamblea Nacional, dijo que el Subsistema de Beneficio Definido, aunque tiene una reserva de 1,924.8 millones de dólares, es un sistema cerrado, lo cual se estima en una disminución continua de los asegurados cotizantes y un aumento de la cantidad de personas que van a recibir sus pensiones.
Agregó que ante este panorama, los aportes del Estado que son, hoy en día, 140 millones de dólares al fideicomiso de riesgo de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) serán insuficientes, ya que no permitirán cubrir los gastos que presenta anualmente el programa durante dicho periodo.
“El subsistema exclusivamente de beneficio definido, indiscutiblemente está afectado por variables económicas y demográficas, las cuales tenemos que vigilar constantemente, ya que ellas están incidiendo en los ingresos y en los gastos del programa”, aseveró.
Para el exasesor de la institución, Carlos Abadía, el programa de pensiones y jubilaciones tiene problemas financieros, no así el de enfermedad y maternidad, riesgos profesionales y administración, los cuales están saludables, pero tienen deficiencias de otro tipo.
Explicó que en 1941, cuando se creó el sistema de pensiones de la CSS, teníamos 75 cotizantes por cada jubilado o pensionado, queda claro que había fondos suficientes para pagarle a ese pensionado y ahorrar para los futuros.
En 1990, esa proporción era de 9 a 1, lo que llevó al presidente Guillermo Endara a realizar reformas. En el 2006 la proporción era 5 a 1, y el gobierno de Martín Torrijos hizo otras reformas.
Hoy, esa proporción es de 3.5 a 1, y la razón del colapso es evidente.
Abadía plantea que lo ideal sería reformar los cuatro parámetros fundamentales del programa, que son: aumento de la edad, de la cuota, del tiempo de cotización y de los aportes del Estado.
“Yo recomendaría no tocar la cuota, pues esto afecta el poder adquisitivo y aumenta el costo de la vida. A mi modo de ver, sería la reforma que más afectaría al ciudadano”, manifestó.
A juicio de Abadía, si se aumenta la edad, no se debe tocar a las personas que le faltan menos de 3 años por jubilarse, pero sí subirles un año a los que les falten entre 3 y 7; dos años a los que les falten entre 7 y 12 años, y tres años a los que les falten 12 años o mas.
Indicó que no hacer estos cambios, pone en peligro las inversiones futuras del Gobierno (salud, educación, carreteras).
“Si no actuamos todos de manera responsable ahora, condenaremos a nuestros hijos y nietos”, añadió.
Para el economista y exdirector de la Caja de Seguros Social (CSS), Juan Jované, cada día el subsistema solidario tendrá más pensionados y menos cotizantes.
Explicó que al crearse el subsistema mixto, que tiene dos componentes, uno de beneficio definido y otro de ahorro individual, se liquidó por completo el subsistema definido, ya que las jubilaciones actuales las paga el grupo de cotizantes que se quedó en el programa y no los nuevos cotizantes.
Aseguró que este fue un error que se le advirtió en su momento al expresidente Martín Torrijos, porque estaban dejando un sistema sin financiamiento y creando otro.
“La ley prohíbe pasar fondos de un sistema a otro. El problema ahora es quien va a pagar el error que se cometió”, añadió.
A juicio de Jované, el problema se resuelve si se vuelve al sistema antiguo, pero también señala que otra de las soluciones sería reforzar los fondos de la entidad haciendo que el Estado ponga una parte del dinero, que se utilice parte de los ingresos del Canal o subir la edad de jubilación, lo cual sería una irresponsabilidad.
El catedrático argumentó que las soluciones existen, pero se necesita voluntad política y los encargados actuales de las finanzas del país no creen en la solidaridad y es ahí donde está el peligro.
Todo lo contrario piensa el también exdirector de la entidad René Luciani, quien señaló que volver al sistema antiguo no deja de ser una alternativa, pero es muy complejo revertir lo actuado.
No obstante, Luciani coincide con Jované en que el Estado debe hacer aportes adicionales a los 140 millones de dólares que cada año deposita.
“La sociedad debe entender que se tienen que tomar medidas, luego ir a una discusión en la que se compartan cuáles son los escenarios y posibilidades, sin esperar mucho tiempo”, aseveró.
Por su parte, Néstor Vega Yuil vicepresidente de la Junta Directiva de la CSS y representante de los profesionales y técnicos de la salud, dijo que por el momento se estudia cuál sería la solución y la menos traumática, tanto para los usuarios como para los empleados.
Aunque no quiso mencionar cuáles son las medidas, aseguró que en su momento las darán a conocer a la ciudadanía. “Pueden estar seguros que no dejaremos que el sistema colapse porque sería algo irresponsable”, señaló.
Vega explicó que una sola persona no tomará la decisión y habrá un consenso entre todos para la elaboración de la propuesta.
“Las personas que aportan son menos que las que se jubilan y eso es lo que pasa en el subsistema solidario y si sumamos que la expectativa de vida está en los 72 años”, manifestó.
Aclaró que a la fecha ninguno de los cotizantes que está dentro del subsistema mixto se ha jubilado por lo que los fondos están allí.
