- 3 empresas han cerrado sus operaciones en últimos seis meses.
Cifras
- 2013 año en el que se aprobó el uso del bioetanol en la República de Panamá.
- 5% era el porcentaje de bioetanol anhidro para ser mezclado con la gasolina.
- 2014 año en el que la empresa Campos de Pesé tuvo que cerrar operaciones.
Datos
- $0.13 sería el precio del MW que generaría la planta térmica en Colón.
- $0.78 fue la rebaja que se le aplicó al precio del bioetanol en los meses pasados.
@PanamaAmerica
Mientras el país necesita de más inversiones, el gobierno de Juan Carlos Varela generó que tres empresas que habían realizado inversiones millonarias cerraran o paralizaran obras, debido a la implementación de nuevas políticas que podrían poner en riesgo la seguridad jurídica.
Campos de Pesé, Panamá NG Power y el proyecto Barro Blanco, de la empresa Genisa, han sido afectadas por las decisiones de las autoridades.
Próximamente, el sector energético tiene programadas licitaciones para ampliar la generación que podrían verse afectadas por esta situación.
Campos de Pesé, empresa dedicada a la producción de etanol, se vio obligada inicialmente a bajar su producción y luego al cierre de sus operaciones, porque el Gobierno decidió hacer una rebaja en el precio de venta del producto, lo que fue catalogado como una violación a la seguridad jurídica de la empresa.
Además, se le formularon cargos por contaminación ambiental, que todavía están en proceso.
Por otra parte, se le revocó la licencia definitiva a la empresa Panamá NG Power para la construcción y explotación de una planta termoeléctrica en Colón.
Recientemente, la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam) suspendió temporalmente el proyecto de Barro Blanco, aduciendo que no cumplía con el estudio de impacto ambiental.
Decisiones peligrosas
Esta situación ha generado reacciones por parte de los diversos gremios que señalan que esta medida podría poner en peligro la atracción de inversiones extranjeras en el país.
A Ricardo Sotelo, presidente del Sindicato de Industriales de Panamá, le parece increíble que un proyecto que esté al 95% de avance, como es el caso de Barro Blanco y que esté a punto de finalizar, haya sido detenido en este momento por las razones que sean.
“Este país está en una crisis energética, pagando una electricidad muy cara, precisamente porque no tenemos suficientes recursos. No estoy diciendo que no se sigan las reglas de las autoridades, pero tenemos un proyecto ya casi listo para finalizar y le estamos generando un retraso importante”, señaló.
Sotelo aseguró que esta decisión da un mal mensaje de seguridad jurídica en el país y podría afectar que inversionistas extranjeros se interesen en otros proyectos.
José Luis Ford, presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap), instó al Gobierno a actuar siempre por la promoción de la inversión.
En la Cámara defendemos la seguridad jurídica, por lo que la suspensión de este proyecto que registra un 95% de avance es un peligroso mensaje”, agregó el empresario.
De igual forma, el presidente del gremio empresarial indicó que siempre hemos promovido entre el sector empresarial el cumplimiento con la ley, por lo que la empresa, si está incumpliendo con el Estudio de Impacto Ambiental (EIA), debe hacer los ajustes necesarios, a fin de resolver el problema prontamente.
En tanto, el presidente de la Comisión de Energía de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede), Humberto González, comentó que lo que se plasma en la resolución de la Anam “es subsanable, y exhortamos al Gobierno a buscar una solución negociada que beneficie a todas las partes.
Aldo López, vicepresidente y gerente de la empresa Generadora del Istmo S.A. (Genisa), afirmó sentirse sorprendido ante el anuncio realizado por las autoridades sobre Barro Blanco.
Expresó que espera que se abra una mesa de diálogo lo antes posible para que esta decisión no afecte ni al proyecto ni a los panameños.
Afirmó desconocer “cualquier tipo de incumplimiento en los estudios de impacto ambiental”.
Estado, obligado
José Alberto Álvarez, presidente del Colegio de Abogados, señaló por su parte que en un país donde no hay seguridad jurídica, donde no se respetan las reglas, los inversionistas no vienen.
“En Panamá, si se sigue dando esta imagen de inseguridad en la inversión, los inversionistas que están se van a querer ir, los que pensaban venir, no van a venir, y los que están ya instalados, van a ver cómo venden sus empresas”, destacó.
Álvarez enfatizó que “el hecho de que no respeten el debido proceso, las garantías y que la inversión no se concrete, definitivamente afecta la imagen del país.
Juan Carlos Araúz, también del Colegio de Abogados, señaló que todo contrato con el Estado debe basarse en el principio de buena fe contractual, lo cual obliga al Estado a encontrar soluciones que no sean perjudiciales para la ejecución del contrato firmado.
“Cuando se aplican medidas que resultan perjudiciales a la actividad comercial, el Estado debe tener la responsabilidad para poder rectificar y no causar perjuicios que pudieran ser irreparables, toda vez que el contrato antes de su firma conlleva un análisis profundo para otorgar el mismo”.
“Las diferencias en el contrato o en el desarrollo del mismo no deberían ser de tal magnitud que involucren la cancelación del mismo, porque el Estado no negocia a ciegas”, dijo.
Afirmó que es obligación del Gobierno garantizar la seguridad jurídica de todas las inversiones nacionales y extranjeras en el país y que sus contratos sean respetados, que las condiciones que se establecen en el mismo permitan flexibilidad para favorecer el cumplimiento de lo que en un momento el Estado creyó como bueno.
“En esta coyuntura el mensaje que se está enviando a todo tipo de inversiones sería que el Estado firma concesiones y contratos simplemente para luego entorpecerlas”, aseguró el dirigente.
Datos
José Javier Rivera planteó que si se declarara el cierre o la demolición de las estructuras, sería otro escenario.
Considera que estas medidas, por su parte, sí afectarían la inversión extranjera.
“La ejecución de obras nacionales o extranjeras deben realizarse dentro del marco de cumplimiento de las obligaciones, es decir, regulaciones ambientales, bancarias, así como con obligaciones laborales y comerciales”, señaló.
De acuerdo con diferentes gremios y especialistas penales, las autoridades deben tener mucho cuidado, ya que lo que requiere el país es de mayor inversiones, tanto nacionales como extranjeras, y esta situación podría poner en riesgo que participen en actos de licitaciones.
