La administración del presidente Juan Carlos Varela no solo deberá rendir cuentas por la paralización de obras que empezaron a ejecutarse en el gobierno pasado y suman unos 1,500 millones de dólares, sino también enfrentar procesos penales de no poder justificar su decisión.
Juristas y expertos en contrataciones públicas coincidieron en que aún no se ha llegado a esclarecer por qué fueron detenidas obras como la Ciudad de la Salud, de $571 millones en inversión, sin haberse interpuesto denuncias o dado a conocer un informe de la Contraloría General de la República.
Sin justificación
El abogado Ernesto Cedeño manifestó que "lo primero que hay que saber es por qué se paralizaron -unos 25 megaproyectos-. "Cada encargado de obra, ya sea de instituciones descentralizadas o ministerios, debe rendir cuentas de por qué se paralizó. El estatus lo debe rendir el ministro o ejecutor".
"Si hay una lesión, lo primero que hay que gravitar es una auditoría de la Contraloría General de la República. Aquí no se puede llegar a la decisión de que hay una lesión al patrimonio porque la ley es clara y requiere un informe de auditoría", opinó el abogado.
A juicio del experto en contrataciones públicas, "la Contraloría debió hacer una investigación de oficio sobre por qué se han paralizado para saber si el caso deben pasarlo al Tribunal de Cuentas, son actores que deben converger en este proceso".
"Si tú no rindes cuentas, entonces no se sabe nada. Como ciudadanos, tenemos el derecho a saber el buen manejo de los fondos, claro que deben decirnos qué han hecho y si estamos satisfechos con lo que han hecho, o presentar algún tipo de recurso", afirmó el abogado.
Aseguró que esto sería para analizar si hay un problema jurídico que impide al contratista seguir con el contrato.
"Lo cierto es que ya se ha hecho una inversión y sí deben nuestras autoridades rendir cuentas al país de por qué se encuentran paralizadas y si hay una fecha cierta para poder reactivar esas obras, eso es importante, y si en el evento encuentran sobrecostos, ya presentar una denuncia", concluyó.
La ley panameña es clara en afirmar que si un funcionario conoce la existencia de un delito, debe denunciarlo.
Para el exvicepresidente de Panamá Arturo Vallarino, "todo el país está lamentando la paralización de obras que hizo el gobierno anterior".
"Con mucha tristeza visitamos el sector norte de la provincia de Coclé y vimos cómo un hospital materno infantil está abandonado y la gente se está robando algunos de los materiales que están allí, y esto se repite en el resto del país", relató.
Agregó que lo curioso de esto es que el Ministerio de Economía y Finanzas ha dicho que solo el 5% del presupuesto de inversión está dedicado a obras nuevas, y el resto a la continuidad, pero nadie lo ve.
Por otra parte, Vallarino sostuvo que las empresas van a exigir indemnización y eso es un costo muy superior a los supuestos sobrecostos de los cuales se habla.
"A mí me han hablado de empresas que han abandonado los proyectos y no van a continuar porque el Gobierno ha incumplido, eso significa retrasos en las obras", apuntó el exvicepresidente, quien asegura que el presidente ha demostrado que no tiene capacidad para resolver y siempre que existe crisis hace un llamado a la unidad nacional, pero que no es con este atraco.
"Así como han llamado a juicio de exfuncionarios por supuesta lesión, los funcionarios actuales deben reflexionar por sus actuaciones y el daño económico que significa el incumplimiento de contratos y prejuicios multimillonarios que está sufriendo la nación, además de los perjuicios de carácter social, solo porque fueron iniciados en el gobierno anterior", apuntó.
Por su parte, el secretario general del partido Cambio Democrático (CD), Rómulo Roux, señaló que entre 2009 y 2014 hubo un proceso que les cambió la vida a miles de panameños.
El presidente Varela se ha visto obligado a levantar la suspensión de varias obras, pero las pérdidas por abandono son grandes.
Entre las obras retomadas donde hay importantes pérdidas están la Ciudad Hospitalaria, Minsa-Capsi, la primera Cadena de Frío del país, un nuevo centro de convenciones, dos ciudades deportivas, en Chiriquí y Panamá, entre otras megaobras.
Las estructuras centrales de la Unidad Alimentaria de la vía Centenario estaban casi terminadas al cambio del gobierno de Martinelli a Varela en julio de 2014. Ahora la estructura, con grandes equipos de refrigeración, lucha contra la corrosión y la maleza.
Incluso altos funcionarios del Gobierno han reconocido que la paralización de obras afecta la economía panameña.
Entre ellos, el viceministro de Economía, Iván Zarak, quien informó a inicios de este año que los precios de las materias primas serían afectadas en el desempeño de la economía.
Lentitud del gobierno de Varela no contribuye a proyectar la economía
Varios expertos han coincidido en que la lentitud que tiene el gobierno del presidente Juan Carlos Varela en algunos de sus proyectos afecta sectores importantes de nuestra economía como la construcción.
Incluso gremios empresariales como la Cámara Panameña de la Construcción (Capac) han argumentado que el país antes tuvo una inflación del 0.2% en el sector construcción, pero llegó a un 5% en 2015, por los trámites estatales que deben ejecutarse en el Gobierno.
Y es que la burocracia es tal que la Capac ha lamentado el “exceso de fiscalización y la burocracia” que más que evitar irregularidades, aumenta el costo de operación del sector.
En este sentido, gremios de trabajadores señalaron que en este verano se perdió tiempo valioso en la construcción de obras por proyectos que no eran avalados.
Diputado exige avance en órdenes de proceder de las provincias
El diputado de Chiriquí y miembro del Movimiento Liberal Republicano Nacionalista (Molirena), Miguel Fanovich, dijo encontrarse vigilante ante las Órdenes de Proceder del presidente Juan Carlos Varela, al considerar que “las obras y proyectos para nuestra provincia” no tienen un avance, y urge que se culminen.
Ello en relación con proyectos como la Ciudad Deportiva de Chiriquí por 45 millones de dólares que no se ejecutará, ante la remodelación de proyectos como el estadio Keny Serracín y el hospital de Bugaba, por 30 millones de dólares y con un 70% de avance.
Aunque Chiriquí no sería la única provincia que ha sufrido con la paralización de obras en el interior del país.
En la provincia de Colón proyectos como el hospital Amador Guerrero, con una inversión de 160 millones de dólares y 36% de avance, no han podido terminarse. En esta provincia, proyectos de salud conocidos como Minsa-Capsi están detenidos en los sectores de Nueva Italia, con una inversión de $9.2 millones y Cuipo de Cirito, con $5.1 millones de inversión.
En Los Santos estaría el hospital provincial, cuya inversión es de 59 millones de dólares y tiene un avance del 33%.
