Los cambios en las medidas cautelares de casa por cárcel, que no son concedidas a tiempo a personas que enfrentan procesos penales, pone en evidencia la intervención política en el sistema de justicia, denunciaron algunos defensores.
Incluso ha quedado demostrado cómo jueces aceptan faltas en el debido proceso, pero en otros prolongan sus veredictos, a costa de la salud y el derecho de los implicados.
Figuras como la empresaria Poulett Morales, investigada en el caso de compra de mochilas de Meduca; el periodista Julio Miller, y las retenciones de los exjefes de Seguridad Gustavo Pérez y Alejandro Garuz dan muestra de una aplicación de justicia parcializada y lejana del proceso legal.
Al respecto, el movimiento SOS Panamá hizo un llamado a las autoridades para que liberen a los funcionarios de la pasada administración que están detenidos, a pesar de que no se les ha condenado.
En este sentido, la ex primera dama Marta Linares de Martinelli cuestionó que al "llegar al edificio Avesa a rendir indagatoria -los exfuncionarios-, no salen más".
Indicó que esto no puede ser "porque no se les ha comprobado ningún delito" y que solo en el caso de la empresaria Morales se fijó una fianza de 100 mil dólares por conocerse públicamente su estado de salud y que no puede estar detenida. "Menos sin sentencia".
"Nos alegramos de que la fiscal haya accedido a la fianza, pero no debió estar allí porque no tenía ninguna razón, esperamos que rectifiquen también con los otros detenidos", subrayó.
Quien no ha tenido la misma suerte es el exjefe de Seguridad Gustavo Pérez, luego de que se presentara una apelación a la solicitud de arresto domiciliario, pero al no darse respuesta, este sigue recluido en la cárcel La Gran Joya.
Ello, después de que el Segundo Tribunal Superior de Justicia revocara una decisión del juez decimosexto, Enrique Pérez, para modificar la medida cautelar aplicada a Pérez y Alejandro Garuz, lo que impidió la excarcelación de los implicados; el miércoles pasado, la acusación hacia Pérez fue encaminada a la posesión de armas.
Cifras
15- meses han pasado y la agenda judicial del Gobierno impera sobre temas de carácter social.
- meses recomendó como límite el presidente Varela para terminar las investigaciones.
Comentarios
- Solicitudes
- Las peticiones a fiscales y autoridades del Ministerio Público (MP) serían para que liberen a aquellos ciudadanos cuya investigación no amerita medidas cautelares severas, que son reconocidas por los jueces, al aprobarse cambios en las peticiones de casa por cárcel por retenciones preventivas.
- Fiscal denunciada
- Una querella penal por supuesto delito contra la administración pública fue presentada en julio pasado por el abogado Alejandro Pérez contra la exfiscal segunda anticorrupción Lizzette Chevalier, a quien se acusó de presionar a testigos.
- Presiones
- Chevalier, supuestamente, coaccionó a Giacomo Tamburrelli, exdirector del PAN, para que declarara en contra del expresidente Ricardo Martinelli.
