En Panamá, el sistema de administración de justicia está en crisis, de esta manera se expresaron abogados litigantes que a diario visitan los despachos de instrucción y los tribunales para tramitar sus expedientes.
El más enérgico en sus cuestionamientos es el abogado Gonzalo Moncada, al solicitar cambios urgentes a nivel de fiscales en el Ministerio Público.
A juicio de Moncada, los fiscales están trabajando bajo presión, principalmente en los casos que se investigan en las fiscalías anticorrupción.
"Se sienten a los fiscales presionados por ciertos grupos", expresó Moncada, al argumentar que existen agentes externos al Ministerio Público que están ejerciendo dicha presión.
Estas palabras de Moncada coinciden con declaraciones que diera recientemente la procuradora general de la nación, Kenia Porcell, al reconocer que personas ajenas a la institución realizaban controles judiciales.
Moncada, quien es el abogado defensor de Giacomo Tamburrelli, considera que su cliente es el vivo retrato de estas presiones de parte de los fiscales.
Hace un año, Gonzalo Moncada remitió una carta de oposición a lo interno del Ministerio Público para quejarse por lo que consideró un acto de extralimitación de funciones por parte de la entonces fiscal segunda anticorrupción Lizette Chevalier.
Recuerda Moncada que su cliente prácticamente fue obligado a mencionar el nombre del expresidente Ricardo Martinelli en la indagatoria.
Según Moncada, estas presiones continúan debido a que su cliente debe rectificarse en un tribunal cuando se reanude el proceso en la Corte contra el expresidente Ricardo Martinelli.
"Él (Tamburrelli) no puede decir lo que la fiscal quiere, no puede decir lo que no sabe", dijo Moncada.
Injerencias
Moncada dejó claro que existe injerencia del Órgano Ejecutivo y hasta entes que representan al oficialista Partido Panameñista, en los despachos de los fiscales del Ministerio Público.
De acuerdo con Moncada, la intención del actual gobierno con estas presiones es mantener "presos" a sus adversarios políticos mientras el Partido Panameñista maneje el poder.
"Están manteniendo bajo presión a personas del gobierno anterior, las quieren mantener ahí durante 5 años sin llegar a juicios", concluyó.
Estos argumentos de Moncada son respaldados por el abogado Alejandro Pérez, quien considera que tras un año y medio de que se han iniciado los procesos penales en contra de los funcionarios del anterior gobierno son pocos los procesos que han llegado a los tribunales, y los pocos que han llegado siguen las detenciones de los imputados, pese a que existe una orden expresa de un juez que sean liberados.
Una situación similar la están viviendo los exsecretarios del Consejo de Seguridad Gustavo Pérez y Alejandro Garuz.
Moncada habla de grupos cuando se refiere a quienes están presionando, sin embargo, para la abogada Edna Ramos, estas presiones contra los fiscales vienen de varias vías.
A juicio de esta jurista, existen presiones mediáticas ejercidas por medio de la opinión pública y por parte de los políticos.
"La Llave"
Otros juristas consultados por Panamá América, que pidieron reserva, hablan de presiones de grupos influyentes denominados "La Llave".
Algunos abogados fueron más específicos y hablan de dos grupos que ejercen presión en el Ministerio Público y que operan desde la Asamblea Nacional.
Uno de ellos es representado por altos dirigentes del Partido Panameñista que ocupan curules en la Asamblea Nacional. Mientras, el otro grupo es orquestado por integrantes de la denominada sociedad civil que también son representados en la Asamblea.
En los archivos periodísticos han surgido informaciones que dan cuenta de la influencia que ha tenido un grupo determinado en los asuntos de la justicia en Panamá.
Movin es un grupo que apoyó a Juan Carlos Varela en campaña electoral.
Se trata del Movimiento Independiente por Panamá (Movin), liderado por Alfredo Motta, integrante de una familia empresarial que fue la mayor donante de la campaña del presidente Juan Carlos Varela.
Mientras, por los lados de Movin, esta agrupación fue creada en tiempo de la campaña electoral en primera instancia para adversar al expresidente Ricardo Martinelli.
Posteriormente, Movin en un acto público anunció su respaldo al actual presidente de la República, Juan Carlos Varela.
Las manifestaciones que han colocado a Movin como un grupo influyente las reveló públicamente la procuradora Kenia Porcell al reconocer que este grupo junto a la Alianza Ciudadana Pro Justicia tenían acceso a los expedientes que se investigan en las fiscalías anticorrupción.
Luego cuando se supo de una reunión que sostuvieron integrantes de Movin con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, José Ayú Prado, para que declinara como juez de garantía en un caso de Financial Pacific, pese a que la ley no se lo impedía.
Lo último es la facultad que le ha dado el presidente Juan Carlos Varela para seleccionar las dos vacantes de magistrados de la Corte, cuando ya hay un organismo idóneo para esta función como es el Pacto de Estado por la Justicia.
Desestiman investigación en contra de exfiscal segunda anticorrupción
La querella que interpusiera el abogado Alejandro Pérez en contra de la exfiscal segunda anticorrupción Lizette Chevalier fue desestimada por el Ministerio Público.
La razón es porque a juicio de la Fiscalía Auxiliar, a Pérez no se le puede constituir como parte agraviada en este proceso.
La querella que interpuso Pérez fue por el delito de abuso de autoridad por supuestamente haber coaccionado al exdirector del PAN Giacomo Tamburrelli para que declarara contra el expresidente Ricardo Martinelli.
El argumento del Ministerio Público consistía en que Pérez no representaba a Tamburrelli y, por ende, no podía constituirse como querellante.
Sin embargo, Alejandro Pérez sustenta en su querella que la parte directamente afectada por este acto es su cliente, el expresidente Ricardo Martinelli.
Alejandro Pérez explicó que se interpuso incidente de controversia ante un juzgado de circuito para que se determine la legalidad de la decisión del MP.
El accidentado caso de comida deshidratada
El proceso de la comida deshidratada, el más antiguo de los expedientes en los casos por las contrataciones del Programa de Ayuda Nacional (PAN) durante la pasada administración, volverá a ser noticia este mes.
La razón es porque este 23 de noviembre se realizará la audiencia preliminar, luego de que la primera fecha pactada había sido suspendida por el juez decimosexto de Circuito de lo Penal, Leslie Loaiza.
En la primera audiencia, Edna Ramos, abogada de Adolfo De Obarrio, solicitó la ampliación de las prácticas de prueba por lo que se motivó la suspensión de la audiencia.
De Obarrio permanece fuera del país al considerar que no existen las garantías jurídicas en estos momentos.
En este caso está como imputado Giacomo Tamburrelli, quien permanece con medida cautelar de país por cárcel.
Tamburrelli hasta hace poco estaba bajo arresto domiciliario.
En este proceso también se les formuló cargos a los exministros Federico Suárez y Lucy Molinar, además de la exviceministra María Fábrega.
También se le vincula en este proceso a la excontralora general de la República, Gioconda Torres de Bianchini; al empresario Rubén De Ycaza, representante de la empresa Lerkshore International Limited que distribuyó la comida deshidratada a un costo de 45 millones de dólares. El exjefe de nutrición de PAN Ángel Famiglietti es la única persona que sigue detenida por este expediente en el que se menciona al expresidente Martinelli.
Opiniones de abogados
Juristas consultados por ‘Panamá América’ cuestionan algunas de las acciones cometidas por fiscales en diversos procesos.
Edna Ramos
Abogada de Adolfo De Obarrio considera que los fiscales están sometidos diariamente a presiones que vienen de la opinión pública que se expresan en los medios de comunicación social y por grupos políticos aliados al Gobierno.
Leonardo Paul
Considera que hay justicia selectiva y que es una forma de representar estas presiones, ya que se han dado casos en los que hay elementos de convicción y se archivan y en otros se aplican medidas drásticas, aunque no haya pruebas.
