Ante la decisión del pueblo panameño de salir a la calle a luchar por el derecho al agua, por mejoras en centros educativos, por soluciones a la caótica situación en salud, el Gobierno Nacional anunció que va a reprimir este tipo de actos.
Tras este anuncio, el Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales (Frenadeso) aseguró que esta es la única respuesta de un gobierno entregado a los intereses de los grupos de poder económico que representa. "Se busca con ello criminalizar la protesta social basándose en leyes como la ley carcelazo", aseveró.
Frenadeso afirmó, mediante un comunicado de prensa, que los anuncios de represión van acompañados de una política de compra y soborno contra determinados sectores, como se comprobó recientemente con el acuerdo de Barro Blanco, en el que la seudodirigencia indígena, a espaldas del pueblo ngäbe, pactó con el Gobierno.
La agrupación exhorta al pueblo a intensificar la lucha en las calles hasta crear las condiciones para la convocatoria por parte del pueblo soberano a una asamblea constituyente originaria con plenos poderes, como única salida a la podredumbre moral de las instituciones.
"Se denota un acelerado desgaste, como consecuencia de su descrédito por la falta de respuesta a los problemas apremiantes del pueblo", manifestó en la misiva.
Frenadeso señaló además que este gobierno, para desviar la atención de la opinión pública, en contubernio con los propietarios de algunos medios de comunicación, ha hecho una campaña de justicia selectiva que poco a poco se convirtió en un lamentable circo que ya repugna al pueblo.
"Pedimos que se castigue a todo aquel que se le compruebe un delito y que además se acabe esta justicia selectiva, que es injusticia e impunidad para otros, sobre todo, para los integrantes del nuevo pacto de gobernabilidad, esa amalgama de panameñistas, CD, Molirena, PRD, Partido Popular y una seudoindependiente que se conformó en la Asamblea el pasado 1 de julio", afirmó Frenadeso.
Datos
100% agua potable y cero letrinas fue lo que prometió Varela en campaña y, hasta el momento, no ha cumplido.
9 es el artículo de la Ley N.° 14 de 2010, que contempla que quien abuse de su derecho de reunión o manifestación mediante el uso de violencia, impida u obstaculice el libre tránsito de vehículos por las vías públicas del país, será sancionado con prisión de seis meses a dos años.
Incidencias
- Protesta de los camioneros: El pasado martes, camioneros cerraron varias vías de la ciudad capital de manera simultánea, una de ellas en Tocumen, y exigieron la reactivación de la economía y la regulación a los precios de las grúas.
- Una mejor educación: Casi a diario, estudiantes, padres de familia y docentes de distintas escuelas cierran vías para pedirle al Gobierno mejoras al centro educativo, contratación de docentes y agua potable.
- No tienen agua desde hace años: Moradores de diferentes sectores del país también salen a las calles para exigirle al Gobierno que cumpla con una de sus promesas de campaña, dotar de agua potable a quienes por años no han podido tomar el vital líquido del grifo.
