Mientras que un proyecto para modificar la ley de contrataciones públicas ha permanecido 10 meses en espera de discusión y aprobación en la Asamblea Nacional, el gobierno del presidente Juan Carlos Varela aprovecha para realizar contratos directos e invitaciones, en muchos casos, en favor de sus allegados.
En lo anterior coinciden varios analistas, quienes estiman que el gobierno panameñista se ha quedado corto en esta promesa de campaña y se aprovecha de una estructura que es cuestionada por la sociedad, para seguir con prácticas que cuestionó mientras estuvo en oposición.
El proyecto de ley 305, que modifica el texto único de la Ley 22 del 27 de junio del 2006, la cual regula la contratación pública, fue presentado el 18 de febrero del 2016 por el viceministro de Economía y Finanzas, Iván Zarak Arias. Sin embargo, el mismo se mantiene entre los asuntos pendientes de discutir en la Asamblea Nacional de Diputados que inicia una nueva legislatura el 2 de enero.
Se ha dicho que el objetivo principal de la propuesta es adecuar las disposiciones de la Ley 22 de 2006 para hacer más eficientes los procesos de compras estatales y mejorar los niveles de transparencia en el sistema de contrataciones del Estado.
En los en los últimos gobiernos se ha modificado la ley de contrataciones, pero en el gobierno panameñista, que está por alcanzar la mitad de su periodo, no se han dado cambios.
El profesor y economista Juan Jované aseguró que en este gobierno se han dado grandes críticas sobre los problemas de transparencia, por lo que sería bueno revisar su marco legal para buscar agilidad.
"Hay incluso una promesa del actual gobierno incumplida, porque ha seguido utilizando la vieja ley a su favor y las mismas cosas que criticaban las han hecho, por lo que sería bueno hacer una nueva ley", sostuvo.
Jované recordó que en este gobierno hubo un abuso de las contrataciones directas e invitaciones a empresas ligadas a la administración de Varela.
"Hay un abuso muy grande del Gobierno sobre estas prácticas, eso es evidente", añadió.
En tanto, la economista y excandidata a la vicepresidencia por el partido Frente Amplio por la Democracia (FAD), Maribel Gordón, explicó que en los últimos gobiernos se ha modificado la ley de contrataciones públicas y en la mayoría de los casos quedan inmersos en escándalos de corrupción por favorecer a determinado grupo empresarial.
En el caso del gobierno de Varela, la economista reafirmó que el presidente se había comprometido a la transparencia y a hacer los ajustes desde el punto de vista normativo.
"Las leyes no se han ejecutado para cerrar puertas y ventanas para que no haya corrupción", dijo.
Aseguró que esto ha provocado que los procesos de contrataciones públicas cada vez están siendo más cuestionados producto de que los mismos han favorecido a sectores vinculados al Gobierno.
Gordón argumentó que todo esto trae un alto costo social para la población panameña en la medida que estos dejan de tener una prestación de servicio, por parte del Estado, más eficiente y más eficaz que respondiera a las necesidades sociales de todas las personas.
Gobierno de Varela debe cambiar su política de transparencia
Enrique “Chito” Montenegro, del Frente Anticorrupción, cree oportuno que el gobierno del presidente Juan Carlos Varela cambie su política de transparencia que ha mantenido durante estos dos años y medio.
“Los funcionarios no regresan las llamadas, no contestan las cartas y no se reúnen por los problemas que tiene el pueblo”, aseguró Montenegro.
A consideración del activista, si el gobierno panameñista no cambia, van a terminar con cero transparencia y cero ambiente favorable durante su salida en el cargo en 2019.
La encuesta de Dichter & Neira para el mes de diciembre del 2016, reveló que el 80% de los encuestados indicó que la actual administración de Varela no cuenta con transparencia, mientras que solo un 18% dijo que sí hay transparencia.
Algunos ministerios han sido cuestionados por los malos manejos de contratos, entre otras situaciones, que han puesto en duda la gestión de los funcionarios.
