Una de las primeras acciones del presidente de la República, Juan Carlos Varela, cuando asumió el mandato el 1 de julio del 2014, fue derogar el Decreto Ejecutivo 52 de 26 de junio de 2014, que obligaba a indemnizar a los funcionarios que renunciaran o fueran despidos por el Gobierno. Ahora, a dos años de finalizar su mandato, busca crear una disposición legal parecida.
Se trata de una protección a través de un proyecto de ley presentado en la Asamblea Nacional por el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) para regular las relaciones colectivas en el sector público.
La propuesta estaría basada en garantizar el reconocimiento y la vigencia de los derechos de asociación sindical, de huelga y de negociación colectiva.
Ya en mayo pasado se había presentado una norma similar, que incluye un fuero sindical "que protege en contra de despidos o destituciones, traslados, alteraciones unilaterales, movilidad, discriminación y otros actos".
Establece que el trabajador amparado por el fuero sindical "no podrá ser despedido o destituido sin previa autorización del Tribunal Administrativo de la Función Pública".
Esto favorecerá el aumento significativo en la planilla estatal contratada por el actual gobierno.
En 2014 había 205 mil 119 trabajadores públicos, según cifras de la Contraloría General de la República, y 36 meses después, esta cifra alcanzó los 226 mil 477 trabajadores.
Actualmente, la planilla estatal representa unos $359 millones mensuales al erario. En enero de 2014, el pago de todos los funcionarios era de $195.7 millones.
En los últimos dos años, la cifra pasó de $2,788 millones en 2015 a $3,146 millones en 2016, un 13% superior.
Mientras creció la cantidad de funcionarios, el Gobierno impuso una política de austeridad, excluyendo de beneficios como 120 a los 65 a personas de la tercera edad y eliminando suministros a algunas escuelas, como las computadoras portátiles, alegando falta de fondos.
Esto produjo críticas de figuras como el economista Juan Jované, quien planteó que la única justificación que podría existir para inflar la planilla es contratando personal médico y educativo para beneficio de la población, si no, iría en "detrimento del presupuesto del Estado".
Otro aspecto cuestionado es la disparidad de salarios entre los funcionarios transitorios que fueron nombrados en este gobierno versus el salario que ostentan los permanentes.
En sus tres primeros meses, la administración Varela solo nombró, en la mayoría de las instituciones, de un 5% a un 20% del personal en condición de transitorio.
Sin embargo, el salario que recibían algunos nuevos funcionarios quintuplicaba en ocasiones al de trabajadores permanentes.
Desde pagos como el otorgado al embajador de Panamá en Estados Unidos, de $15 mil, hasta los aumentos a miembros de la Fuerza Pública, de $800 a $4,300 para comisionados y de $600 a $3,100 para subcomisionados, han contribuido al alza del gasto estatal.
En este sentido, el exviceministro de Trabajo Luis Eduardo Camacho dijo en el gobierno pasado se buscó hacerles justicia a los trabajadores públicos con disposiciones que garantizaban la estabilidad de sus empleos; "sin embargo, lo derogaron, y ahora buscan una nueva alternativa para lo mismo", reclamó.
Empero, figuras como el activista anticorrupción Enrique "Chito" Montenegro afirman estar a favor de la sindicalización de las instituciones y el sector público.
Claves
359 millones de dólares mensuales representa el gasto de la planilla estatal para el erario.
205 mil funcionarios trabajaban para el Estado en el 2014, hoy hay cerca de 226 mil.
