El gobierno del ‘Pueblo Primero’, dirigido por el presidente Juan Carlos Varela, no ha tenido la capacidad de resolver el problema de transporte prometido en campaña electoral. En boca de los usuarios el tema dejó de ser una prioridad y la promesa naufragó en la politiquería.
Lo anterior quedó en evidencia con el paro convocado por la Cámara Nacional de Transporte (Canatra). Mientras la población sufría los efectos de una paralización del servicio con marcada efectividad en Colón, Panamá Oeste y Panamá Este, el Gobierno quedó sin solución inmediata para atender a la población que se peleaba un puesto en el robustecido transporte ‘pirata’.
Cuando ya habían transcurrido unas doce horas del paro convocado por Canatra, en el que el gremio ofrecía evaluaciones de las acciones para exigir al Gobierno que se permita el ingreso de piezas para los conocidos ‘diablos rojos’ -que reemplacen a las unidades actuales -el ministro de Gobierno, Milton Henríquez, los sentenciaba con cancelarles el permiso de operación, autorizar la piratería y la circulación del metrobús en el Este y Oeste.
Henríquez echó mano de los artículos 129 y 36 del Decreto Ejecutivo 640 de diciembre de 2006. El primero se refería a la necesidad de autorizar a los conductores a prestar el servicio y el segundo a la facultad para cancelar los permisos de operación.
En cuestión de minutos, el dirigente de Canatra Dionisio Ortega declaraba que ‘gracias al paro, la población disfrutaría de un viaje gratis”, pero que no se dejarían intimidar por Henríquez porque es una ‘amenaza recurrente de los gobiernos’.
Pero dos horas más tarde, Canatra daba por concluida la medida de presión y estaban dispuestos a sentarse a dialogar.
Mientras se apagan pequeñas ‘bombas de humo’ y pasan los meses, en el aire quedan nuevas exigencias que dejan a los usuarios expuestos a constantes sobresaltos, y al Gobierno enmudecido y con escasa capacidad de respuesta.
Al menos en eso coinciden varios sectores de la sociedad, entre ellos, usuarios, sector empresarial y de los grupos organizados que ven en la gestión del presidente Varela un ‘desgano absoluto’ que deja a los usuarios abandonados a su suerte cuando surgen las presiones transportistas.
Presentan como argumento el plazo solicitado por el presidente Varela de seis meses para hallar una solución al problema de transporte; sin que a la fecha exista ‘humo blanco’ que indique mejoras en el sistema.
Por el contrario, el Gobierno se debilita ante las presiones de los operadores, de los transportistas y de la empresa que no termina de aceptar la propuesta del Gobierno para vender las acciones del metrobús, sistema del cual hay muchas quejas.
Mientras, las conversaciones se mantienen a puertas cerradas sin escape de información; Kadir Sheffer Tuñón, representante de los usuarios ante la junta directiva de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) cuestiona el rol competente de las autoridades.
“Consideramos que la parte administrativa y ejecutora no está jugando el rol que le compete. Por más que hayan presentado planes de mejoras, de nada sirve si no se ejecutan... pasa el tiempo y todo sigue igual”, declaró Sheffer Tuñón.
Contó que han tomado demasiado tiempo sin considerar que la necesidad del servicio de transporte es de todos los días. “Hago un llamado de atención de que por favor tome en consideración el sentir de los usuarios . Él (Varela) dijo que iba a trabajar con los mejores, entonces que se olvide de la bandería política y busque a los mejores, pero que resuelvan porque parece que actualmente no existe capacidad”, sentenció.
En el sector empresarial, los comentarios se enfocan en las pérdidas económicas que producen las presiones transportistas de los operadores. “Hemos calculado en la cámara que los costos de los paros están por el orden de un millón de dólares al día. Estos paros injustificados son inaceptables. Vamos a ver cómo maneja el Gobierno esta situación”, contó Jorge García Icaza, miembro de la comisión de Transporte de la Cámara de Comercios Industrias y Agricultura de Panamá.
Genaro López, dirigente del Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales de Panamá (Frenadeso), dice que simplemente el tema de transporte no se ha tomado con la seriedad que merece. “No ha cumplido su promesa, no solo en el transporte, sino en el resto de las promesas”, dijo.
El presidente Varela atribuyó el paro a una contaminación política.
Cifras
96 millones de dólares se ha desembolsado en concepto de indemnización a transportistas.
50 unidades del metrobús se dispusieron para atender a los usuarios.
Comienza arbitraje entre operadores y empresa Mi Bus para definir pago de horas extras e indemnización
Desde ayer, los operadores del metrobús aceptaron sentarse por primera vez en la mesa de arbitraje con los directivos de Mi Bus para hallar una salida a la serie de reclamaciones sobre mejoras laborales.
Un grupo de operadores se declaró en huelga el pasado 13 de julio para exigir el cumplimiento del pliego de peticiones que incluye mejoras en las condiciones laborales, la digitalización del sistema de asistencia, mejoras en las unidades del metrobús y el pago inmediato de las horas extras, que el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) certificó que no se pagó en tiempo oportuno.
Aunque la medida fue considerada como un “fracaso” porque la mayoría de los conductores salieron a prestar el servicio en esa ocasión, la minoría aceptó ir a arbitraje con la empresa y la mediación del Mitradel.
No fue hasta ayer que se realizó la primera reunión, pero entre los operadores hay temor de que se trate de una jugada del Gobierno para mantenerlos entretenidos, mientras se concreta la compra de la empresa, sin la participación de ellos.
Exigen que se vuelva a revisar el cálculo del pago de horas extras porque el último no incluyó a varios de los 4,000 trabajadores.
El ministro de Trabajo, Luis Ernesto Carles, ha dicho que para agosto podría concretarse la compra. Las negociaciones se mantienen estancadas en el valor de la propuesta.
