- Lea mañana el sistema operativo para el transporte de la droga.
Cifras
- 129 miembros activos de las Farc, según los informes de inteligencia.
- 3,800 agentes del Senfront se encargan del monitoreo en la región fronteriza.
La agrupación armada que se levantó con la ideología de tomarse el poder en el vecino país de Colombia lleva años enfrentándose a lo que muchos denominan el fin de su doctrina. Las causas van entre exitosos planes gubernamentales para debilitar la agrupación a través de operaciones que acabaron con cabecillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) y la incursión de los estamentos de seguridad a territorio ocupado por la agrupación.
Las gestiones panameñas, con marcada notoriedad desde 2009, mediante la incursión de los estamentos de seguridad a territorio de las Farc en Darién, provocaron deserciones e insubordinaciones que demuestran la pérdida notable del mando y control de los cabecillas actuales sobre sus integrantes.
Información de inteligencia proporcionada por el Senafront da cuenta de que la estrategia permitió la recuperación de los terrenos darienitas, que por años fueron ocupados por los guerrilleros, y la liberación de las acciones de sometimiento a grupos indígenas para trasegar y producir droga.
El logro se convirtió en ganancia para las autoridades, pero abrió la trocha a una nueva batalla que conforme pasan los años se fortalece gracias a la evolución del grupo armado que mutó del terrorismo a actividades relacionadas con el narcotráfico mediante la producción y traslado de la droga por suelo panameño, utilizando a indígenas como colaboradores para el transporte del narcótico por la espesa selva fronteriza con dirección a Centro y Norteamérica.
Según los informes del Senafront, es una tendencia que se convirtió para el Gobierno panameño en un nuevo desafío que los obliga a redoblar la seguridad fronteriza. “Esa imagen guerrillera no existe, ahora son personajes que mediante los registros fotográficos actualizados de los cabecillas, son líderes con aspecto de hacendados que viven con tranquilidad en áreas de producción de coca en Colombia”, es la explicación de inteligencia.
Con el acorralamiento de los estamentos de seguridad, las Farc tuvieron una baja considerable de sus miembros. Los reportes indican que de la cantidad de reclutados -se estiman unos 3,000- solo permanecen activos 129 miembros. Ese grupo mantiene como cabecilla a José David Suárez alias “Becerra”, pero de las operaciones de producción y comercialización de la sal de cocaína.
De la segunda jefatura, según actividad, está a cargo Virgilio Antonio Vidal alías “Malicia”, encargado de las finanzas de la organización que desde 2007 es llamada por Panamá como narcoterroristas; José Luis Mosquera, alias “El Pana”, responsable del orden público y combate; y Elkin Camacito, alias “Marcos”, del manejo de masas y reclutamiento.
La permuta de este grupo de líderes y del resto de los miembros (129) tiene sus antecedentes en la década de 1980 cuando los gobiernos de izquierda en la región dejaron de financiar el ideal de las Farc.
Las Farc enfrentaron entonces la falta de recursos de subsistencia, la baja de líderes y operaciones que acabaron con los campamentos que servían de resguardo y coordinaciones.
Es allí donde la mutación toma fuerza y buscan formas de financiamiento a través del cobro de vacunas o impuestos de paso a grupos de narcotraficantes que usan sus rutas o corredores de movilidad para el trasiego de drogas hacia Panamá. En ocasiones se ofrecen de guías en las rutas, y en otras brindan servicios de escolta y seguridad.
En ese intervalo, los narcoterroristas se alían a los llamados Bacrem (bandas criminales colombianas para transportar la droga por los senderos que antes eran utilizados por las Farc para desplazarse). Establecieron una alianza con capacidad de mutar ante las circunstancias y adversidades provocadas por la evolución y ofensiva de las fuerzas del orden.
También incentivan a los pueblos colombianos cercanos a la frontera a la producción de la coca en terrenos de dos hectáreas como forma de subsistencia. Listas las plantaciones de coca, proceden al cobro del impuesto como forma de sostenimiento económico.
La mayor preocupación de este procedimiento para los grupos de inteligencia de Panamá se centra en el incentivo de la producción de la hierba como forma de subsistencia sobre los pueblos indígenas, la utilización de los terrenos que antes eran ocupados por las Farc en áreas muy cercanas a la frontera, la colaboración de residentes en el transporte de la droga y el aprendizaje de los grupos originarios en el “rapeo” de la hoja de coca.
Para disipar esa inquietud, Panamá ha establecido puntos de guardia permanente, la disposición del personal en el monitoreo de la frontera (3,800 agentes) y acercamientos con las comunidades a través de volanteos y charlas de concienciación sobre las secuelas que trae consigo ser un colaborador.
La legislación panameña penaliza a los colaboradores como narcoterroristas. Se les denomina colaboradores a los individuos que les suministran enseres e insumos a los grupos armados y les ofrecen información de alerta en caso de operativos o durante el transporte de la carga. En el último quinquenio, Panamá logró destruir entre 15 y 20 campamentos de las Farc.
