Estadísticas
- $5,250 millones habían adjudicado en el costo total del proyecto de ampliación en el año 2007.
- $3,118 millones es el valor del contrato para la construcción de las nuevas esclusas.
El enfrentamiento entre Grupo Unidos por el Canal, encargado de construir el tercer juego de esclusas, y la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) por reclamos millonarios en sobrecostos podría llegar a paralizar los trabajos en un término de 19 días.
Grupo Unidos por el Canal (GUPC) advirtió a la ACP que tiene hasta el 20 de enero para aceptar el pago de unos 1,600 millones de dólares adicionales a los 3,200 millones de dólares pactados en el contrato, de lo contrario, suspenderá los trabajos acogiéndose a una subcláusula (la 16.1) que se lo permite.
En tanto, la ACP rechazó “las presiones del consorcio contra la Administración del Canal”, las cuales consideran que tienen como único propósito forzar a la organización a negociar fuera de los términos establecidos en el contrato para la construcción del tercer juego de esclusas.
"No importa qué tipo de presión se haga contra la ACP, nosotros mantenemos nuestra exigencia de que Grupo Unidos por el Canal respete el contrato que ellos mismos aceptaron y firmaron", explicó el administrador del Canal, Jorge L. Quijano.
El grupo constructor integrado por la empresa española Sacyr, la italiana Impregilo, la belga Jan de Nul y la panameña Cusa, asegura que los trabajos continuarán con normalidad hasta que se cumpla la fecha y reiteran su disposición a colaborar, “dentro del contrato y de las leyes panameñas”, con ACP para encontrar una salida dialogada para terminar la obra en el menor tiempo y costo posible.
Atrasos
La ACP había proyectado que el tercer juego de esclusas, que añadirá un tercer carril para el tránsito de buques con capacidad de hasta 12,600 contenedores, casi el triple de lo actual, estaría operativo en octubre de 2014, pero GUPC informó recientemente que estará en disposición de terminarlo en el primer semestre de 2015, nueve meses después de lo estipulado en el contrato.
El grupo constructor también culpa a Quijano de no lograr un acuerdo. “La administración de Jorge Quijano ha fallado en el cumplimiento de sus obligaciones recogidas en el contrato como la inexactitud de la información proporcionada al consorcio para ejecutar el proyecto”, señala GUPC en un comunicado divulgado ayer.
Sobrecostos
El consorcio aseveró que Quijano ha incumplido las normas y regulaciones establecidas por la ACP, lo que ha forzado al contratista a renunciar a varios de sus derechos, pero sobre todo, ha fallado en mantener y restaurar el equilibrio financiero con GUPC por los eventos imprevistos que se han presentado en la obra, algo que ocurre de manera habitual en proyectos de esta envergadura.
La disputa tiene como origen el rechazo reiterado por parte de los técnicos de la ACP de la mezcla de cemento que debía usarse en el vaciado de las estructuras de las nuevas esclusas.
Según GUPC, esas exigencias han provocado que en dos ocasiones se haya pospuesto la fecha de entrega de la obra, lo que les ha ocasionado sobrecostos en la construcción “que son responsabilidad del empleador”.
Sin acuerdos
También consideran que la ACP “ha hecho todo lo que está en su poder para evitar la resolución de las diferentes disputas y reclamos” y recordó que el primer paso para resolverlas era llegar a un acuerdo entre las partes, dentro del contrato.
Según GUPC, la actitud de la Administración siempre fue ignorar dichos requerimientos y forzar al consorcio a llevar los reclamos a la Junta de Resolución de Disputas (JRD), “lo que significa una inversión para la empresa de tiempo y dinero adicional”.
Además, aseguran que cuando la JRD ha procedido en su conciliación, “ha dejado sin efecto dichas decisiones, lo que muestra una inconsistencia más en sus obligaciones, establecidas en el contrato y en la ley panameña”.
No obstante, Quijano ha reiterado que la empresa aseguradora del proyecto no le permite negociar con el grupo constructor fuera del contrato.
La ACP, por su parte, reiteró que las únicas vías para atender reclamaciones están claramente establecidas en el contrato. Dos de las tres instancias para la resolución de reclamaciones son decididas por terceros. Estas cláusulas contractuales fueron aceptadas por GUPC al momento de la firma del contrato.
La ACP confía también en que el contratista tenga la capacidad de cumplir los compromisos pactados. De no ser así, la ACP pondrá en acción los mecanismos del contrato que le permiten completar la obra.
GUPC informó que por las razones expuestas se acoge al derecho de entregar la carta de preaviso, de acuerdo con la ley panameña, además de que “en el Código Civil de Panamá se establece que en caso de privación, las partes deben equitativamente rectificar los términos del contrato para conseguir un justo balance. Si la reactivación no se hace, el contratante está en posición de determinar el fin del contrato”.
En 2009, el entonces administrador, Alberto Alemán Zubieta, respaldado por el actual administrador, Jorge Quijano, otorgaron a GUPC el contrato de la ampliación del Canal al presentar una oferta significativamente más baja que la de sus dos competidores. Esto, a pesar de las advertencias técnicas y financieras que fueron presentadas contra la propuesta de GUPC y que hoy día parecen estar cumpliéndose.
Unos $3,200 millones ofertó GUPC por el contrato, una diferencia de 1,800 millones frente a sus competidores. Sin embargo, esta es casi la misma diferencia que ahora reclama la empresa contra la ACP.
