Las medidas de protección que se aplican a favor de una mujer víctima de violencia pueden ir desde ordenar el desalojo del agresor de la casa, hasta prohibir que se mantengan armas en el domicilio.
Se trata de una serie de recomendaciones que buscan limitar las posibilidades de que ocurra un femicidio y proteger a las mujeres que han acudido a una autoridad por protección.
Para ello, se ha contemplado prohibir que el presunto agresor por violencia doméstica utilice cualquier arma de seguridad y dictar órdenes de alejamiento de hasta 200 metros de la casa de su pareja.
En el campo laboral, las medidas que aplican serían ordenar al empleador o superior jerárquico de la víctima una reubicación laboral.
En el área de la educación, la medida contempla su ubicación en un centro educativo distinto.
Por su parte, se ha buscado que el agresor asista a terapias psicológicas o psiquiátricas mientras dure el proceso de evaluación.
También se contempla levantar un inventario de bienes y muebles del patrimonio familiar, para asegurar el patrimonio común.
A su vez, de fijar pensión alimenticia provisional y disponer de su vivienda digna y segura, así como el uso de seguridad social por una duración de seis meses con prórrogas mientras dure el proceso.
Lo anterior se establece en el artículo 49 de la Ley 82 del 2013, que sanciona el quebrantamiento de las medidas de protección.
En este caso, que "quien incumpla las medidas de protección dictadas a favor de la mujer dentro de un proceso penal será sancionado con pena de prisión de seis meses a un año".
Incluso se ha ordenado la aprehensión del presunto agresor por 48 horas, ante circunstancias de violencia o daño.
Expertos señalan las formas de violencia de género, se generalizan en la humillación y desvalorización que puede sufrir una mujer en un momento dado.
