- 2 contrataciones han vinculado al contralor general en conflictos.
Las explicaciones que brindó ayer la Contraloría de la República sobre el contrato directo asignado por el Programa de Ayuda Nacional (PAN) a una empresa vinculada con el contralor Federico Humbert, reflejan varias inconsistencias.
Dos notas que envió el contralor al director del PAN, Rafael Stanziola, negándole el refrendo del contrato por $327,185.25 a la empresa Panama Trucking Corporation, de la cual Humbert fue su presidente y director hasta noviembre del año pasado, presentan inconsistencias.
La primera nota, enviada el 16 de marzo pasado, presenta el recibido oficial del PAN con fecha del 9 de abril, es decir, 25 días después. No obstante, esa misma nota tiene otra fecha de recibo, ocho días antes, el 1 de abril, firmada por una persona de nombre Dalila, quien rubrica también la nota inicial.
Humbert envía una nueva nota, el 27 de abril pasado, reiterando la negativa del refrendo al contrato, la cual al parecer no ha llegado aún al PAN, pues no tiene sello oficial de recibido. Mientras la primera tiene dos fechas, la segunda no presenta ninguna.
Otra irregularidad que presenta la versión oficial de la Contraloría tiene que ver con la fecha en que Humbert se desvinculó de la empresa Panama Trucking Corporation, el 24 de noviembre de 2014.
En un Registro Público que se caracteriza por su lentitud, Humbert logró que se inscribiera en el tiempo récord de una hora con 19 minutos la escritura pública en la cual, mediante una asamblea extraordinaria de accionistas, renuncian a sus cargos como presidente y secretario de la junta directiva, respectivamente.
Llama la atención que esta inscripción se logró sin que en los documentos oficiales del Registro Público aparezca el pago de la “prelación”, que es el derecho que cancelan ($250) los interesados para que sus trámites se hagan de forma expedita, lo que generalmente se hace en no menos de 24 horas y no en 1 hora con 19 minutos.
A pesar de que la empresa está ubicada en el área de Las Cumbres, la renuncia de los Humbert a la directiva se efectuó en la Notaría Sexta de Circuito en La Chorrera.
Los nuevos directivos, Julio Solís (quien fungió como tesorero de Panama Trucking durante años) y Ariadne de Solís decidieron mantener el mismo agente residente que los Humbert.
La Contraloría emitió una nota de prensa ayer en la que asegura que Humbert “no tiene vínculo” con Panama Trucking, pero no aclara si sigue siendo accionista o la relación que mantiene con los Solís.
Movin lo defiende
Otra de las irregularidades que se registraron con la versión oficial que brindó la Contraloría, es que primero salió en su defensa en las redes sociales el Movimiento Independiente (Movin), del cual formó parte Humbert y que apoyó y financió la campaña presidencial de Juan Carlos Varela.
Movin mostró en Twitter documentos oficiales de la Contraloría sobre el contrato con Panama Trucking, cuando esta institución del Estado aún no había emitido ningún tipo de pronunciamiento al respecto.
Pero lo que no explicaron Movin ni la Contraloría es, ¿cómo la empresa empezó a ejecutar el contrato con el PAN, sin haber tenido el refrendo del contralor?, ¿cuándo ocurrió la invitación del PAN antes del 24 de noviembre cuando Humbert todavía era presidente de Panama Trucking Corporation?
Esto se desprende de las notas en las que Humbert afirma que el motivo de haber negado el refrendo fue porque la empresa procedió a dar el servicio sin el aval de la Contraloría.
Jugoso contrato
Con la asunción de Varela, la suerte de Panama Trucking cambió. Antes del 27 de noviembre de 2014 fue invitada por el PAN a participar en un contrato para el transporte de arroz y menestras.
Panama Trucking obtuvo el contrato directo número 114-2014, bajo el mismo mecanismo por el cual se investiga a los exdirectores del PAN, Giacomo Tamburrelli y Rafael Guardia.
En la nota del 16 de marzo, Humbert sostuvo que no refrendaba “documentos contractuales en los que hayan sido recibidos con antelación los bienes, obras o servicios del compromiso”, dando por rechazado el contrato con Panama Trucking Corporation.
El 27 de abril pasado, Panamá América procedió a enviarle un cuestionario al contralor sobre sus vínculos con Panama Trucking.
No fue hasta ayer que un comunicado de la Contraloría reveló que ese mismo día, casualmente, Humbert emitió otra carta reiterando al PAN el no refrendo del contrato.
Entre las interrogantes que se formularon se deseaba conocer ¿cómo hizo la Contraloría para fiscalizar este contrato, siendo Humbert su dueño?; además de, ¿cómo puede fiscalizar el contrato entregado de forma directa a su misma empresa?
Anoche, Panamá América envió un nuevo cuestionario preguntándole a Humbert: ¿Es usted accionista de Panama Trucking Corporation? Si la respuesta anterior es no, ¿ha sido usted en el pasado accionista? Si su respuesta es sí, ¿en qué fecha dejó de ser accionista?
El abogado Ernesto Cedeño señaló que esta fue una salida que buscó Humbert para no exponerse públicamente y enfrentar una investigación en su contra.
Sin embargo, señaló que no es la primera vez que se conoce de un caso en el que se da la orden de proceder sin refrendo, por lo que la empresa puede recurrir a la Corte Suprema y reclamar su pago.
“Se permite el procedimiento. Hay un asunto cuando no han cobrado y pueden detenerse”, refirió el abogado, en relación con que se permita una orden de proceder y compruebe conflicto de intereses entre los dueños de las empresas y algún funcionario.
En este caso se obvió el procedimiento administrativo que selecciona entre varios proponentes y establece los requisitos señalados por ley, los reglamentos y el pliego de cargos.
Repudio de la sociedad
Esta acción fue repudiada por varios sectores de la sociedad civil. Magaly Castillo, de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, pidió que “el contralor aclare esto”.
En este sentido, Juan Araúz, vicepresidente del Colegio de Abogados, explicó que “obviamente el tema de estructurar al Estado en los conflictos de intereses y el incumplimiento de los comportamientos, es una etapa que debe asentarse”.
El abogado sostuvo en KW Continente que “ejercer cargos de importancia debe tener límites. Quien ejerza un cargo no puede beneficiarse y ejercer las mismas actividades comerciales”.
Agregó que “toda persona que tenga contratos con el Estado entrará en una situación que, si el Estado es el que contrata, eso puede tener carácter subjetivo -al tratarse de funcionarios-”.
El abogado plantea que la contratación pública debe ser más sólida e irse estableciendo lo que en otros países se ha hecho, que es que junto a la declaración jurada de bienes patrimoniales, el funcionario haga una declaración de conflicto de intereses.
La declaratoria involucraría definir qué rubros u objetos económicos posee el funcionario, que pudieran entrar en conflicto al ejercer un cargo determinado. “El Estado todavía está muy lejano a garantizar la transparencia y está insipiente de transmitir a la ciudadanía que todos podemos competir por igual, y ser iguales ante la ley”, sentenció.
Por su parte, el decano de la Facultad de Economía de la Universidad de Panamá, Rolando Gordón, dijo que estaría mal que se diera una contratación directa en la que participe un funcionario como el contralor.
“No podemos decir que todas las firmas -realizadas por el Gobierno- son por contratación directa”, dijo el economista.
Por su parte, la abogada y comunicadora, Maribel Cuervo de Paredes, en Twitter, consideró que el debate de fondo en este asunto es que la sociedad civil evita abordar el conflicto de intereses cuando se trata de “poderosos”.
Esto, en referencia a la defensa que hizo el Movin al contralor general.
Datos del contrato con la empresa vinculada a Humbert salieron del PAN
Un informe oficial del Programa de Ayuda Nacional (PAN) fue lo que puso al descubierto que la empresa Panamá Truking Corporation, vinculada a Federico Humbert Arias, fue favorecida con un contrato directo por 327,185.25 dólares, el 27 de noviembre de 2014.
Esto se dio un día después de que Humbert fuera escogido como contralor general de la República por la Asamblea.
El informe del PAN, emitido tras un pedido de acceso de la información, detalla que entre junio y diciembre de 2014, la entidad otorgó más de 1,500 contratos directos, el mismo mecanismo que los realizados en la administración de Giacomo Tamburrelli y Rafael Guardia y que hoy se investigan.
Entre los contratos se encuentra el de la empresa de Humbert, bajo el número 114-2014, proyecto 60148, cuyo monto asciende a 340 mil dólares.
El documento describe que Panamá Trucking fue contratada para el transporte de arroz y menestra del programa de nutrición del Gobierno.
La información también contiene datos de la compra directa en el PAN de juguetes, bonos alimenticios para el programa Barrios Seguros, servicio de basura, compra de automóviles y construcción de sistemas de alcantarillados, entre otros rubros.
Cifras
- 186 mil 963 paquetes de arroz y menestras transportaría la empresa en mención.
- 327 mil dólares sería el monto del contrato que reveló un conflicto de intereses con el contralor.
Las reacciones de rechazo contra la contratación directa que involucra al contralor Federico Humbert no se hicieron esperar en la red social.
- @jtorregroza: Una vez más se comprueba que el grupo Movin, que se maneja con los donantes de campaña de JCV, salieron a defender a Humbert.
- @frenadesopanama: Empresa de Humbert con contrato directo del PAN. ¿Y este como contralor es el que va a investigar corrupción?
- @MarioShaitan: HUMBERT gana contrato con el PAN, esto es ilegal. Cómo puede una transacción así ser transparente?
- @Kafirpa: Humbert es favorecido con contrato directo en el PAN. En país decente ya renunciaría, pero es Panamá. En manos de quién estamos. Vergüenza.
- @KarlSánchez: Me alegra que también analice por qué su querido contralor independiente hace negocios con PAN #MOVIN
