SVI: ¿Libertad de expresión o violación de derechos ciudadanos?
- El Tribunal Electoral le metió un gol a la Asamblea. Esta es la opinión de Pedro Sitton, abogado y miembro del Partido Panameñista. “Es increíble que la Asamblea Nacional se haya dejado meter un ‘gol’ mediante el artículo 82 de la Ley 31 de 2006, que establece que el Tribunal Electoral, a través de la Dirección Nacional del Registro Civil, podrá brindar servicios de verificación y consulta de identificación ciudadana”.
Una sumaria de manera impersonal
- Benito Mojica - Abogado
’Tira la piedra y esconde la mano’
- La denuncia que ha interpuesto el Tribunal Electoral (TE) es una sumaria de manera impersonal. Eso significa que el magistrado Erasmo Pinilla no está propiamente imputándole un delito a una persona.
- Corresponde al órgano jurisdiccional, en este caso el Ministerio Público (MP), ubicar si la denuncia reúne los requisitos para abrir una investigación y en este camino, averiguar quiénes pudieran estar vinculados.
- En este sentido, considero que el magistrado Erasmo Pinilla no hizo algo positivo: es como el que tira la piedra y esconde la mano.
- Debió hacerlo de una manera directa para así darle el alcance necesario al MP para que tuviera de dónde agarrarse.
- Con el mayor respeto a la magistratura del magistrado presidente del Tribunal Electoral, Erasmo Pinilla, lo que ha hecho es igual a decir... 'yo creo que debe haber'... pero si existe el caudal probatorio, lo que procede es señalar a quiénes se debe investigar.
- Por otro lado, si existe un delito electoral, es el fiscal electoral el llamado a hacer las investigaciones para tomar las medidas necesarias, no el MP. Hay que recordar que estamos hablando de la jurisdicción electoral, que es especial, con total independencia, incluso de la Corte Suprema de Justicia.
- Pero, reitero, debe ser una sumaria de manera personal que pudiera acreditar la posible sanción por parte del órgano jurisdiccional, en este caso el TE. Eso no tiene nada que ver con un posible delito que corresponde la investigación al Órgano Judicial, que guarda relación con la procuradora. Son dos figuras diferentes.
- En definitiva, la forma en que se presentó la denuncia debió tener un poco más de didáctica hermenéutica en sus argumentos.
Denuncia hecha por el Tribunal está en estudio
- El Tribunal Electoral no ha recibido comunicación por parte del Ministerio Público, de que haya sido admitida su denuncia. “Solo nos han dicho que está bajo estudio”, confirmó ayer el magistrado Erasmo Pinilla.
- Ante los medios, Pinilla admitió que la denuncia en cuestión no es una sumaria de manera personal: “Nosotros hemos dicho que hay indicios que ameritan una investigación... ya veremos que sale de eso”, reconoció.
- Ante los señalamientos de que el Tribunal Electoral lucra con esta base de datos, Pinilla explicó que no hay tal negociado, y que es un servicio legal con varios años de estar dándose. “No es nada nuevo. Tiene muchas décadas y ha sido a petición de empresas y entidades que necesitan tener acceso de consulta a la base de datos para poder verificar la identidad de la persona que hace trámite con ellos. Son consultas una a una”, dijo.
Si el magistrado presidente del Tribunal Electoral (TE), Erasmo Pinilla, quería ganar protagonismo en la recta final del torneo electoral –debido a la denuncia que presentó el pasado 7 de marzo–, lo ha logrado.
Una serie de reacciones, incluyendo recursos legales, ha desatado la denuncia interpuesta por Pinilla ante el Ministerio Público por el supuesto plagio de información sensitiva del TE, que habría llegado al sitio web del candidato presidencial de Cambio Democrático (CD), José Domingo Arias.
Juristas y analistas políticos coinciden en que fue una jugada apresurada, sin el debido sustento y aporte de pruebas, pero que ya enfrenta reacciones directas.
A inicios de la semana, la gobernadora Mayín Correa dijo en su programa La Palabra que actuará contra Pinilla después de las elecciones, no ahora para que no se malinterprete, pero aseguró que lo demandará por estar vendiendo la identidad de los panameños con el Sistema de Verificación de Identidad (SVI).
Mientras, ayer, el Movimiento Panamá Avanza presentó una querella penal contra los magistrados Pinilla y Eduardo Valdés Escoffery ante el Ministerio Público por el mismo tema.
Servicio polémico
Todo surge luego de que la opinión pública ha conocido más acerca de un polémico negocio que ha estado haciendo el TE desde hace décadas.
Se trata del Servicio de Verificación de Identidad (SVI), que ofrece a través de internet y que permite verificar la identidad de las personas y la autenticidad de la cédula de identidad personal, con la base de datos del Registro Civil y Cedulación.
Pese a los recientes cuestionamientos, lo cierto es que es un servicio legal, reglamentado a través del Decreto N.°10 del 17 de febrero de 1998 y modificado mediante el Decreto N.°10 del 11 de septiembre de 2000.
Mediante un sistema de afiliación, el SVI le ha reportado ingresos al Tribunal Electoral, aunque no hay datos oficiales.
Así lo explica el abogado José Antonio Moncada: “El Tribunal ha inventado algo que llama Gaceta Electoral, que la mayoría de los panameños no consulta –solo en periodo electoral–, lo que le facilitó que, sin conocimiento de los panameños, se vendiera la identidad de todos los que tenemos cédula”.
Inconstitucional
La tarifa vigente para consultar la información de las cédulas llega hasta $40,000 dólares (ver gráfica).
“El Tribunal Electoral ha percibido sumas millonarias con el SIV, ¿y a qué cuenta del erario público van esos fondos?”, se cuestiona el abogado Moncada.
Según el también abogado Ernesto Cedeño, esto viola los derechos humanos, así como la Constitución política en su artículo 42, que indica que nadie puede suministrar la información sin el visto bueno del titular o propietarios.
Esta información debería estar solo al alcance de entidades de seguridad, según el jurista.
“Pero debido a que los diputados le permitieron al TE lucrar con esta base de datos, se ha convertido en algo legal. Lo que aplica es demandar lo inconstitucional de la ley o modificarla”, recomendó Cedeño.
Demanda
La denuncia del TE detalla que el Servicio de Verificación de Identidad (SVI) fue ilegalmente utilizado por la página www.josedomingoarias.org, del candidato oficialista.
El abogado Arturo González respondió que “ni Cambio Democrático, ni Molirena, ni ningún miembro de esta alianza ha intervenido los sistemas de base de datos del Tribunal Electoral, ni utilizado información allí contenida, para beneficio propio o del colectivo”.
Según González, la denuncia interpuesta por el Tribunal Electoral no tiene ni pie ni cabeza.
“Incluso, de ser cierto lo que ellos (los magistrados) alegan, lo único que se dejaría en evidencia es la falencia de la seguridad digital del Tribunal Electoral. ¿Qué clase de protocolo de seguridad manejan?”, cuestionó el abogado.
Líderes de la oposición, como el diputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD) Juan Carlos Arosemena, también coinciden en que esta denuncia, presentada hace 12 días por Pinilla, “quedará en nada”.>
