El escándalo desatado por las declaraciones del exconsejero presidencial Ramón Fonseca Mora, en las que reveló que el presidente Juan Carlos Varela y dos de sus más cercanos colaboradores dictan órdenes al Órgano Judicial, ha dado la estocada final a la credibilidad de las instituciones públicas del país.
Fonseca Mora, quien ayer prosiguió con la indagatoria en el edificio Avesa, manifestó el jueves que Juan Carlos Varela, en presencia de los diputados José Luis "Popi" Varela y Adolfo "Beby" Valderrama, decidió escoger al magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) José Ayú Prado, como presidente de esta institución, alegando que se deja "manejar desde arriba".
Una revelación que, a juicio de representantes de varios sectores, demuestra la falta de separación de poderes, donde el Ejecutivo mantiene el control de todos los órganos del Estado, al punto de ordenar que se armen expedientes en contra de los enemigos políticos del Gobierno.
Y es que esta posición le serviría a Varela para perseguir a figuras del pasado gobierno, como el expresidente de la República Ricardo Martinelli, quien señaló ayer que "la forma de Varela para salir del atolladero es atacar al gobierno anterior, echarle culpa de todo y decir que él es transparente".
Ello, por no ser la primera vez en que se denuncia al jefe del Ejecutivo de intervenir en instituciones como la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público y otras entidades autónomas para ordenar al menos 25 detenciones de altos mandos del gobierno anterior y exponer mediáticamente los casos que se investigan por solicitud del Consejo de Seguridad.
No obstante, la declaración del exministro consejero presidencial ha provocado que incluso los aliados al Gobierno, del Partido Revolucionario Democrático (PRD), pidieran investigar las denuncias contra el presidente.
"Lo que sí es cierto, y es un hecho conocido, es que los magistrados propuestos por el presidente (Juan Carlos Varela) le permitieron al señor (José) Ayú Prado ser presidente del órgano de Justicia", declaró ayer el secretario general del PRD, Pedro Miguel González.
Además de que instó a "la bancada (PRD) a jugar el rol que le corresponde...".
Justicia manipulada
Ante esta situación, juristas y especialistas del derecho coinciden en que no existe credibilidad en ninguno de los órganos del Estado: Ejecutivo, Legislativo, Judicial, ni siquiera en el Ministerio Público (MP), donde ejerce control la procuradora Kenia Isolda Porcell, acusada de recibir órdenes del Ejecutivo en los casos de alto perfil ordenados contra exfuncionarios.
Los críticos explican que esto sería porque la procuradora Porcell procede del Consejo Nacional de Seguridad, adscrito a la Presidencia de la República.
Y también que comprobaría que los expedientes contra los opositores del Gobierno se han manejado de forma irregular, no respetando el debido proceso ni el derecho a la defensa, adujeron exfuncionarios.
Aun los abogados defensores de la firma de abogado Mossack Fonseca plantearon que no se les permitió una legítima defensa y no pudieron ver el expediente y, por ende, "no se puede poner ningún recurso a favor".
Según Elías Solano, abogado del empresario Ramón Fonseca Mora, "este país ha tocado fondo en materia judicial e investigaciones, por lo que cree que no soporta seguir trabajando sin garantías y sin que los abogados podamos seguir haciendo nuestra labor".
"Yo no quiero estar repitiendo lo mismo que dicen mis colegas, pero no me dejaron ver el expediente, conversar con mi defendido, hacer el uso de la defensa; eso está pasando realmente", subrayó.
Y es que la defensa de Fonseca Mora aseguró haber estado "casi cinco horas esperando a ver el expediente y conocer los cargos que se le imputaron" al exasesor presidencial. "Me mostraron una diligencia incoherente, cortada, que no resiste el menor análisis jurídico y así es muy difícil", adujo el jurista.
A su vez, Marlene Guerra, defensa del empresario Jürgen Mossack, socio fundador del bufete de abogados señalado por el escándalo Panamá Papers, explicó que la fiscalía adujo que el retraso de no haber mostrado el expediente sería porque se estaba terminando de foliar el último tomo y agregando pruebas, tras el allanamiento del jueves a las oficinas del bufete Mossack Fonseca.
No obstante, declaró que la investigación a ambos fundadores del bufete no sería sobre el caso Odebrecht, sino por la conformación de sociedades offshore relacionadas al caso Lava Jato.
"Ellos en ningún momento están siendo investigados porque hayan tenido o tomado ningún recurso, sino por sociedades offshore, que no es ningún delito", manifestó.
Por su parte la abogada, Guillermina McDonald dijo que le advirtió a Fonseca Mora que tras sus declaraciones se "habrá pase de factura".
En Panamá, las penas para delitos relacionados con el blanqueo de capitales son entre 5 y 8, y 10 y 12 años de prisión.
Juicio político
Entre tanto, la intervención del Ejecutivo en otros entes produjo reacciones de diferentes políticos, tal es el caso de la diputada Zulay Rodríguez, quien declaró que la Asamblea tendría que enjuiciar al mandatario Juan Carlos Varela o que este renuncie al cargo.
Rodríguez dijo que Fonseca Mora "ya sapeó e involucró, ahora con base en el propio proyecto que empujaban los panameñistas, no se le deben hacer cargos ni imputación porque es el primer gran delator".
