Luego de que el exdirector de Promoción de la Salud del Ministerio de Salud (Minsa) Grimaldo Córdoba reconociera haber mentido sobre su idoneidad como médico, juristas y miembros del sector médico opinaron que la justicia no ha actuado con prontitud.
Incluso, señalan que para este delito existe una sanción tipificada en el Código Penal, que establece penas de prisión que van de dos a cinco años y, por ello, en cualquier caso de este calibre debió aplicarse una medida cautelar.
No obstante, y pese a que el Minsa remitió dicha irregularidad al Ministerio Público (MP) para su investigación, han pasado dos semanas y aún se desconoce algún avance o accionar.
Aunado a esto, en el Tribunal Electoral (TE) tampoco se agiliza el trámite de levantamiento del fuero de Córdoba y, por lo contrario, se ha optado por una desaceleración del caso.
Fuentes informaron que aún se mantiene la resolución del caso Córdoba en el proceso de notificación, que sería necesario para levantar el fuero penal electoral del panameñista.
Grimaldo Córdoba admitió en TVN que no es médico y, por ello, su voluntad de enfrentar la justicia y ha manifestado que su trabajo siempre fue como consejero, lo que vuelve a contradecir su versión planteada meses antes.
En enero pasado, el exdirector del Minsa aseguraba en su hoja de vida haber culminado estudios en la escuela de Ciencias Médicas de Centroamérica en Costa Rica, e insistió en reiteradas veces poseer este título, en entrevistas a los medios de comunicación.
En este sentido, el abogado Ernesto Cedeño señaló que Córdoba ha sido visto en fotografías portando estetoscopios y una biografía diciendo que era médico.
“Ya este señor debía estar en La Gran Joya, porque la sanción por suplantar una profesión es de cinco años de prisión, y amerita medida cautelar”, indicó.
Cedeño planteó que el Ministerio Público debe tener una postura firme, pues si ya declaró que no era médico y existe una biografía en que dice que lo era, existe evidencia de presunta comisión de delito, por ello debe iniciar la indagatoria.
“No entiendo el hecho de pausa, cuando una persona que se hizo llamar médico, pudo afectar a personas que confiaron en él”, destacó el jurista.
El abogado recordó que existen casos latentes de supuestos doctores extranjeros que llegaron por Crisol de Razas y están siendo investigados por ejercer sin idoneidad, aunque este sería el primer caso de alto perfil sobre la materia.
A su vez, el expresidente del Colegio de Abogados Rubén Elías Rodríguez instruyó que recae sobre el MP la responsabilidad de establecer si existe el ejercicio legal de una profesión.
Advierte que el MP debe actuar con prontitud.
“Aquí en Panamá hay muchos extranjeros que ejercen la profesión -de médicos- y otros profesionales que los encubren en sus clínicas; ya el Ministerio Público debe actuar por los graves riesgos a la salud que existen y la confianza de la ciudadanía”, reprochó.
El expresidente del Colegio de Abogados manifestó que Córdoba no tuvo la dignidad de decir a los medios, cuando era entrevistado o se relacionaba con otros políticos, que no era médico. “Responde a una gran farsa que debe ser sancionada, inmediatamente”.
Debido a ello, asegura que “si él ejerció la profesión de médico sin serlo, debe prontamente recibir el llamado para la indagatoria correspondiente y someterlo al proceso penal, por este supuesto delito”, señaló.
“Solamente por la información que ya hay en los medios, lo que ha salido, y sus propias declaraciones, debió llamarlo para que, por lo menos, se le tome una declaración jurada y sea investigado por aquellas personas que recibieron algún tratamiento”, destacó.
En las redes sociales, diferentes conocedores han señalado que en las universidades panameñas los estudiantes egresados de medicina deben hacer un internado de dos años y no pueden ni siquiera escribir recetas o poseer un registro médico. En ocasiones, requieren de especialidades, por lo tanto esta situación ha creado un daño y fraude en la sociedad.
Córdoba, por su parte, declaró en su defensa: “nunca atendí pacientes, nunca expedí una receta. Siempre referí los casos a médicos, nunca quise reemplazar a nadie. Nunca atendí pacientes, nunca entré a un quirófano”.
El Código Penal establece en su artículo 381, que trata sobre los “delitos contra la fe pública”, el ejercicio ilegal de una profesión.
La norma tipifica que “quien ejerza una profesión para la cual se requiere idoneidad o habilitación especial, sin haberla obtenido, será sancionado con prisión de dos a cinco años”.
Perfil político
Córdoba era conocido por su “entrega profesional, convicciones, sensibilidad, y ética en el trabajo”.
En campaña electoral, corrió por el Panameñista para el cargo de representante de San Francisco, en la provincia de Panamá. Ya había sido suplente de Luis Eduardo Quirós y, además, vocero de campaña de Juan Carlos Varela.
Fernando Cebamanos, presidente del extinto partido Frente Amplio por la Democracia (FAD), atribuye esta falla del panameñismo a la campaña mediática utilizada por algunos políticos desde hace tiempo.
“Lo lamentable es que no solo ha vendido su imagen como médico, sino también como político honrado; es como la gente que participa en elecciones y no tienen principios, vendiéndose como los salvadores del país”, apuntó.
Cebamanos coincide en que el Ministerio Público debe empezar una investigación rápida, pues se hizo una confesión pública del delito.
Claves
- 6 de enero, Grimaldo Córdoba fue separado del cargo de director de Promoción de Salud.
- 5 de febrero, el Minsa presenta una investigación sobre el caso Córdoba al Ministerio Público.
Cifras
- 5 años de prisión es la pena máxima por ejercer una profesión sin estar certificado.
- 381 es el artículo del Código Penal que tipifica el delito sobre ejercicio ilegal de una profesión.
