Al concluir el 2016 los casos de presunta corrupción que se investigan en el Ministerio Público por las distintas fiscalías anticorrupción no han logrado comprobar la comisión de delito por parte de funcionarios de la pasada administración.
Incluso, la mala tarea de los fiscales terminaría por confirmar que gran parte de estos casos es producto de una justicia selectiva que ha empañado la esfera judicial del país, afirman juristas.
En estos casos, en los que se cuestiona la intervención de intereses políticos, se ha señalado al presidente de la República, Juan Carlos Varela, de orquestar una persecución política.
En este año, uno de los principales perseguidos políticos fue el expresidente Ricardo Martinelli, a quien la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tramitó una solicitud de extradición, pero sin convocar a una audiencia para imputar los presuntos delitos.
La Corte Suprema de Justicia pidió elevar alerta roja a la Interpol contra el expresidente, sin conocerse el caso investigado, por lo cual no puede hacerse tal diligencia.
Esto hizo que su equipo legal llegara a la conclusión de que existe una violación a los derechos del expresidente, ya que primero se debió realizar un traslado a la defensa y llamar a una audiencia de control para tomar una decisión.
El abogado Carlos Carrillo indicó que el artículo 3 del estatuto de la policía internacional, que trata sobre sus prohibiciones, señala que "está rigurosamente prohibida a la organización (Interpol) toda actividad o intervención en cuestiones o asuntos de carácter político, militar, religioso o racial".
El caso de Martinelli no es el único en el que los organismos de justicia no logran comprobar los supuestos delitos.
Las autoridades de justicia han tenido que ordenar cambios de medidas cautelares a más de 20 exfuncionarios, así como las consignaciones de fianzas de excarcelación.
El monto fijado para estas fianzas, exageradas para algunos, asciende a más de 6 millones de dólares.
Entre estos procesos figuran el del exministro de Economía y Finanzas Frank De Lima, y el del extitular de Seguridad Pública José Raúl Mulino.
En el caso de Mulino, el Segundo Tribunal Superior de Justicia invalidó una decisión tomada por el Juzgado Quinto de declarar nulidad parcial del proceso contra el exministro y Alejandro Garuz, por el caso de los radares.
Por su parte, la madre del exdirector de la Policía Nacional, Gustavo Pérez, Gerta de la Ossa de Pérez, lamentó que su hijo esté privado de libertad desde el 12 de enero de 2015.
La madre de Pérez afirmó que su hijo lleva dos años "detenido injustamente".
En el caso de la presidenta encargada de Cambio Democrático (CD), Alma Cortés, fue detenida tras presentar un fundamento legal contra el contralor Federico Humbert por iniciarle una investigación de oficio por supuesto enriquecimiento injustificado.
El veterano político panameñista Jorge Gamboa Arosemena opinó que esta situación se expresa muy bien por "la naturaleza salvaje del Gobierno; pues en un estado democrático, un sistema justo nivela. ¿Qué vivimos en Panamá?".
Gamboa Arosemena repudió el trato que reciben las clases élites que componen esta administración, quienes auspician las acciones represivas.
"¿Cuál de los funcionarios elegidos está tratando de cambiar el sistema? Ninguno. Luego, ni una reelección más", refirió.
A la par de la persecución política contra quienes estaban en la pasada administración pública, se enarbola una justicia selectiva que deja más lacerado el sistema de justicia.
Medidas cautelares distintas y demora en las sumarias se hacen con un trasfondo, denunciaron opositores del Gobierno.
Esto ha hecho que miembros de la sociedad civil y dirigentes de oposición califiquen la gestión del presidente como una labor marcada por el interés político, que hizo que 2016 fuera uno de los años con mayores perjuicios.
Varela también es acusado de promover una agenda político-judicial.
Ello, utilizando su poder para administrar instituciones del Órgano Judicial y el Legislativo, abriendo expedientes judiciales, generados en el Consejo de Seguridad, a cargo de Rolando López.
Sin embargo, en el caso de funcionarios implicados en casos de corrupción, las diligencias no toman en cuenta instituciones como los ministerios de Vivienda, de Educación, de Seguridad Pública y la Autoridad Marítima, marcadas en este Gobierno por casos de corrupción.
El Ministerio Público se ha visto obligado a abrir expedientes, en algunos de estos casos, debido a la presión pública, sin avanzar en ellos.
Cifras
2 exdirectivos de la Caja de Ahorros concluyen el año privados de libertad.
4 fiscalías anticorrupción acumularon la mayor cantidad de los casos contra exfuncionarios.
