Las afirmaciones que hacen alusión al abuso que aparentemente está cometiendo el Ministerio Público en cuanto a las detenciones preventivas en los casos de alto perfil, se volvió a ratificar en una nueva resolución de los tribunales de justicia.
En esta ocasión fue el Juzgado Decimoquinto de Circuito Ramo Penal, que decretó la libertad inmediata de Poulett Morales, tras aceptar una solicitud de fianza presentada por la defensa de la empresaria.
Ahora Morales tendrá que pagar la suma de 100 mil dólares para recobrar de manera condicional su libertad.
La opinión pública recuerda las imágenes dramáticas sobre la situación de salud de Morales, tras sufrir complicaciones, luego de la operación a la que fue sometida la empresaria por una hernia.
Precedente
Hace dos meses otro tribunal también decretó la libertad de los exdirectores del Consejo de Seguridad Alejandro Garuz y Gustavo Pérez; sin embargo, el Ministerio Público y la parte querellante apelaron y la decisión fue suspendida.
Ambos funcionarios tienen cerca de ocho meses detenidos, pese a que por el tipo de delito no amerita el arresto en un recinto carcelario, como una medida de protección.
Julio Miller, periodista y abogado, quien se ha caracterizado por ser un gran crítico de este Gobierno, también pasó una semana detenido pese a las advertencias que hacían los peritos del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imelcf) sobre su delicada situación de salud y lo comprometida que podría estar si continuaba detenido.
No fue hasta que a Julio Miller lo trasladaran grave al Hospital Santo Tomás, que la Fiscalía Tercera Anticorrupción ordenó el cambio de una medida cautelar distinta a la detención preventiva.
Este hecho prendió las alarmas sobre la importancia que tienen los informes del Imelfc en cuanto a la hora de determinar el reemplazo de una detención preventiva.
En el caso de Poulett Morales también hubo un informe del Imelfc que recomendaba la libertad de la empresaria para que su situación de salud no se viera comprometida.
En ese momento la procuradora Kenia Porcell aseguró que los informes del Imelfc no son determinantes a la hora de decidir una detención preventiva.
Posición que no es compartida por su colega Rigoberto González, procurador de la administración.
Casos débiles
Víctor Almengor es abogado litigante, considera que estos resultados demuestran el futuro que tendrán todos los expedientes cuando se comiencen a ventilar estos casos en los tribunales.
A juicio de Almengor, las medidas de detención preventiva que se han aplicado en estos casos, se han hecho de manera impulsiva y carentes de los sustentos legales para llevar a cabo la teoría de un caso.
Esta situación, según el abogado, la están notando los juzgados que reciben estas investigaciones en la fase del juicio.
Comenta Almengor que históricamente en todo inicio de Gobierno se hace cacerías, para perseguir a los funcionarios del Gobierno anterior y utilizan al Ministerio Público para ejecutar estas persecuciones.
Sin embargo, en este Gobierno se han obtenido cifras récords al conocer la cantidad de casos de corrupción que se han instruido en la administración de Kenia Porcell.
A menos de un año ya van arriba de 200 expedientes y unas 30 personas están detenidas de manera preventiva.
Para ello se han creado tres nuevas fiscalías anticorrupción, y ahora son siete los despachos que están atendiendo una serie de casos de lesiones contra la administración pública.
A esta situación se suma la selectividad en la aplicación de estas medidas cautelares, al analizar casos de personas que están vinculadas en los mismos hechos, pero han recibido mejores beneficios porque declararon en contra de alguien o devolvieron dinero.
Un ejemplo es el caso de Cristóbal Salerno, por la investigación de Cobranzas del Istmo, quien declaró en contra del expresidente Ricardo Martinelli y le reemplazaron la detención preventiva. Mientras que Luis Cucalón, exdirector de Ingresos, tiene detención preventiva pese a su situación de salud .
Datos
200 investigaciones admitidas este año en contra de exfuncionarios y proveedores del Gobierno.
7 es la cifra por la cual se ha incrementado el número de fiscalías anticorrupción.
Suntracs protesta en contra de justicia selectiva y de los medios de comunicación afines al Gobierno
Una protesta inusual realizaron obreros del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs) para quejarse de la forma como se está administrando la justicia en el país.
Se trató de una serie de piquetes en medios de comunicación a los que consideran se aplican censuras por estar afines al gobierno de turno.
Los piquetes se dieron desde temprano frente a las instalaciones de Medcom y el diario La Prensa en la 12 de Octubre, para luego dirigirse hacia TVN canal 2, ubicado en la avenida Ricardo J Alfaro.
En este último piquete, los trabajadores fueron atendidos por representantes del Departamento de Noticias, a quienes expresaron su preocupación por lo que ellos consideran una censura para que la población conozca sus quejas por lo que consideran “la podredumbre como se administra la justicia”.
En el portal de internet de TVN Noticias se dijo que la conversación fue fructífera y se limaron asperezas.
La principal queja de Suntracs surge, tras la decisión de un tribunal de decretar la inocencia del principal sospechoso de la muerte del dirigente obrero Al Iromi Smith.
Por lo que se mostraron descontentos por la poca cobertura que se le dio a este hecho; dijeron que la lucha sigue por lograr que se le haga justicia a su compañero obrero.
