La llegada de Zuleyka Johana Moore a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) representaría un atraso a la administración de justicia panameña por múltiples factores.
Este retroceso no solo se daría por el hecho de que como magistrada tendría que declararse impedida para fallar o abordar diversos procesos, sino que además dejaría la fiscalía que ocupa y que aborda una serie de casos de alto perfil, entre ellos el de la constructora brasileña Odebrecht, en acefalía. Caso que se detendría hasta que el reemplazo que se le nombre se empape en este complejo tema.
Sumado a ello, Moore como fiscal no ha tenido el mejor manejo ni los resultados esperados en expedientes que ha manejado, práctica nociva que llevaría hasta la CSJ.
Aparte de las investigaciones de Odebrecht, la fiscal Moore ha manejado otros casos de alto perfil como lo son el del asesinato de cinco jóvenes de ascendencia china en La Chorrera, así como el incendio del bus 8B-06, ocurrido el 23 de octubre de 2006. En este caso, la fiscal Moore llevó las sumarias y les negó a familiares y sobrevivientes la reconstrucción de lo ocurrido hace 12 años.
El abogado Víctor Martínez indicó que con la designación que ha hecho el Ejecutivo de la fiscal Zuleyka Moore, propuesta para magistrada de la sala penal, a ellos les tocó vivir una experiencia muy desagradable con uno de los casos más delicados que ha tenido Panamá en los últimos 20 años, como lo fue el incendio del bus 8B-06, donde murieron 18 personas.
Martínez indicó que en este caso se dieron una serie de actuaciones por parte de la fiscal Moore, como lo fue no tomar en cuenta los dos componentes químicos que los peritos encontraron en el bus incendiado y que eran prohibidos en los Estados Unidos (EE.UU.).
Martínez también indicó que en la vista fiscal, Moore señaló que como funcionarios a cargo de la investigación, no dejaban de reconocer que el vehículo registraba una serie de defectos, lo cual era de conocimiento de su propietario, sin embargo, persistió en su posición, por lo que es obvio que la inversión le era rentable.
Por estas razones rechazan la designación de Moore para que ocupe un puesto como magistrada.
En los últimos días, la fiscal especializada anticorrupción también ha sido cuestionada por una serie de actuaciones que supuestamente, son violatorias de los derechos humanos.
Entre ellas, la violación a los derechos humanos del piloto Jorge Alberto Verdera, el cual fue privado de su libertad cuando pretendía viajar con su familia a Medellín, Colombia, y obligado a dar una declaración sin la presencia de su abogado, todo con el consentimiento de la fiscal Moore.
Uno de los que explicó los abusos de Moore como fiscal fue el abogado indígena Flaviano Martínez, quien denunció que en 2008, durante una audiencia, la hoy fiscal anticorrupción no le permitió hablar en su dialecto, restricción que fue denunciada ante la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Peligrosa designación
Para Juan Diego Vásquez, representante de los estudiantes de derecho de las universidades de Panamá, la designación de Moore como magistrada de la Corte resulta peligrosa, ya que a pesar de ser una mujer preparada, ha cometido muchos errores en su carrera como fiscal del MP.
"Yo creo que por ser Moore la fiscal en la causa más importante que se ha seguido en Panamá, como lo es el caso de la constructora Odebrecht, no debe ser ella pasada a la magistratura, toda vez que pone en riesgo procesal esta investigación", manifestó Vásquez.
Otro de los puntos para oponerse es que ha existido un irrespeto claro por parte de la fiscal anticorrupción a la norma de los derechos humanos en cuanto a la libertad individual de algunas personas procesadas.
"La fiscal Moore en algunas actuaciones, tal vez de manera culposa y no dolosa sí ha cometido algunos actos violatorios de los derechos humanos desde mi óptica como estudiante de derecho", agregó.
Sumado a esto, Vásquez cree que la misma figura de la fiscal Zuleyka Moore es poco confiable para ocupar un puesto en la más alta magistratura panameña.
Ante esto, el representante de los estudiantes de derecho de las universidades de Panamá indicó que el presidente Juan Carlos Varela debería proponer una nueva persona para la sala penal de la Corte.
Cifras
10 de enero es la fecha cuando se inician las consultas ciudadanas para analizar el tema de las magistradas.
2027 año hasta el que estarían quienes resulten electos como nuevos magistrados de la Corte.
