Cifras
- $269 millones es el costo del contrato 21-10 firmado en agosto de 2010 entre la ATTT y la empresa a 15 años. El contrato contempla 1,200 buses en más de 80 rutas entre Panamá y San Miguelito.
- 22 recomendaciones hizo el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral a la empresa por supuestas irregularidades relacionadas a salud, seguridad y violación al Código de Trabajo. Están pendientes las correcciones.
Datos
- Legal
- El contrato 21-10 de agosto de 2010, en su trigésima novena cláusula, le dejó la puerta abierta a la empresa para resolver temas en los que las partes no lograran acuerdos.
- Advertencia
- El expresidente Ricardo Martinelli advirtió en reiteradas ocasiones a la empresa de que rescindiría el contrato por las inconformidades de los usuarios, pero no hubo mejoría.
- Sanciones
- Desde el 15 de marzo de 2013, cuando Mi Bus completó la cobertura en las 21 rutas, la ATTT impuso tres sanciones.
- Subsidio
- El Estado desembolsa más de 100 millones de dólares anuales a Mi Bus por subsidio del pasaje.
Era lunes 16 de abril de 2012, cuando el recién estrenado sistema metrobús luchaba por ganarse la confianza de los usuarios.
Ese día, una de las unidades quedó involucrada en un accidente vehicular en el cruce de la 5 de Mayo. Dos años después, el incidente todavía produce dolor en Albertina Poveda.
Lo que prometía ser un día de compras, se convirtió en una tragedia con secuelas en su rutina diaria. Intempestivamente, mientras cruzaba el semáforo de la concurrida vía, fue embestida por el metrobús.
Los neumáticos delanteros le pisaron el brazo izquierdo. Poveda solo recuerda el golpe y cuando recobró el conocimiento estaba en la Caja de Seguro Social (CSS).
“Yo iba a comprarle un regalo a mi hija, quien estaba de cumpleaños, cuando ocurrió el hecho”, relata la mujer, ahora con un brazo atrofiado producto de la pérdida de tejidos.
Fueron tres meses de hospitalización y tres más de terapia, con la esperanza de poder volver a hacer sus quehaceres diarios.
“Me ganaba la vida haciendo trabajos domésticos, pero ahora es imposible porque el brazo me quedó prácticamente lisiado”, contó Poveda.
“Ahora vivo de la venta de pastillas y a expensa de mi esposo e hija, porque no puedo ganarme la vida por mí misma”, agregó la víctima del metrobús.
Cuando estuvo en mejores condiciones, se acercó a las oficinas de Mi Bus, en Los Pueblos, donde están las oficinas de la transnacional. La empresa, alejándose de su responsabilidad, le notificó a Poveda que ellos solo disponen de seguro para los usuarios a bordo.
La respuesta la dejó sin armas, pero con la esperanza, a través de la Defensoría del Pueblo y de las organizaciones de usuarios, de que la empresa reconozca su grado de responsabilidad en el incidente de aquel 16 de abril.
Víctor Martínez, abogado Ad Honoren de los usuarios, es contundente al señalar que “si la empresa decide retirarse del negocio, son los usuarios y accidentados quienes merecen una indemnización, y no esta”.
