Opinión
- Esteban Rodríguez
- Transportista
Propuesta
- Cuando algo comienza mal, termina mal. Desde el principio se dijo que deberían existir dos empresas que deberían participar de la licitación, una en el Norte y otra en el Este para que se diera la respectiva competencia. De no ser así, habíamos anticipado los problemas que ahora tenemos. Pero además, por la experiencia de 40 años en el transporte, lo que había que hacer era tener frecuencias. Lo más importante a nivel mundial es ese tema que ahora provoca incomodidad.
- En otros países, es lo más importante en una licitación porque en la ciudad se necesita manejar los tiempos para que el usuario llegue temprano a sus trabajos, y en eso la empresa fracasó.
- Dicho por el presidente Ricardo Martinelli, esto es un monopolio, y ahora hay que abrir el compás a través de la Ley 34, Ley 14 y Ley 42, las concesiones de rutas que se deben otorgar a las prestatarias que estuvieron por años brindando el servicio. Por eso pienso que debe darse las concesiones de ruta a las empresas transportistas que hoy día están haciendo el papel de alimentadoras.
- Por ejemplo, La Cooperativa de Chilibre y la de San Cristóbal de Chepo, para que haya una verdadera competencia y que el usuario tenga dos opciones como se ha hecho en otros países.
- Las leyes mencionadas le permiten al Ejecutivo resolver el problema. Todo depende de la voluntad que tenga el Gobierno. Ayer, la Comisión de Transporte, presidida por Marcos González, dio en el clavo y el usuario pudo manifestar su preocupación, y que la Cámara Nacional de Transporte por su experiencia ha dado la solución para que el usuario merezca un mejor servicio, distinto al que actualmente está ofreciendo la empresa que se adjudicó el contrato.
Los usuarios del metrobús tuvieron ayer una oportunidad para desahogar todas las penurias que han pasado en el último mes, cuando la comisión de transporte de la Asamblea abrió el compás para conocer los sinsabores diarios por la falta de transporte que están padeciendo y tratar de buscar una respuesta de la empresa que controla el transporte colectivo de la capital.
En la reunión, que se convirtió en una tribuna pública, surgieron posiciones sobre la responsabilidad de la empresa ante la situación que se vive.
En este sentido, el abogado Víctor Martínez está convencido de que es Mi Bus la que debe asumir el costo de inversión -250 mil dólares- que hará la Alcaldía de Panamá por el alquiler de 50 buses durante 10 días. La iniciativa surgió como “un plan temporal de urgencia para la situación que viven los panameños”, informó la alcaldesa Roxana Méndez.
En el pliego de cargos, agregó Martínez, la empresa concesionaria del sistema de transporte público tiene la responsabilidad de hacerle frente a la demanda de pasajeros a través de un aumento de la flota o alquiler de buses que garanticen el servicio las 24 horas.
La foja 22 del documento de 164 hojas exige que la empresa ganadora asuma la responsabilidad total, así como los riesgos por cualquier variación en las demandas estimadas a través de sus propios estudios.
A pesar de los reiterados llamados de atención de las autoridades, las paradas en los diferentes puntos de la capital se mantienen con largas filas.
Los usuarios siguen denunciando la poca cantidad de buses que se ponen en circulación y la demora de los mismos, lo que obliga a muchos a salir más temprano de sus casas, sin que les garantice que llegarán a tiempo a sus trabajos.
Martínez trajo a escena el mensaje presidencial que posteó en su cuenta de Twitter el mandatario Ricardo Martinelli, el pasado 19 de marzo.
"Metrobús sigue causando problemas al usuario. Favor pónganse las pilas, que este es un monopolio muy caro para brindar un mal servicio", advirtió el presidente.
A juicio del abogado, por tratarse de un "monopolio" es responsabilidad de la empresa hacerle frente cuanto antes al problema de frecuencia, sin que esto represente un gasto adicional que se transfiera a los usuarios.
En representación de los usuarios, Martínez adelantó que presentará dos recursos ante la Corte Suprema de Justicia: el primero será una demanda civil para que se rescinda del contrato por incumplimiento y el segundo una querella criminal contra los directores de Mi Bus por el mal uso del subsidio del pasaje que recibe del Estado. También pedirá a la Autoridad de Libre Competencia y Asuntos del Consumidor (Acodeco) que se investigue el “monopolio caro” y que se abra la competencia en la oferta del servicio de transporte.
De inmediato, Miguel Cardona, gerente de Mi Bus, descartó la posibilidad de cargar con esta responsabilidad, al señalar que la empresa no está obligada a asumir costo por un servicio que no contrató. Cardona solo se refirió al cumplimiento del compromiso pendiente de importar 36 buses para cumplir con el punto en el que "se obliga a mantener una flota de reserva mínima equivalente al 5% del total de unidades de la flota ofrecida necesaria para atender la demanda durante las horas pico".
Aida Michel de Maduro, representante del Sindicato de Industriales de Panamá, consideró como injustificable que luego de dos años de entrada en vigencia, la empresa se excuse en los tranques e infraestructuras.
“Parece que el sistema simplemente cambió de cascarón. Los tranques son comprensibles, lo que no es aceptable es que aún estén en el proceso de adecuación y planificación. La ATTT no debe estar como una niñera encima de Mi Bus porque debieron tomarse las previsiones hace mucho tiempo”, dijo.
Por su parte, Lucía Perea, representante de los usuarios ante la ATTT, cuestionó a la empresa sobre la gran cantidad de buses que circulan “en tránsito”, que según dice es la única barriada que no tiene problema de transporte porque es la ruta que siempre circula.
Acusó directamente a Mi Bus de no saber administrar, “porque tienen el mismo problema en Bogotá. En cualquier momento harán que los estudiantes salgan a las calles, porque están llegando tarde”.
En medio de los cuestionamientos, el presidente de la Comisión de Transporte de la Asamblea Nacional, Marcos González, pidió a los representantes de la empresa que resolvieran un cuestionario de 10 preguntas, pero Cardona explicó que se trata de respuestas “muy técnicas” que merecen tiempo para formularlas. Finalmente, dieron 72 horas para que la empresa responda a los preguntas relacionados a la frecuencia y mejoras en el sistema.
En el Salón Azul, los usuarios acusaron a los directivos de la empresa responsable del sistema y se dieron peticiones a las autoridades de la ATTT para que se “pongan los pantalones en fiscalización para el cumplimiento del contrato”. Frente a los comisionados y un grupo de los invitados a la reunión, Javier Mitil, de la Defensoría del Pueblo, insistió en que las quejas que se presentan en la institución son innumerables. “El sistema debe mejorar por cuestión de salud. Pareciera que es endémico”, sustentó Mitil durante la cortesía que le brindó la Comisión de Transporte.
ATTT se excusa
El secretario general de la ATTT, Nicolás Brea, dice que la entidad “camina de la mano con la empresa” para sancionar y exigir correcciones en el sistema; sin embargo, no cree que corresponda a Mi Bus asumir un costo adicional, porque todavía se está en la adecuación del sistema.
En tanto, la alcaldesa defendió la inversión en que “la Alcaldía como primera autoridad del distrito debe velar por el bienestar de sus ciudadanos. La transición del sistema está causando muchas penurias, mientras se logran los ajustes por parte de la empresa Mi Bus”.
Sobre el inicio de este servicio, avalado por la ATTT, no se ha dado fecha.
